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POLO SÁNCHEZ J.

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Richard Espinosa anunció que ha presentado al presidente de la República la renuncia a su cargo como presidente del directorio del IESS.

Durante la inauguración de un hospital al sur de Quito, Espinosa hizo conocer su decisión. En el acto, junto al presidente de la República, Lenín Moreno, este indicó que la renuncia de Richard Espinosa la va a considerar en un diálogo con el mismo funcionario. Moreno no le dio una respuesta definitiva.

El pasado 21 de noviembre, el contralor general del Estado subrogante, Pablo Celi, remitió al presidente de la República, Lenín Moreno, la disposición de la Contraloría para que destituya al presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Richard Espinosa.

Con miras al proceso de Consulta Popular, el Pleno del Consejo Nacional Electoral designó a los vocales principales de la Junta Provincial Electoral de Santo Domingo de los Tsáchilas.

En la resolución de la sesión del 4 de diciembre, se designó a:

– Malin Charcopa Pereira

– Iván Cordero Sanmartín

– Jaime Coello Salazar

– Cristian Cevallos López

– Eugenia Merino Jaramillo.

Al momento corre el plazo de tres días para la impugnación. (I)

Una de las principales propuestas de campaña del entonces candidato y ahora presidente de la República, Lenín Moreno, fue subir el monto del Bono de Desarrollo Humano (BDH). La oferta de campaña fue un incremento de hasta $ 150 al mes. La cantidad que se establezca para cada persona será en función de sus condiciones sociales. Por ejemplo, el número de integrantes de la familia, si hay personas con alguna condición de discapacidad.

El monto destinado al Bono de Desarrollo Humano en 2018 crecerá 30 %. Se invertirá $ 1.000 millones en planes sociales.

Según autoridades de Gobierno, el incremento en el BDH iniciará desde diciembre, en algunos casos, y en el próximo año en su totalidad.

En la proforma 2018, que la semana pasada se presentó en la Asamblea Nacional, ya consta cuánto le costará al fisco cumplir con esta promesa de campaña en 2018.

El Gobierno destinará $ 383,03 millones en 2018 para el BDH, que significa un incremento del 30 % comparado con lo destinado en 2017. Es decir, cerca de $ 89 millones. Así lo aseguró ayer Carlos de la Torre, ministro de Finanzas, en rueda de prensa sobre la proforma y el proyecto de ley para impulsar la economía, que ya está en manos del Legislativo.

En total, en el plan ‘Toda una vida’, el Gobierno destinará cerca de $ 1.000 millones en 2018.

Mientras que para el plan ‘Casa para Todos’ se destinará $ 3.200 millones. Esta cantidad no consta en la proforma 2018, aclaró De la Torre, y se canalizará a través de crédito de la banca pública.

El titular de la cartera de Estado defendió el incremento del gasto en sueldos para el próximo año. De la Torre sostuvo que el grueso de esta cantidad corresponde a profesores, médicos, militares, etc., que brindan servicios gratuitos para la mayoría de la población.

Para el analista económico Walter Spurrier, el BDH es importante para asistir a personas que viven en la extrema pobreza. No obstante, sostiene que se debe realizar una depuración y análisis de la base de datos para que se entregue este beneficio a personas que realmente lo necesitan.

Además, dice Spurrier, también se debe tener más cuidado para que no ocurran casos de estafas como los que se identificó la semana pasada.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) ha informado que 125.000 hogares en extrema pobreza reciben actualmente el bono. De esta cantidad, se ha realizado una clasificación por nivel de vulnerabilidad. Por ejemplo, en este grupo se encuentran 5.317 madres solteras con hijos menores de 5 años, quienes serán las primeras beneficiarias de recibir el incremento.

El siguiente grupo que se beneficiará, según el MIES, son los jefes de hogar con hijos mayores de 5 años.

En estos días, el Consejo de Administración Legislativa deberá calificar la proforma 2018 para remitirla a la Comisión respectiva para su tratamiento.

Fuente: Diario Expreso.

Por unanimidad, la comisión especializada aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. El cuerpo legal crea un Sistema Nacional que armonizará, entre diferentes instituciones, normas, protocolos, procedimientos y mecanismos que permitirán planificar, ejecutar y evaluar acciones integrales para la respuesta efectiva del Estado.

 

El Sistema lo integran catorce instituciones que tendrán la obligación de articular acciones para cuatro ejes: prevención, atención, protección y reparación integral. En toda actividad observarán el principio de descentralización y desconcentración en la provisión de servicios y en la ejecución de medidas.

Estas facultades las tendrán los ministerios de Justicia, Educación, Salud, Seguridad, Trabajo, Inclusión Económica y Social; Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información, gobiernos autónomos descentralizados, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. y Consejo Nacional para la Igualdad de Género.

En la Ley se plantean mecanismos de sensibilización y concienciación para la prevención de esta problemática. El fin es eliminar progresivamente los patrones socioculturales y estereotipos que se justifican o naturalizan la violencia.

Aquí se establecen obligaciones generales para los medios de comunicación. Se busca que velen porque la difusión de la información, relacionada con la violencia hacia las mujeres, sea tratada con la correspondiente objetividad informativa en pro de la defensa de los derechos humanos.

 

Sobre la atención, las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán prestar atención médica, psicológica, socioeconómica y asesoría jurídica a las víctimas. Esto lo harán de manera especializada, interseccional, interdisciplinaria, integral, inmediata y gratuita.

Garantizar la integridad y seguridad de las mujeres víctimas de violencia será parte del eje de protección. Estas serán impuestas por la autoridad competente de manera inmediata. A través de las medidas administrativas, las víctimas tienen derecho a protección especializada por el tiempo que sea necesario para el restablecimiento de su situación anterior a la violación de los derechos de la que fue víctima.

Entre esas medidas se dispondrá la instalación de dispositivos de alerta o riesgo, patrullaje y vigilancia policial, casas de acogida y centros de atención especializados, programas de inclusión social y económica, salud, educación, laboral, entre otras.

Los tenientes políticos, jefes o jefas políticos y las juntas cantonales de protección de derechos serán los órganos competentes para otorgar las medidas administrativas de protección. En tanto, el procedimiento para otorgarlas será ágil e informal en todas sus fases y no requerirá patrocinio profesional.

El proyecto establece, además, que cualquier persona que tenga conocimiento del cometimiento de hechos o actos de violencia podrá solicitar el otorgamiento de estas medidas a favor de la víctima. La autoridad, una vez que conozca sobre la solicitud, verificará, por la sola descripción de los hechos, que se ha producido un acto de violencia contra alguna fémina y otorgará inmediatamente las medidas correspondientes.

Según la propuesta, el sistema contará con un Registro Único de Violencia contra las Mujeres y con un Observatorio, que tendrá por objeto la elaboración de informes, estudios y propuestas para la efectiva implementación de este cuerpo legal.

Fuente: Asamblea Nacional.

La tarde de hoy, lunes 6 de noviembre, en el hotel Zaracay se realizó la Sesión Solemne por el X aniversario de provincialización de Santo Domingo de los Tsáchilas.

 

Como invitados especiales estuvieron María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de la República (e),  como delegada del Presidente de la República Lenín Moreno; y el gerente general del  Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), Wilson Mayorga.

En su discurso, la viceprefecta Andrea Maldonado dijo que “durante esta década nuevas generaciones nos hemos unido para trabajar y hacer grande a nuestra provincia”.

Invitó a los jóvenes a sentirse orgullosos de ser santodomingueños para trabajar juntos no solo por la provincia que queremos sino “por la provincia que merecemos”.

El prefecto Geovanny Benítez informó que el trabajo de la Prefectura ha estado enfocado en 4 ejes: grupos de atención prioritaria, capital social, desarrollo productivo y conectividad.

Destacó la inversión en la capacitación e impulso a actividades productivas relacionadas con el cacao y la caña guadúa. La inversión de USD 3.5 millones en educación superior para la Universidad de las Fuerzas Armadas y Luis Vargas Torres.

En vialidad, Benítez recordó que de Pichincha no se recibió ni un solo kilómetro de vía en asfalto, por lo que es “fuerte la deuda pendiente”. En estos 10 años se asfaltaron 200 kilómetros con recursos propios de la Prefectura y 150 kilómetros con el apoyo del Gobierno Nacional. Además se construyeron 200 puentes (colgantes, metálicos, tipo badén y de hormigón) y 1000 alcantarillas.

En total, se han recibido USD 166 millones del Gobierno Nacional y USD 60 millones en créditos del Banco de Desarrollo. Sin embargo, dijo que se necesita el respaldo de la empresa privada para fortalecer la construcción de la Zona de Infraestructura Logística y del Gobierno para la aprobación de los estudios para la ampliación de la vía Alóag – Santo Domingo desde la Unión del Toachi hasta Santo Domingo.

 

Benítez resaltó que sigue motivado como el primer día pero reconoció que “los problemas de la provincia no se solucionan solo con buenas intenciones, sino con recursos”.

De su parte, la vicepresidenta Vicuña destacó las bondades de Santo Domingo y el trabajo realizado en la última década por la Revolución Ciudadana que ahora “vive una nueva etapa”.

Habló de la Consulta Popular y enfatizó que esta provincia “tiene mucha experiencia en decidir su futuro en las urnas”, pues sus ciudadanos fueron a las urnas el 26 de noviembre de 2006 para decidir sobre su jerarquización y en el 2012 los habitantes de La Concordia votaron a favor de pertenecer a la provincia Tsáchila tras décadas de disputas territoriales con otras provincias.

Por eso, “habrán tantas consultas como sean necesarias”. Las 7 preguntas de la Consulta dan respuesta a las necesidades planteadas por unas 700 organizaciones.

 Respecto al proyecto Misión “Casa para todos”, Vicuña informó que tienen “identificados 4 terrenos que aglutinan 23 hectáreas con un potencial de construcción de 2500 viviendas” en esta provincia.

Firma de carta compromiso

En el acto se firmó una Carta de Compromiso entre el Gobierno Provincial y el Banco de Desarrollo del Ecuador para el financiamiento del proyecto “Rehabilitación y mejoramiento de la vía La Villegas-Plan Piloto-Km 32 vía Santo Domingo –Quinindé, a nivel de carpeta asfáltica de 2 pulgadas”.

El valor total de esta obra es de poco más de USD 5 millones, de los cuales el Banco de Desarrollo entregará 1.040.026,14. El Gobierno Provincial tiene presupuestado USD 594.349,00 para este año, y el monto restante será incluido en el presupuesto 2018.

Ricardo Hasegawa, presidente de Plan Piloto, se mostró contento porque éste “ha sido el clamor de la ciudadanía desde hace muchos años”. Es una vía de 15.4 kilómetros que pasará de 5 a 7.20 metros de ancho. En la zona de Plan Piloto existen pequeñas y grandes empresas dedicadas principalmente a la producción de banano, palma africana y abacá.

Hasegawa resaltó que será la primera vía en asfalto que la Prefectura, con recursos propios y del BdD, construya en parroquias de La Concordia.

En el acto se entregaron 15 reconocimientos a personas e instituciones destacadas de la Provincia. Además, representates de la Asamblea Nacional, Gobierno Municipal de Santo Domingo y el Consorcio de Gobiernos Provinciales entregarons acuerdos de felicitaciones al Gobierno Provincial.

Tras una búsqueda exhaustiva, esta mañana, antes de amanecer, fueron encontrados dos de los tres cuerpos de los policías que cayeron la tarde del viernes en el río Esmeraldas. El tercero fue hallado pasadas las 10:00. El incidente sucedió cuando la embarcación se viró y los ocupantes cayeron al río.

“La lancha se llenó de agua por la parte de atrás y entraron a un remolino, algunos lograron salir y otros fueron arrastrados hasta un árbol, donde rescataron a un niño. Luego el otro grupo fue arrastrado por la corriente”, expresó el coronel Ronmel Tapia, Jefe de la Policía, para el medio local Esmeraldas News.

Seis policías lograron llegar a la orilla y salvarles la vida a dos mujeres y a un niño de 8 años. Sin embargo, otros tres agentes no salieron. Las víctimas son el subteniente Guido Daniel Ramírez Lara, de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida (Dinased); y dos miembros de la Policía Judicial: Winston Misael Reyes Valencia y Miguel Germán Obregón Paladines. Ivett Bone, familiar del fallecido Winston Reyes, detalló que el sector es conocido como “la corriente de la muerte”.

Comenta que el cadáver de su allegado se encontraba en una orilla del río y el de Daniel Ramírez, flotando con los pies hacía arriba. Michael Reyes, padre de Winston, anunció que presentará a la Fiscalía una acción legal porque los policías no tenían puestos los chalecos salvavidas.

El viceministro del Interior, Andrés de la Vega y el Comandante General de la Policía Nacional, Ramiro Mantilla, arribaron a Esmeraldas para verificar detalles del incidente ocurrido. Además, solidarizarse con los familiares de las víctimas.

De acuerdo con un reporte policial, los gendarmes se reunieron el 3 de noviembre para ir a la parroquia Viche (en Quinindé), al recinto Sazara. Ahí investigarían un caso de ataque y resistencia en contra de miembros de la institución y harían efectiva una boleta de apremio emitida a un ciudadano de 36 años, que también estaría implicado en actos violentos.

Las mujeres y el niño que viajaban en la embarcación conocían el sitio donde vivía el individuo y por eso acompañaban a los agentes. El ciudadano que manejaba la embarcación, conocido como el ‘Mico’ Rojas, escapó del sitio. (I)

Fuente: El Telégrafo.

La Dirección de Control Territorial del GAD Municipal de Santo Domingo tiene lista toda su planificación para el ordenamiento y control del comercio de productos de temporada, para el feriado de difuntos, a realizarse los días 1, 2 y 3 de noviembre.

Es así que desde el martes 31 de octubre, la Av. Tsáchila desde la Av. Río Zamora hasta el redondel del monumento al Monseñor Emilio Lorenzo Sthele, será cerrada al tránsito vehicular con el objetivo de dar paso a la instalación de los comerciantes que participarán del feriado de Difuntos.

Son 90 espacios planificados y señalizados que serán ocupados por 50 puestos para flores y otros artículos relacionados. Mientras que 20 locales de comedores y 20 puestos de comidas rápidas se ubicarán desde la calle Yuturí hasta la calle río Yasuní, diagonal al Cementerio Central. Ahí contarán con baterías sanitarias, agua y recolección de basura permanente.

Para resguardar la seguridad de quienes se movilicen por este sector, la Dirección de Control Territorial tiene listo el plan de contingencia que incluye la activación de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Policía Municipal, Cruz Roja y otros organismos.

Con esta organización, se busca que los comerciantes trabajen ordenadamente y que la ciudadanía cuente con los espacios suficientes para transitar libremente.

Ecuador, con un 51,90 %, se encuentra en el primer puesto de América del Sur en cuanto a índices de confianza en la justicia, así lo establece el informe “La cultura política de la democracia en las Américas 2016-2017”, del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), presentado hoy por el Consejo de la Judicatura ecuatoriano.

El estudio fue elaborado por la Universidad de Vanderbilt de Estados Unidos, que evaluó en este tema a 10 países de Suramérica como: Uruguay (35 %), Bolivia (31,90 %), Colombia (31 %), Perú (29,80 %), Argentina (27,60 %), Paraguay (25 %), Venezuela (23 %), Chile (20,70 %) y Brasil (10,10 %).

La encuesta fue realizada a una población urbana y rural mayor de 18 años en 28 países, incluidos Canadá y Estados Unidos. Se entrevistaron a 49.000 personas  y en el caso ecuatoriano  a 1.512.

Este fue uno de los temas que analizó la Mesa de Justicia que se reunió, hoy, en Guayaquil, con el objetivo de tratar aspectos relacionados con la gestión judicial y la seguridad.

El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, se refirió al informe de LAPOP y explicó que a las personas encuestadas en Ecuador se les preguntó: ¿Si usted fuera víctima de un delito confía que el sistema judicial va a condenar al culpable? Ecuador obtuvo 51.9 puntos, ubicándose en primer lugar y es el único país de América Latina que aumentó su calificación ya que en 2014 obtuvo 45,13 %.

De acuerdo con el funcionario de Estado, este informe es compatible con la encuesta realizada por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos en el 2016, sobre confianza en la justicia, donde obtuvo 51.6 %. En esta misma línea, indicó que los estudios realizados por el CJ en el tema de satisfacción del usuario alcanzaron una puntuación de 70.8.

Al referirse al informe del Foro Económico Mundial sobre la independencia judicial que sitúa al Ecuador en el puesto 135 de 137 naciones, Jalkh dijo que ahí apenas se entrevistó a 92 líderes empresariales.

Fuente: Agencia de Noticias Andes.

José Luis Zavala, directivo de Cofiza, recordó que en un principio propuso construir un monumento de 20 metros de altura en el sector del Terminal Terrestre, pero Monseñor Julio Terán le animó a construirlo en el Bombolí. Pidió apoyo a Wilson Erazo y Francisco Suárez, quienes ‘dieron un poco más’, de allí que se construirá un ‘Cristo de la Misericordia’ de 62 metros de altura en el Bombolí.

El alcalde Víctor Quirola dijo que buscarán recursos para aportar en este proyecto. Wilson Erazo agradeció a otras empresas que se han ido sumando, pues la obra tendrá un costo total de USD 2.4 millones y auguran concluirla en 24 meses. Cofiza, Wilson Erazo y Suárez & Salas aportarán con USD 150 mil cada empresa.

Con el tiempo se requerirán más parqueaderos, ampliar la calle de acceso al Bombolí, entre otras obras, por lo que se pidió el apoyo al alcalde. Zavala recalcó que representantes de Record Guinness ya los han contactado y esperan estar en las páginas de la historia del mundo.

Quito -En seis meses, el dinero electrónico podría pasar a manos de la banca privada, según el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, quien explicó en un auditorio de la Universidad Católica que uno de los objetivos del Gobierno de Lenín Moreno en el área económica será reducir de forma urgente el uso de dinero físico en la economía.

Para el funcionario, lo importante es que el dinero electrónico funcione. “No importa si es con el Banco Central (del Ecuador) o con la banca privada”.

Esto porque, explicó, en Ecuador, que tiene una economía dolarizada, el uso del dinero físico es de cerca del 30% de la liquidez total, cuando en otros países es de apenas el 5%. Bajar el uso de dinero físico permite bajar también costos en los que incurre el Estado por importación de billetes.

Sin embargo, para que esto ocurra, según De la Torre, la banca deberá cumplir al menos dos condiciones: mantener las normas de seguridad que se le exigía al Banco Central y fijar bajos costos para los usuarios a fin de que el servicio pueda ser generalizado.

Adelantó que, tras algunas reuniones, la banca ha indicado que podría tener los sistemas y la plataforma preparados en seis meses; si cumplen con las condiciones “se llevarán el dinero electrónico, señores”.

Este Diario pidió a la Asociación de Bancos Privados (Asobanca) una opinión sobre el tema, pero no respondió.

Al referirse a la gestión del Central, el ministro dijo que se prevé financiar la banca pública a través del organismo.

El ministro explicó que el papel del BCE en dolarización no es el mismo que cualquier Banco Central convencional de una economía con moneda propia. Dijo que la liquidez que maneja servirá para hacer préstamos para generar productividad.

También consideró que los recursos que entregó a Finanzas como facilidades de liquidez permitieron que se sostenga la dolarización.

En la administración del dinero electrónico por parte del Central se han abierto 348.394 cuentas y se han realizado transacciones por $ 29,2 millones.

Actualmente, se puede usar dinero electrónico en pago de servicios públicos y de impuestos, y de bienes en varios locales que lo aceptan. (I)

Fuente: El Universo