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En tono enérgico, el asambleísta Ángel Gende rechazó los comentarios vertidos en redes sociales sobre el cobro de cuotas realizado por su asesor Ángel Sotalín.

Gende condena que la acción de Sotalín se la compare con los cobros denunciados por funcionarios que trabajan con otros asambleístas.

Y es que en los últimos días se han presentado denuncias denominadas “impuesto al trabajo” por los presuntos pagos que harían los asesores a los legisladores que les contrataron.

En rueda de prensa, el asambleísta y su asesor explicaron que la diferencia radica en que la contribución económica nació de un acuerdo entre sus colaboradores.

Ambos niegan que Gende conociera del tema, pese a que en el audio, que no niegan sea la voz de Sotalín, inicia diciendo “el asambleísta me dice que les diga a cada uno de ustedes”.

En la grabación, divulgada por el medio digital La Posta, se escucha a Sotalín pidiendo dinero para “pagar buses, para traer a la gente, darles de comer y todo eso”.

Todo para “la marcha por la paz y la seguridad”, que se realizó en Santo Domingo el 24 de marzo de 2018.

“Jamás tuve conocimiento de lo sucedido porque nunca organicé ninguna marcha y simplemente participé como un ciudadano más, en busca de seguridad”, dijo Gende.

Sotalín recalcó que son aportes voluntarios que entregan mes a mes para un mejor desenvolvimiento de la oficina del asambleísta. “No sabía que esto era ilegal”.

No existe amenaza o medida de presión para el pago, dijo Sotalín, y agregó que lo que único que buscan es empañar su imagen y la del legislador.

Candidato a prefecto

Pero Gende continúa su actividad política. Anunció que se postulará como candidato a la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas el proceso electoral 2019.

El asambleista no descarta tomar acciones legales en contra de quienes considera que lo han calumniado. (I)

Marcela Cevallos, asambleísta nacional alterna de José Serrano, se desafilia de Alianza País.

Tras dos años militando en dicha organización política, Cevallos, deja la organización y en un comunicado expuso los motivos.

“Decido dejar Alianza País porque es necesario que dentro del mismo se cuente con menos políticos y más ciudadanos, menos intereses personales y más objetivos comunes, basados en nuestros principios y en unidad”.

Agrega que lo que se necesita “es que podamos formar el gobierno que queremos. El mejor posible para nuestro país. El que estoy segura, que mejor hará llegar a la práctica con los valores que pregonamos”.

En cuanto al trabajo en territorio, Cevallos expone que la falta de confianza, cordialidad y compañerismo, “afectaron, dividieron y debilitaron pero más que nada afectaron a un proceso de cambio que la Provincia venía construyendo”.

Cevallos deja Alianza País pero seguirá como Asambleísta nacional, según expresa, “trabajando por mi gente, por mi provincia pero sobre todo por mi país. Si todos arrimamos el hombro lograremos grandes objetivos”. (I)

Durante las dos presidencias de Gabriela Rivadeneira, de la Revolución Ciudadana, había 44 hermanos que trabajaban en la Función Legislativa. 

Tenían lazos de sangre y trabajaban bajo un solo techo. En la Asamblea había hermanos que se cruzaban día a día, como si estuvieran en su propia casa.

El Legislativo de las dos presidencias de Gabriela Rivadeneira (2013-2017), ex-Alianza PAIS (AP), hoy Revolución Ciudadana, tenía 44 funcionarios que nacieron del mismo padre y madre. Sus apellidos son iguales: el primero y el segundo, no es una coincidencia, ni tampoco homónimos.

Esos familiares cercanos estaban en la nómina de los servidores públicos de su página web.

Por ejemplo, en esa lista  estaba una asambleísta de Santo Domingo de los Tsáchilas, que pertenece a las filas del Gobierno. Ganó nuevamente para esa dignidad, en febrero de 2017.  Ella  contrató a su propio hermano como asistente en el anterior período.

Otro caso representativo es el de una alta autoridad de la Asamblea, que tenía a su hermana como asesora en Comunicación.

Durante las dos presidencias de Gabriela Rivadeneira, de la Revolución Ciudadana, había 44 hermanos que trabajaban en la Función Legislativa. 

Para Gabriela Rivadeneira, los contratos de personal administrativo durante su período en la Asamblea, “bajo ningún caso se dieron basados en relaciones parentales entre los funcionarios. El Legislativo está dividido en tres secretarías con funciones específicas e independientes cada una. Los funcionarios mencionados pertenecían a diferentes secretarías y laboraban en áreas distintas”, contestó por escrito a los requerimientos de Diario El Telégrafo.

Pero en su época no solo  ocurrió eso. También hubo dos familias, de tres hermanos cada una, que trabajaban como asistentes y asesores de asambleístas de AP.

La primera familia era Rodríguez Moncayo. La segunda, Loor Muñoz. Los otros hermanos laboraban como asesores (nivel 1 y 2), asistentes, secretarias ejecutivas, secretario relator, administrador, servidores públicos, técnicos en administración, técnico legislativo y mecanógrafo parlamentario.

Esos servidores públicos tenían salarios de 5.009 a 2.008 dólares. Es decir, cada familia se llevaba 7.000 dólares a sus casas.

Sin embargo, este mapa familiar que laboraba en la Función Legislativa no se considera nepotismo, según la ley ecuatoriana. Pero “no es  ético ni moral que los parientes cercanos trabajen en la misma entidad”, advirtió Milton Castillo, doctor en leyes  y excandidato a alcalde de Quito por Pachakutik.

“Hay abuso de poder y tráfico de influencias. Esto merece una sanción mayor y reprochable desde la sociedad”, dijo.

Para Lourdes Cuesta, de CREO, la ley es clara sobre el tema. “No es correcto que un legislador contrate a su madre, hermano o sobrino”, recalcó.

Mientras Elio Peña, de Pachakutik y del Bloque de Integración Nacional (BIN), señaló que es inmoral y antiético. “Debemos predicar con el ejemplo y no podemos aprovecharnos de la circunstancias”, explicó. (I) 

Fuente: Diario El Telégrafo.

La conversación entre Carlos Pólit y José Serrano sigue dejando efectos secundarios en Ecuador.

Serrano dejó de ser el presidente de la Asamblea Nacional y este 11 de abril, el fiscal general, Carlos Baca Mancheno se defendió en el juicio político que se lleva en su contra ante la Comisión de Fiscalización.

Mancheno fue quien hizo pública la grabación y lo que más se le ha cuestionado es de dónde obtuvo esa información privada.

Por esta razón, rechaza que como parte del proceso no se investigue su trabajo —reiteró que ya son 11 meses al mando de la Fiscalía– sino el parte policial donde se le notificó la existencia del audio filtrado.

“La prueba gira alrededor de hechos que no tienen nada que ver con la acusaciónpolítica ni las funciones del fiscal general”, dijo el funcionario.

Asegura que aquello del parte se lo está usando como pretexto para justamente cumplir con lo que se hablaba en la grabación: bajarse al fiscal.

El parte del que habla el fiscal ha salpicado también a otros funcionarios: Diego Fuentes, exviceministro del Interior y Danny Ibarra, el policía que elaboró el parte —dijo que cambió la fecha del mismo por presiones— y que también declaró ante la Asamblea en este proceso que se lleva contra Baca Mancheno.

Ante las reiteradas preguntas sobre el origen de ese documento que dio pie a la divulgación del audio, el fiscal recordó lo que en su momento dijo José Serrano: que se lo tomó de la red social Twitter, que lo punlicó el usuario bajo el nombre delator0007 y que en ese tuit se etiquetó a la Fiscalía.

En la intervención de Baca también hubo cuestionamientos generales: ¿Le están pidiendo al Fiscal General que se quede callado para evitar el bochorno? (I)

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) se reunió este jueves para analizar varios puntos en su agenda, entre los que constaban medidas de austeridad.

El Parlamento emitió ayer un comunicado en el que adelantaba que iniciaría una revisión de sus finanzas con el fin de optimizar los recursos públicos en el contexto del Plan Económico para enfrentar la crisis, revelado por el jefe de Estado, Lenín Moreno, el pasado lunes.

Así es que el pleno del CAL decidió hoy que se suspenden todos los viajes al exterior de los asambleístas.

Además se prohibieron los viajes de las comisiones del Legislativo dentro del país con recursos del Parlamento.

Si los legisladores quieren viajar fuera del país o visitar alguna provincia, deberán pagar su traslado con recursos propios o en calidad de invitados.

También se regulará el uso de vehículos y dispositivos electrónicos por parte de los asambleístas o sus asesores.

Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea, conoció sobre la reducción de personal que no tenía partida presupuestaria en el organismo. Con ello, el Legislativo prevé ahorrar cerca de de $ 4,1 millones hasta el 31 de diciembre de este año.

Situación en frontera  El CAL también resolvió este jueves que los miembros de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales se declaren en Comisión Permanente para que traten de forma urgente los últimos atentados en la frontera norte. (I) 

Fuente: Diario El Telégrafo.

La Asamblea Nacional eligió este miércoles (28 de febrero) a los miembros principales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio, cumpliendo el mandato popular reflejado en las urnas, el pasado 4 de febrero.

Ana Belén Marín, asambleísta de Cotopaxi por el movimiento Alianza PAIS, propuso que la votación sea terna por terna en el orden remitido por el Ejecutivo, mientras que para los consejeros suplentes se someta a votación una sola moción (en plancha). Argumentó que la elección de los suplentes procedía, en virtud de las normas constitucionales vigentes y porque no se hace cambios en la composición del CPCCS. La moción fue aceptada por el Pleno.

Los candidatos y sus votos

En la sesión, el legislador Luis Fernando Torres presentó la candidatura de Julio César Trujillo, quien encabezaba la primera terna de las siete enviadas por el presidente Lenín Moreno.  Trujillo fue designado como el primer consejero con 105 votos afirmativos, 23 negativos y una abstención. 

Acto seguido, la asambleísta Guadalupe Salazar postuló al líder indígena Luis Macas, quien obtuvo 103 votos afirmativos, 22 negativos y 3 abstenciones. 

Silvia Salgado, del Partido Socialista, planteó la candidatura de Manuela Gallegos para ser la tercera integrante del CPCCS transitorio. “La candidatura es un mensaje a la diversidad y al derecho a pensar diferente”, dijo la legisladora.

No obstante, Gallegos no obtuvo el respaldo necesario para ocupar la tercera vocalía principal. En la votación alcanzó 44 afirmativos, 43 negativos y 42 abstenciones. Para la designación se requería de mayoría absoluta, es decir, 70 votos.

Luego, la Asamblea votó por el segundo de la terna, Luis Hernández, mocionado por René Yandún. Su designación fue posible, puesto que logró 90 votos afirmativos, 23 negativos y 15 abstenciones. 

Acto seguido, Esteban Albornoz, asambleísta de PAIS por Azuay, mocionó a Pablo Dávila para la cuarta vocalía. Esta candidatura contó con 102 votos afirmativos, 22 negativos y 2 abstenciones. 

Para la quinta vocalía fue presentada por el legislador Jorge Corozo la candidatura de Xavier Zavala Egas. Su designación fue posible, luego de que obtuviera 73 votos afirmativos, 45 negativos y 11 abstenciones.

Fernando Burbano, legislador independiente, postuló a Eduardo Mendoza como sexto vocal principal. Tras la votación, se registraron 101 votos a favor, 23 negativos y dos abstenciones. 

Finalmente, Jimmy Candell presentó la candidatura de Myriam Félix López -la segunda de la séptima terna-, quien resultó electa con 99 votos afirmativos, 22 negativos y 7 abstenciones.

Alcances del Consejo Transitorio

El Consejo en transición evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el CPCCS cesado, en el plazo máximo de seis meses desde su instalación, pudiendo, de ser el caso, declarar la terminación anticipada de sus periodos y si lo hiciere procederá inmediatamente a la convocatoria de los respectivos procesos de selección.

El órgano transitorio estará vigente hasta que se designe a uno definitivo, mediante voto popular, en las elecciones de 2019.

La designación de los consejeros suplentes quedó pendiente, puesto que minutos antes de las 19:00, la sesión 499 fue suspendida y se retomará el próximo martes, a las 06:30.

Ese día también se tratará la resolución sobre la comparecencia ante el Pleno del titular de la Asamblea, José Serrano, y del fiscal general Carlos Baca, por los audios revelados esta semana. (I)

Fuente: El Telégrafo

Por unanimidad de los presentes, 102 votos, la Asamblea aprobó el proyecto de Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. José Serrano, presidente del Parlamento, ordenó a la Secretaría General que prepare inmediatamente el documento con el fin de enviar al Ejecutivo para su sanción u objeción.

Durante el debate de la propuesta intervinieron diez asambleístas, quienes propusieron algunos cambios, que, según Mónica Alemán, presidenta de la Comisión que estudió este cuerpo legal, fueron de forma, más que de fondo. De esta manera, la iniciativa lo que busca es prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores.

¿Qué incluye el proyecto?

Con la propuesta se crea un Sistema Integral conformado por 16 instituciones de todas las Funciones del Estado, las que se encargarán de manera sincronizada de ejecutar acciones, planes, programas y políticas para la prevención, protección, atención y reparación de derechos.

La prevención se enfocará en el cambio de patrones culturales, con algunas acciones como la implementación de un programa nacional de transversalización de enfoque de género en la malla curricular de todos los niveles del sistema de educación formal. También se desarrollarán protocolos, modelos y planes institucionales; reeducación de la persona agresora, regulación de la difusión de contenidos comunicacionales, entre otras acciones.

En la atención se crearán lugares integrales especializados, se fortalecerán espacios físicos exclusivos, se garantizará la especialización de equipos multidisciplinarios, se implementarán políticas de incentivos socioeconómicos, redes de apoyo entre víctimas, y mejor calidad de los diferentes servicios.

Mientras tanto, las tenencias políticas y las juntas cantonales de protección de derechos se encargarán de emitir medidas administrativas de protección para quienes se encuentren en peligro. Podrán entregar boletas de auxilio y la orden de restricción de acercamiento, restitución de la víctima al domicilio, ordenar al agresor su salida del hogar, a esta misma persona prohibirle también el ocultamiento o retención de bienes.

Por su parte, cuando exista inminente vulneración o riesgo a la integridad de la víctima, la Policía Nacional ejecutará acciones urgentes. Será capaz de activar protocolos, acudir de manera inmediata ante la alerta generada por el botón de pánico, acompañamiento a la víctima hasta su domicilio para que tome sus pertenencias, si así ella lo solicita; y pedir atención especializa a las entidades que conforman el Sistema Integral. Todo esto como medidas de protección.

En la reparación de derechos se procurará que quienes hayan sido vulneradas gocen y disfruten de sus derechos de la manera más adecuada posible. También que se restablezca la situación al estado anterior a la violación. Además, la reparación por el daño material comprenderá la compensación por la pérdida de los ingresos de la víctima, los gastos efectuados con motivos de los hechos ocurridos. Otra acción es la reparación de los daños inmateriales.

Tipos de violencia

En la norma se estableció que se deberá prevenir y erradicar la violencia física, sexual, psicológica, económica o patrimonial, simbólica, política y gineco-obtétrica, en los ámbitos intrafamiliar, educativo, laboral, deportivo, estatal, centros de privación de libertad, mediático, cibernético, público, comunitario, centros e instituciones de salud, emergencias y situaciones humanitarias. (I)Fuente: Asamblea Nacional.