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Anita Sánchez J.

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Agentes de Control Municipal, cuadrilla de obreros y técnicos de la Dirección de Control Territorial realizaron el retiro de publicidad pegada y/o colgada sin permisos en espacios públicos del centro de Santo Domingo.

Esta actividad se realizó el martes 30 de octubre. Los técnicos municipales realizarán la correspondiente cuantificación por los trabajos de limpieza realizados, los mismos serán trasladados a las personas y empresas infractoras para que sean cancelados, y en caso de incumplimiento se iniciará el cobro a través de la vía coactiva.

Se recuerda a la ciudadanía que está totalmente prohibido pintar, manchar, dibujar, o escribir directamente en paredes, edificios, muros y cerramientos.

Asimismo está prohibido fijar o adherir publicidad o propaganda en postes y estructuras de transmisión de energía eléctrica, agua, luz, teléfonos, monumentos, puertas de edificios, árboles, áreas verdes, jardines, parques públicos, verjas, murales, señales de tránsito y demás espacios públicos de la ciudad. (I)

Cinco personas de una misma familia murieron en un accidente de tránsito en Buena Fe, vía Santo Domingo – Quevedo.

Según datos preliminares, se trata de un choque frontal entre un automóvil y una camioneta doble cabina. Ocurrió alrededor de las 23:10 del domingo 28 de octubre de 2018.

Los cinco fallecidos vivían en Santo Domingo. El fin de semana viajaron a Salina a visitar a su hijo mayor. (I)

Los fallecidos son Juana Calva, Flor Sarchez Calva, sus hijos Nicole y Mateo Lisintuña Sarches, y Omar Espinel Miranda. 

En el accidente resultó herido Carlos Guanín Chica. 

 

Tras la fuga de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación de Rafael Correa, autoridades de la Fiscalía y Policía Nacional, la madrugada de este martes 23 de octubre del 2018,  allanaron las oficinas del ECU 911 y del Ministerio de Justicia.

Cerca de la una de la mañana, el secretario nacional de Gestión de la Política, Paúl Granda, dijo que esta operación es una consecuencia de la denuncia que interpusieron y de la reunión mantenida con el Fiscal General.

“A esta hora se realiza operativo con fines de investigación en las oficinas del Min. Justicia y ECU911, a fin de determinar responsabilidades sobre la fuga de Alvarado Espinel”, escribió en su cuenta Twitter. 

https://twitter.com/paulgranda/status/1054610641137352704?s=21

La Fiscalía señaló que se allanaron oficina de “Dispositivos de Vigilancia Electrónica” del Ministerio de Justicia, ubicada en el edificio de la Unidad de Flagrancia.

En las oficinas del Ministerio de justicia se incautó equipos electrónicos y documentación relacionada con el dispositivo de vigilanacia que usó Alvarado. Foto: Tomada de la cuenta Twitter @FiscaliaEcuador

La idea fue recabar evidencias dentro de la investigación que se sigue por incumplimiento de medida cautelar de Fernando Alvarado. En el ECU-911, los agentes incautaron información y equipos “con los cuales se habría monitoreado el dispositivo de vigilancia electrónica que usó Alvarado”. Él es procesado por presunto peculado.

En los operativos se incautó información y equipos con los cuales se habría monitoreado el dispositivo de vigilancia electrónica que utilizada Alvarado. Foto: Tomada de la cuenta Twitter @FiscaliaEcuador

La Dirección de Control Territorial, en colaboración con los Agentes de Control Municipal y cuadrilla de obreros, ejecutó el derrocamiento de una estructura de hormigón armado que se había realizado ilegalmente en un área verde municipal ubicada en la calle Pedro Vicente Maldonado, entre las calles río Cajones y Tiputini.

La estructura había sido construida con cubierta metálica y zinc, y estaba casi lista para ser habitada. Mediante una denuncia de la comunidad, la autoridad municipal pudo intervenir en el derrocamiento sin oposición de ninguna naturaleza.

Las hojas de zinc y otros materiales producto del derrocamiento fueron trasladados hasta las bodegas del Municipio. Allá podrán ser reclamadas por sus propietarios.

Una vez que ha sido recuperada el área comunal, en los próximos días iniciarán los trabajos de reforestación y adecentamiento de toda el área por parte de la Dirección de Saneamiento y Gestión Ambiental.

Se busca devolver este espacio a la comunidad para la recreación y sano esparcimiento de los habitantes del sector.

Los técnicos municipales emitirán el informe correspondiente para seguir las acciones legales e imponer sanciones ejemplarizadoras en contra de los infractores. (I)

Con información del GADMSD.

Eduardo Franco Loor, abogado de Jorge Glas Espinel denunció este domingo que el exvicepresidente de la República fue trasladado a la cárcel de Latacunga.

En un comunicado, la Secretaría de Comunicación informó que tras la fuga del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, se recibió un informe de inteligencia policial y por razones de seguridad se procedió al traslado de Glas.

Se garantizará su seguridad de acuerdo a los protocolos vigentes”, señala el comunicado.

Escoltado por uniformados de varias unidades especiales de la Policía Nacional, Glas fue sacado a las 19:00 de la cárcel 4 para ser llevado al Centro de Rehabilitación Social de Latacunga

Franco aseguró que el traslado de Glas, al que calificó como una “vendetta política”, violenta su derecho de inmediación, ya que el proceso se encuentra en Recurso de Casación.

“Se lo incomunica con su familia y defensa técnica; se transgrede normatividad internacional sobre la protección a personas privadas de libertad”, indicó Franco en su cuenta de Twitter.

Este mes Glas cumplió un año de prisión en la Cárcel 4 de Quito, dentro del caso de asociación ilícita relacionado a Odebrecht, en el que fue sentenciado en calidad de autor a seis años de reclusión menor. (I)

Fuente: Diario El Universo.

Alrededor de la medianoche del sábado 20 de octubre fue localizado el dispositivo electrónico que portaba Fernando Alvarado.

También se ofició a la Interpol para su localización y detención y será procesado por huir de la justicia. 

Así lo  anunció, María Paula Romo, ministra del Interior, durante una rueda de prensa para detallar los términos bajo los cuales se habría ejecutado la salida del país de Alvarado, exsecretario de Comunicación en el régimen de Rafael Correa.

Estas declaraciones se efectuaron luego de que la funcionaria alertara ayer, sábado 20 de octubre, de que Alvarado se removió el dispositivo electrónico.

A través de redes sociales circuló una conversación de WhatsApp en donde el exfuncionario informó a personal del Ministerio de Justicia que se despojó del dispositivo y que abandonó el país.

Advirtió además de que su defensa legal anunciaría los motivos por los cuales tomó esa decisión.

Ante esta novedad, la funcionaria dispuso que la Policía Nacional empiece su búsqueda, puesto que el exsecretario enfrenta al menos 5 investigaciones.

Además -por orden judicial- tenía que presentarse cada 15 días ante el presidente de la Corte de Justicia del Guayas, portar un dispositivo de vigilancia electrónica y no podía salir del país.
https://twitter.com/mininteriorec/status/1054073586305196032?s=21

Romo indicó que si bien se implementó la alerta, no tienen la certeza de que si Alvarado se encuentra fuera del país.

En el encuentro con los medios de prensa, Andrés Michelena, secretario de Comunicación detalló los 11 indicios bajo los cuales Alvarado fue detenido.

Entre ellos, contratos de servicios de asesoría en programas de imagen, valoración de activos fijos en la Secom, así como pagos realizados sin obligaciones contractuales a Barcelona Sporting Club, así como incrementos de sueldos a directivos de Gamavisión y pagos de arriendos y casas a departamentos a directores de medios de comunicación incautados. 

Indicó que los 11 indicios de responsabilidad penal fueron los que causaron la fuga del exsecretario de Comunicación, además de que Pablo Yánez, exviceministro de la Secom, anunció que va a colaborar con la Fiscalía en los procesos de investigación.

Con ese panorama, Michelena exhortó a los entes de justicia que se den todas las medidas de protección a Yánez para la investigación. Además advirtió que se han tomado dos medidas respecto a la fuga de Alvarado. 

La primera, que se prohíba la salida del país a todos los altos y medios funcionarios (ministros, secretarios de Estado y viceministros) que participaron en el régimen anterior de Correa y que ahora están en procesos de investigación en Contraloría y Fiscalía.

El segundo es solicitar a los órganos competentes para que se disponga la prohibición de enajenación de bienes que estén en manos de Fernando, así como sus hermanos Carlos y Vinicio y todos los familiares cercanos. 

Vamos a pedir la prohibición de enajenar todos los bienes de la familia de los hermanos Alvarado y sus parientes cercanos”, reiteró.

Adicionalmente se solicitará que se pongan en marcha todas las medidas cautelares necesarias para investigar cómo sucedió la colaboración la fuga. 

“Vamos a exhortar a la justicia un proceso ágil. Tenemos que agotar todos los esfuerzos para que no se vuelva a repetir esto. No vamos a tolerar ni permitir impunidad a ningún exfuncionario público”, dijo y añadió que Alvarado es el segundo prófugo de la justicia, al referirse que también se encuentra en calidad de prófugo el expresidente Rafael Correa. 

Paúl Granda, ministro de Justicia, de su lado, estimó que hay alrededor de 31 exfuncionarios de altos cargos que tienen causas en la Fiscalía.

Granda anunció que ayer se presentó al denuncia en contra del exsecretario solicitando que se cumplan las medidas del caso. Además se dispuso la reestructuración total área de rehabilitación social y se pidió la renuncia de la viceministra, así como el subsecretario. 
https://twitter.com/justicia_ec/status/1054067842080014337?s=21

Granda reiteró que el Gobierno iniciará un proceso dentro del Secretaría de Justicia. Dijo que se dispuso la renuncia de la viceministra, ante esta situación. “Vamos a investigar hasta las últimas consecuencias”, reiteró.

El secretario de Justicia reiteró que se investigará de forma técnica por qué el grillete no alertó sobre la fuga. Advirtió que hasta el último instante que Alvarado portó el dispositivo, se emitió señal con normalidad, por lo que anunció que se verificará cómo funcionaba el software y por qué no dio la alerta. 

Antes de que se confirmara la fuga de Alvarado, su última presentación ante la Corte Provincial de Justicia del Guayas fue el pasado viernes 19 de octubre, cuando firmó el libro de asistencia.

A su llegada a la corte, Alvarado manifestó que no comentaría respecto a las investigaciones que se siguen en su contra ni a la reunión que pretendió tener con periodistas de TC Televisión.

Minutos antes de despojarse del dispositivo

Eliana Pacheco, delegada del Ministerio de Justicia, detalló el trayecto de Alvarado que registró el software, antes de que se despojara el procesado. 

El viernes 19 de octubre, a las 07:00, el exsecretario se encontraba dentro de su domicilio en Guayaquil, a las 07:36 salió de su casa tomando la avenida Carlos Julio Arosemena llegando a las 07:58 a la Corte en donde se cumplió con sus registros. 

Después, a las 08:33 se dirige de nuevo a su casa llegando a las 08:48 y, nuevamente, a las 09:38 se moviliza por Durán llegando a Quevedo. Luego se movilizó hacia Quito y llegó a las 19:20.

En la capital, Alvarado se movilizó por la Ruta Viva hasta las 22:21.  El sábado 20 de octubre, alrededor de las 11:00 el dispositivo registró presencia en el sector de El Teleférico; a las 13:30 se dirigió por la avenida Mariscal Sucre y tomó la calle Bartolomé de Las Casas llegando a las 13:45 a la avenida Orellana.

A las 13:56 se movilizó por la avenida República y se llegó a la avenida 10 de Agosto a las 12:07; a las 14:12 llegó al Quicentro Shopping y a las 14:45 se movilizó por el redondel de El Ciclista llegando a la avenida Simón Bolívar y De los Conquistadores a las 14:57, donde permaneció el dispositivo hasta que fue encontrado.

Romo indicó que el dispositivo ya se encuentra como parte de la cadena de custodia. 

Salió del país antes que culmine la instrucción fiscal

En agosto de este año, Alvarado llegó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para someterse una audiencia de formulación de cargos en su contra.

La fiscal general subrogante, Ruth Palacios, solicitó el inicio de instrucción fiscal con base al informe de la Contraloría General del Estado que señaló indicios de responsabilidad penal por contratos irregulares para la emisión de los Enlaces Ciudadanos, donde Correa emitía sus informes.

Según el documento, dichos contratos habrían causado un prejuicio al Estado de alrededor de $ 250 mil.

En esa diligencia se conoció contratos irregulares que beneficiaba a un funcionario que no cumplía con los requisitos técnico para el emisión de los espacios ‘sabatinos’.

Otra de las irregularidades fue la contratación de la productora Gota Azul, bajo la gerencia general de Carlos Bravo, hermano de Marco Antonio Bravo Segovia, quien se desempeñó como Subsecretario de Medios de la Secretaria Nacional de Comunicación (Secom) para la realización de productos audiovisuales.

La jueza de la causa dispuso tres medidas cautelares en contra de Alvarado: prohibición de salida del país, presentación cada 15 días ante el presidente de la Corte de Justicia del Guayas y la colocación de un grillete electrónico en su tobillo. Antes de su detención, Alvarado residía en Ghana (África) por motivos de trabajo.

La instrucción fiscal culmina en noviembre próximo. (I)

Fuente: Diario El Telégrafo

María Paula Romo, ministra del Interior, informó en su cuenta Twitter que Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación, habría removido el grillete electrónico. Ante esta novedad, la funcionaria dispuso que la Policía Nacional empiece su búsqueda.

https://twitter.com/mariapaularomo/status/1053793851402604545?s=21

Debido a su situación judicial (enfrenta al menos 5 investigaciones), Alvarado debe presentarse cada 15 días ante el presidente de la Corte, portar un dispositivo de vigilancia electrónica y no puede salir del país.

Su última presentación ante la Corte Provincial de Justicia del Guayas fue el pasado viernes 19 de octubre, cuando firmó el libro de asistencia, para asegurar su comparecencia en el juicio por peculado que se sigue en su contra.

A su llegada a la corte, Alvarado manifestó que no comentaría respecto a las investigaciones que se siguen en su contra ni a la reunión que pretendió tener con periodistas de TC Televisión.

Otras investigaciones 

Pero Fernando Alvarado no solo es indagado por el caso de los enlaces ciudadanos, sino que estaría inmerso en al menos cuatro investigaciones más, según informó la fiscal general (s) Ruth Palacios en agosto pasado.

Junto con su hermano Vinicio, el pasado 22 de febrero acudió a rendir su versión en la Fiscalía del Guayas, entidad que les iniciara una investigación por el supuesto delito de lavado de activos.

Esta indagación se desprendía del informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que detallaba registros de supuestas transacciones y cuentas bancarias de estos exservidores, varios de sus parientes y empresas ligadas a la familia.

En base a este mismo informe también se investiga un posible enriquecimiento ilícito debido a que hay inconsistencias en los valores reales y declarados de sus ingresos y egresos, entre el 2010 y el 2017.

La Fiscalía también abrió una cuarta indagación tras la denuncia de presuntos actos de corrupción en el manejo financiero de los medios públicos e incautados, el perjuicio sería de $ 23 millones.

La quinta indagación está relacionada al secuestro del político Fernando Balda, en el 2012. Por este caso Alvarado ya rindió su versión libre y voluntaria en la Fiscalía. (I)

Fuente: Diario El Telégrafo.

Dos toneladas de droga fueron halladas en lanchas rápidas en el interior de una vivienda ubicada en Jaramijó, provincia de Manabí.

El operativo lo ejecutaron agentes de Antinarcóticos y las diligencias judiciales se realizan en Guayaquil, según se conoció por fuentes policiales.

Así mismo, en la zona del Moyuyal, del cantón Jama, fueron localizadas dos toneladas de droga que estaban embaladas en paquetes en forma de ladrillo.

El alcaloide fue transportado por efectivos del grupo GEMA y de la Unidad Antinarcóticos hacia la Unidad de Policía Comunitaria del sector Fanca en Bahía de Caráquez.

La Policía investiga hacia donde iba el alcaloide, pues los bloques con la sustencia sujeta a fiscalización tenían leyendas diferentes. (I)

Se trata de un muro de contención que se empezó a construir en junio pasado y que fue entregado el sábado 13 de octubre, en horas de la tarde, por las principales autoridades de la municipalidad.

La entidad invirtió un total de 127 mil dólares en esta obra que tiene 21.72 metros de largo por 5.27 de alto y 50 centímetros de ancho y beneficiará directamente a las 50 familias que aproximadamente habitan en este sector.
Rosa Villagómez, habitante, dijo que el muro lo llevaban gestionando durante seis años.
“Estamos agradecidos con esta intervención, pero aún hay otras necesidades igual de urgentes”, agregó.
Esta zona no cuenta con los servicios básicos como el alcantarillado sanitario, en temporada invernal el agua se estanca e inunda todo el sector. 
“Esperemos que también nos ayuden con los otros pedidos”, informaron los habitantes. (I)

La Fiscalía del Guayas indaga a unos 20 sospechosos de haber participado en la turba que terminó con el linchamiento y muerte de tres personas. Todo por un rumor.

Las pesquisas comenzaron desde la noche del martes y pusieron a la cabeza del proceso al fiscal Jefferson Caicedo, de Playas, quien ordenó la revisión de elementos como los videos publicados en redes sociales, en los cuales se observa a un grupo de pobladores provocando la muerte de los tres detenidos y la destrucción de las instalaciones policiales, dos vehículos y cinco motocicletas.

La autoridad procedió ayer al reconocimiento de la UPC que fue quemada y de la cual la turba sacó a los tres sospechosos para asesinarlos en la calle.

El fiscal Caicedo reiteró que los fallecidos estaban sindicados en un presunto delito de robo.

De su lado, María Paula Romo, ministra del Interior, indicó sobre lo ocurrido que fue “una actuación para la que una UPC no está preparada. Una UPC no tiene un contingente de antimontines para contener a 2.000 personas”.

Mientras tanto, la mujer que fue víctima del robo de su dinero y su teléfono celular confesó que los ahora fallecidos la interceptaron en un auto tipo taxi y la obligaron a subir en él, se limitaron a arrebatarle sus pertenencias, pero no a secuestrar a su hijo.

La Fiscalía del Guayas, de su parte, comenzó la indagación para determinar las reales causas que provocaron los actos violentos.

Dispuso que la Unidad Especializada de Personas y Garantías de Guayaquil vaya a Posorja a investigar, con apoyo de la Policía, para identificar a los responsables de los delitos que se hubieren cometido en esa jurisdicción.

El Estado débil

Marco Pacheco, comisionado de la Defensoría del Pueblo en Guayas, leyó un manifiesto en nombre de la defensora Gina Benavides, en el cual se señala que las causas para un linchamiento están en las condiciones económicas, políticas y sociales  de una sociedad y reflejan la debilidad del Estado, particularmente las deficiencias del sistema de administración de justicia.

A la par se hizo un llamado a las autoridades de Gobierno, seccionales, medios de comunicación, líderes políticos y religiosos a no naturalizar este fenómeno; por el contrario, a dimensionar la gravedad de este tipo de actos y su impacto sobre la configuración de una sociedad democrática y la generación de respuestas efectivas para su prevención y erradicación. (I)

Fuente: Diario La Hora