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Con la reunión celebrada la tarde del jueves 26 de septiembre, el Consejo de Participación Ciudadana dio por teminado el proceso de audiencias en el caso ‘Centros de tolerancia’.

Fuera de zona urbana

Desde el año 2014 el Gobierno Municipal ha notificado a los propietarios de los prostíbulos para que se reubiquen según los lineamientos de la Ordenanza que aprueba el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2030.

Para cumplir con esa disposición, en el mes de abril la actual administración municipal dispuso la expropiación de un predio de 16.47 hectáreas en el kilómetro 13,5 de la vía a Quevedo.

Desde entonces, moradores del sector y grupos sociales se oponen a que se concrete la reubicación porque en la zona existen viviendas y centros educativos.

Quienes se sienten afectados solicitaron la intervención del Consejo de Participación Ciudadana para lograr un acuerdo con el Gobierno Municipal de Santo Domingo.

La quinta audiencia

En la cita del jueves pasado, el alcalde Víctor Quirola respondió algunas interrogantes planteadas por los representantes de los padres de familia de la Unidad Educativa CADE, del representante del Ministerio de Educación, de la Defensoría del Pueblo y del propio Consejo de Participación Ciudadana.

Descartan dos terrenos

Quirola expuso las razones por las que descartó dos terrenos que como alternativa propuso la comisión formada por representantes de los grupos interesados.

Según el informe, el primer predio, ubicado en un sector aledaño al Centro de Rehabilitación Social, está en el perímetro urbano. Y el segundo predio, ubicado en el kilómetro 20 de la vía a Quevedo, es parte del sector urbano de la parroquia Luz de América.

Nueva propuesta

Una de las propuestas surgida desde los padres de familia del CADE, representados por Miguel Moreta, fue que el Concejo Municipal adopte una resolución que plantee una moratoria de 6 meses para buscar otro terreno.

Mientras eso sucede, proponen que todos los burdeles vuelvan a funcionar pero con mayores exigencias por parte del Municipio.

De su parte, la Defensoría del Pueblo planteó que la reforma a la ordenanza que impide el funcionamiento de los locales de servicios sexsuales en el perímetro urbano.

Sin embargo, ambas propuestas fueron descartadas por Quirola. La primera porque insistió que el proyecto no afecta los derechos de los estudiantes ni de la ciudadanía en general. Y la segunda porque no pueden cambiar ordenanzas para cumplir pedidos puntuales de cada sector que se sienta perjudicado por una norma, argumentó.

Al no haber ningún acuerdo tras cinco audiencias, Luis Felipe Buenaño, del Consejo de Participación Social, dijo que no se realizarán más audiencias.

Agregó que realizará un pedido de ampliación de información al Municipio para conocer más detalles del proyecto con el fin de tener más argumentos para impulsar acciones administrativas y judiciales que impidan la construcción de los centros de tolerancia en el lugar planificado por la actual administración municipal. (I) C.V.N.

Fotos archivo.

Unidades Técnicas Municipales realizaron una inspeccionaron a los 12 Centros de Tolerancia ubicados en el perímetro urbano de Santo Domingo.

Se confirmó que en tres centros de tolerancia se rompieron los sellos de clausura, lo cual constituye una infracción.

Por tal motivo, se levantan los informes para iniciar las acciones legales correspondientes.

Otros dos centros de tolerancia cambiaron de actividad y se les otorgó informe de Uso de Suelo para su funcionamiento.

Esos centros son La Hacienda y Nigth Club París Día, el uno para Hotel y el otro para Discoteca, respectivamente.

Las autoridades municipales informaron que centros como La Luna, Kapital y Los Almendros continúan con permisos prorrogados.

Éstos tres lugares tienen terrenos adquiridos y ubicados a 2 kilómetros del perímetro urbano, conforme lo establece la Ordenanza Municipal. Además cuentan con proyectos arquitectónicos aprobados.

Y cuatros centros de tolerancia continúan clausurados porque no cumplan con lo establecido en la norma legal vigente.

El Gobierno Municipal de Santo Domingo proyecta ubicar a los Centros de Tolerancia en el kilómetro 13 de la vía a Quevedo, según lo establece el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2030.

En los próximos días se inspeccionarán los Centros de Tolerancia del sector rural del cantón. (I)

Con información del GADMSD.

La preocupación, malestar e inconformidad salieron a relucir en muchos ciudadanos que habitan en la parroquia rural Luz de América y en sectores aledaños, quienes se oponen a que los centros de tolerancia de Santo Domingo sean reubicados en un predio situado en el kilómetro 13.5 de la vía a Quevedo.

Con vuvuzelas y carteles en mano varias manifestantes se apostaron en los bajos del Palacio Municipal para gritar consignas en contra de la actual administración y para exigir que se busque otro sector para el funcionamiento de los prostíbulos. 

Por años esos negocios han funcionado en el kilómetro 7,5 de la vía a Quevedo pero por preceptos municipales deben ubicarse fuera del perímetro urbano.

Los manifestantes sustentan su postura al señalar que cerca del lugar a donde se pretende trasladar a estos negocios existen instituciones educativas, lo cual califican como algo negativo para la sociedad estudiantil que integran dichos establecimientos.

“Es una corrupción para nuestros jóvenes, no es dable que se eduquen cerca de prostíbulos”, señaló Margarita Sarmiento.

Mariana Espinoza es una de las personas que se opone a que se instale una zona de tolerancia en el 13 de la vía Quevedo. Ella es propietaria de un inmueble ubicado en el lugar y teme que de darse la medida esto atraiga a la delincuencia.

Pronunciamiento

Raúl Quezada, vicealcalde de Santo Domingo, dijo que están administrando según lo que determina el Plan de Ordenamiento Territorial y garantizó que el proyecto incluye todas las medidas de seguridad.

Explicó que la expropiación del predio aún está proceso y que cuando termine ese proceso, se socializará con la comunidad del sector. Sin embargo, aclaró que “socializar no significa preguntarles si ahí quieren que vaya o no, el socializar significa (decirles) qué vamos hacer para evitar todos los problemas que puedan haber”. 

Quezada destacó que se instalarán centros de salud, que habrá presencia permanente de policías y sobre todo un cerramiento de árboles.

“Tenemos el compromiso con medio millón de habitantes para reubicar los prostíbulos, sabemos que en cualquier lugar van a existir los desacuerdos, para eso vamos a socializar con la gente y hacerles entender que las acciones de seguridad serán rigurosas”.

No hay concordancia

Jorge Luis Freire, representante legal de los afectados, asegura que existen contradicciones en el considerando emitido por la Alcaldía, pues entre los justificativos para autorizar el traslado se considera que estos negocios se encuentran cerca de instituciones educativas, iglesias, barrios urbanos y territorios ancestrales de la nacionalidad  Tsáchila.

“Si ese es el motivo, entonces las autoridades deben saber que el 13 de la Quevedo es un sector poblado, en el que también hay escuelas e iglesias” señaló el jurista. En el sector funcionan los centros educativos CADA, Carchi y Assad Bucaram. (I)

Fuente: Diario La Hora

Un predio de 16.47 hectáreas fue declarado de “utilidad pública y de interés social con fines de ocupación inmediata”, en el kilómetro 13,5 de la vía a Quevedo. Allí se reubicará a los centros de tolerancia.

La decisión la tomó el alcalde de Santo Domingo, Víctor Manuel Quirola, mediante resolución GADMSD-R-VMQ-2018-0378. El predio pertenece al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliary considerando el avalúo, el Gobierno Municipal compensará con $ 253.300,18.

Antecedentes

Desde el año 2014 el Gobierno Municipal ha notificado a los propietarios de los prostíbulos para que se reubiquen según los lineamientos de la Ordenanza que aprueba el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2030.

La norma legal establece que los centros de tolerancia deben ubicarse “a 2 kilómetros del perímetro urbano de la ciudad y a 1 kilómetro de los perímetros urbanos de las cabeceras parroquiales”. 

Sin embargo, por “la especulación de la tierra y negativa de venta de predios, los propietarios no han podido dar cumplimiento a la disposición”, indican informes municipales.

 

En julio de 2016, César Ureta, abogado de los propietarios de los prostíbulos, pidió la intervención del Municipio porque había especulación de la tierra.

Dijo, por ejemplo, que hasta fines de 2014 una hectárea costaba $ 20 mil dólares pero el costo por hectárea subió a $ 100 mil dólares.

Luego de finiquitar el trámite con Inmobiliar, Quirola dijo que harán “ciertos trabajos para lotizar de acuerdo a los requerimientos de estas actividades… Se va a arrendar, a X años, porque necesitan garantías para construir”.

Reacciones

Archivo. En agosto de 2017, 16 centros de tolerancia fueron clausurados por no contar con Certificado de Uso de Suelo y Patente Municipal.

El concejal Estuardo Suin dijo que pedirá documentación al respecto, pues una franja del terreno expropiado estaría cerca de la Unidad Educativa CADE.

Agregó que desconoce bajo qué figura entregará el predio para los centros de tolerancia. 

No se puede dar en arrendamiento, no se puede dar en comodato. Les vamos a vender o qué se va hacer”, preguntó. (I)