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Anita Sánchez J.

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El presidente Lenín Moreno “liberó de sus funciones” a la vicepresidenta de la República María Alejanda Vicuña para que se defienda en el ámbito judicial de las acusaciones que se le hacen, sin interferencias de ningún tipo.

La Vicepresidencia fue encargada a José Agusto Briones, nuevo secretario general de la Presidencia.

Anunció también la creación del Ministerio de Gobierno que será la fusión entre el Ministerio del Interior y la Secretaría de Gestión de la Política.

Se crea la Secretaría General de la Administración Pública y desaparece la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades). A cargo de esta secretaría queda José Agusto Briones.

Además, Paúl Granda, que deja la secretaría de Gestión de la Política, será el delegado del Ejecutivo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). (I)

Ante esta decisión, el expresidente Rafael Correa escribió en  Twitter: 

Fuente: Diario El Universo.

En la sesión del pleno del Consejo Nacional Electoral, desarrollada el viernes 30 de noviembre, se designó a los vocales principales de las Juntas Provinciales Electorales.

Mediante Resolución PLE-CNE-24-30-11-2018 designó a los nuevos integrantes de la JPE de Santo Domingo de los Tsáchila: Alexandra Calazacón Aguavil, Consuelo Jumbo Torres, Belky Xiomara de los Reyes Gaybor, Iván Orozco y Patricio Bernal Reyes.

Tras la notificación, las impugnaciones se pueden presentar hasta las 23:59 del lunes 3 de diciembre.

Diana Atamaint, presidenta del CNE, dijo que con la nueva designación se está “cumpliendo con el principio de paridad y garantizando la efectiva participación de las mujeres en igualdad de oportunidades”.

Las Juntas Provinciales Electorales del país quedaron integradas por 66 hombres y 59 mujeres, según dijo Atamaint.

Vocales impugnados

La primera resolución, No. 000640 del 15 de noviembre del Consejo Nacional Electoral Transitorio, designó como miembros de la JPE a Óscar Heredia Álvarez, Edison Aguavil Calazacón, María Belén Guerrero, Edison Bernal Reyes y Franklin Pauta Eivar.

Ese listado recibió cinco impugnaciones.

Cuatro por no cumplir el requisito de “paridad y alternabilidad entre hombres y mujeres”, tal como lo señala el artículo 36 del Código de la Democracia.

Y la quinta, impugnó a tres de los cincos designados por razones distintas a la paridad y alternabilidad. (I)

“Nosotros estamos haciendo las diligencias necesarias para recabar la información de la fuente directa. Si se habla de una declaración juramentada efectivamente acudiremos hasta el lugar en el que se hizo esta declaración juramentada y en base a eso se iniciará la investigación previa respectiva“.

Así respondió este martes la fiscal general encargada Ruth Palacios al ser consultada sobre la posible existencia de un caso de cobro de diezmos a funcionarios legislativos en el que estaría involucrada la actual vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña.

El caso denunciado nacería de cuando ella era asambleísta de Alianza PAIS.

Palacios explicó que la declaración juramentada en la que se hablaría del presunto caso de corrupción no sería al momento una prueba, pero serviría como una “noticia criminis” (noticia de delito) sobre la cual la Fiscalía tiene que investigar.

Adelantó que se practicarán dentro de la investigación previa todas las diligencias necesarias para esclarecer el ilícito. Pese a ello, aclaró, no podía adelantar a lo que se hará dentro de la investigación, pues existe en esta etapa una reserva legal para proteger los avances que se tengan en el caso.

Mientras, el asambleísta por Tungurahua, Luis Fernando Torres, comentó en su cuenta de Twitter que Vicuña “está en un difícil trance político por la denuncia jurada de un excolaborador. Un juicio político en la Asamblea Nacional tiene el inconveniente que la Corte Constitucional está en vacancia y que la presunta falta la habría cometido como legisladora”.

Es una “infamia”, dice vicepresidenta

Vicuña reaccionó el martes a la denuncia sobre supuestos diezmos que habría solicitado cuando era legisladora. “Las infamias se resuelven en la vía judicial como corresponde, así que ya oportunamente informaremos al respecto pero hay muchos temas importantes (de) qué preocuparse por el país y no hacer cargamontón de calumnias e infamias que obviamente no tienen ni pies ni cabeza”.

La segunda mandataria declaró a periodistas en el aeropuerto de Guayaquil: “hay algunas personas seguramente muy interesadas en difundir esto, en pasar este reportaje tan bien armadito y bien elaborado, dos veces en el mismo noticiero, pero insisto, esto se responde desde la vía judicial“.

“Ya responderemos desde la vía judicial, como corresponde, frente a las infamias y las calumnias”, recalcó Vicuña. (I)

Fuente: Diario El Universo.

La Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas impulsa la ampliación de la vía Alóag – Santo Domingo en el tramo Unión del Toachi – Santo Domingo FASE I por el monto de 26387.453,8173 más IVA.

La tarde de éste 26 de noviembre, el prefecto Geovanny Benítez firmó la Resolución Administrativa No. GADPSDT-JCP-2018-351 mediante la cual adjudica la obra al Consorcio Multinacional Tsáchila tras alcanza 97,79/100

La empresa tendrá 1096 días “para la ejecución del contrato, contados a partir del de la entrega del anticipo o de la orden de inicio impartida por el Fiscalizador de la Obra y/o Administrador del Contrato”.

Fiscalización de la obra

La Prefectura además contrató la “Fiscalización de la ampliación de la carretera Alóag – Santo Domingo, tramo Unión del Toachi – Santo Domingo FASE I” por $ 1686.139,28 con la empresa Consorcio Fiscalización Vial Toachi.

El plazo para la ejecución de este contrato es de “1096 días calendario, contados a partir de la fecha de recepción del anticipo o de la orden de inicio”. Además se indica que “el plazo es similar al de ejecución de la obra pudiendo “extenderse los trabajos de fiscalización hasta el plazo igual al contrato de ejecución de la obra”. (I)

El viernes se hizo pública la Resolución No. 000640 del 15 de noviembre del Consejo Nacional Electoral mediante la cual designa a los miembros de la junta provincial electoral de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Los integrantes son: Óscar Heredia Álvarez, Edison Aguavil Calazacón, María Belén Guerrero, Edison Bernal Reyes y Franklin Pauta Eivar.

Hubo un periodo de dos días para las impugnaciones, plazo que venció ayer domingo a las 17:00.

Impugnaciones

Se registraron 5 impugnaciones, las cuales fueron presentados por: Comisión Ciudadana Anticorrupción, Izquierda Democrática, Gobernación Tsáchila, movimiento político Alianza Tsáchila y una en conjunto de los movimientos políticos Creo y Centro Democratico junto a con Xavier Moran y Carlos Taipe.

Cuatro impugnaciónes se dan porque la conformación de la Junta no cumple el requisito de “paridad y alternabilidad entre hombres y mujeres”, tal como lo señala el artículo 36 del Código de la Democracia.

Mientras que la Comisión Anticorrupción impugna a tres de los cincos designados por razones distintas a la paridad y alternabilidad.

Ahora está vigente un periodo de 48 horas para que los impugnados presenten pruebas de descargo y luego el pleno del Consejo Nacional Electoral, en un plazo de 24 horas, resolverá este tema. (I)

El Consejo Nacional Electoral designó a los integrantes de la Junta Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Los integrantes son: Óscar Heredia Álvarez, Edison Aguavil Calazacón, María Belén Guerrero, Edison Bernal Reyes y Franklin Pauta Eivar.

Sin embargo, la designación no cumple requisito de “paridad y alternabilidad entre hombres y mujeres”, según lo señala el artículo 36 del Código de la Democracia.

Impugnaciones

Está vigente el plazo de dos días para impugnaciones motivadas. Si no existiera ningún impedimento, los vocales entrarán en funciones el lunes 19 de noviembre.

Funciones

El artículo 37 del Código de la Democracia establece las funciones de las Juntas Regionales, Distritales o Provinciales Electorales.

Entre las funciones constan: Calificar las candidaturas de su jurisdicción, Conocer y resolver en sede administrativa las objeciones y correr traslado de las impugnaciones presentadas a su conocimiento sobre la calificación de candidaturas, los resultados numéricos y la adjudicación de escaños.

Además debe realizar los escrutinios de los procesos electorales en su jurisdicción, así como los atinentes a comicios de carácter nacional; entre otras. (I)

Agentes de Control Municipal, cuadrilla de obreros y técnicos de la Dirección de Control Territorial realizaron el retiro de publicidad pegada y/o colgada sin permisos en espacios públicos del centro de Santo Domingo.

Esta actividad se realizó el martes 30 de octubre. Los técnicos municipales realizarán la correspondiente cuantificación por los trabajos de limpieza realizados, los mismos serán trasladados a las personas y empresas infractoras para que sean cancelados, y en caso de incumplimiento se iniciará el cobro a través de la vía coactiva.

Se recuerda a la ciudadanía que está totalmente prohibido pintar, manchar, dibujar, o escribir directamente en paredes, edificios, muros y cerramientos.

Asimismo está prohibido fijar o adherir publicidad o propaganda en postes y estructuras de transmisión de energía eléctrica, agua, luz, teléfonos, monumentos, puertas de edificios, árboles, áreas verdes, jardines, parques públicos, verjas, murales, señales de tránsito y demás espacios públicos de la ciudad. (I)

Cinco personas de una misma familia murieron en un accidente de tránsito en Buena Fe, vía Santo Domingo – Quevedo.

Según datos preliminares, se trata de un choque frontal entre un automóvil y una camioneta doble cabina. Ocurrió alrededor de las 23:10 del domingo 28 de octubre de 2018.

Los cinco fallecidos vivían en Santo Domingo. El fin de semana viajaron a Salina a visitar a su hijo mayor. (I)

Los fallecidos son Juana Calva, Flor Sarchez Calva, sus hijos Nicole y Mateo Lisintuña Sarches, y Omar Espinel Miranda. 

En el accidente resultó herido Carlos Guanín Chica. 

 

Tras la fuga de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación de Rafael Correa, autoridades de la Fiscalía y Policía Nacional, la madrugada de este martes 23 de octubre del 2018,  allanaron las oficinas del ECU 911 y del Ministerio de Justicia.

Cerca de la una de la mañana, el secretario nacional de Gestión de la Política, Paúl Granda, dijo que esta operación es una consecuencia de la denuncia que interpusieron y de la reunión mantenida con el Fiscal General.

“A esta hora se realiza operativo con fines de investigación en las oficinas del Min. Justicia y ECU911, a fin de determinar responsabilidades sobre la fuga de Alvarado Espinel”, escribió en su cuenta Twitter. 

https://twitter.com/paulgranda/status/1054610641137352704?s=21

La Fiscalía señaló que se allanaron oficina de “Dispositivos de Vigilancia Electrónica” del Ministerio de Justicia, ubicada en el edificio de la Unidad de Flagrancia.

En las oficinas del Ministerio de justicia se incautó equipos electrónicos y documentación relacionada con el dispositivo de vigilanacia que usó Alvarado. Foto: Tomada de la cuenta Twitter @FiscaliaEcuador

La idea fue recabar evidencias dentro de la investigación que se sigue por incumplimiento de medida cautelar de Fernando Alvarado. En el ECU-911, los agentes incautaron información y equipos “con los cuales se habría monitoreado el dispositivo de vigilancia electrónica que usó Alvarado”. Él es procesado por presunto peculado.

En los operativos se incautó información y equipos con los cuales se habría monitoreado el dispositivo de vigilancia electrónica que utilizada Alvarado. Foto: Tomada de la cuenta Twitter @FiscaliaEcuador

La Dirección de Control Territorial, en colaboración con los Agentes de Control Municipal y cuadrilla de obreros, ejecutó el derrocamiento de una estructura de hormigón armado que se había realizado ilegalmente en un área verde municipal ubicada en la calle Pedro Vicente Maldonado, entre las calles río Cajones y Tiputini.

La estructura había sido construida con cubierta metálica y zinc, y estaba casi lista para ser habitada. Mediante una denuncia de la comunidad, la autoridad municipal pudo intervenir en el derrocamiento sin oposición de ninguna naturaleza.

Las hojas de zinc y otros materiales producto del derrocamiento fueron trasladados hasta las bodegas del Municipio. Allá podrán ser reclamadas por sus propietarios.

Una vez que ha sido recuperada el área comunal, en los próximos días iniciarán los trabajos de reforestación y adecentamiento de toda el área por parte de la Dirección de Saneamiento y Gestión Ambiental.

Se busca devolver este espacio a la comunidad para la recreación y sano esparcimiento de los habitantes del sector.

Los técnicos municipales emitirán el informe correspondiente para seguir las acciones legales e imponer sanciones ejemplarizadoras en contra de los infractores. (I)

Con información del GADMSD.