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La preocupación, malestar e inconformidad salieron a relucir en muchos ciudadanos que habitan en la parroquia rural Luz de América y en sectores aledaños, quienes se oponen a que los centros de tolerancia de Santo Domingo sean reubicados en un predio situado en el kilómetro 13.5 de la vía a Quevedo.

Con vuvuzelas y carteles en mano varias manifestantes se apostaron en los bajos del Palacio Municipal para gritar consignas en contra de la actual administración y para exigir que se busque otro sector para el funcionamiento de los prostíbulos. 

Por años esos negocios han funcionado en el kilómetro 7,5 de la vía a Quevedo pero por preceptos municipales deben ubicarse fuera del perímetro urbano.

Los manifestantes sustentan su postura al señalar que cerca del lugar a donde se pretende trasladar a estos negocios existen instituciones educativas, lo cual califican como algo negativo para la sociedad estudiantil que integran dichos establecimientos.

“Es una corrupción para nuestros jóvenes, no es dable que se eduquen cerca de prostíbulos”, señaló Margarita Sarmiento.

Mariana Espinoza es una de las personas que se opone a que se instale una zona de tolerancia en el 13 de la vía Quevedo. Ella es propietaria de un inmueble ubicado en el lugar y teme que de darse la medida esto atraiga a la delincuencia.

Pronunciamiento

Raúl Quezada, vicealcalde de Santo Domingo, dijo que están administrando según lo que determina el Plan de Ordenamiento Territorial y garantizó que el proyecto incluye todas las medidas de seguridad.

Explicó que la expropiación del predio aún está proceso y que cuando termine ese proceso, se socializará con la comunidad del sector. Sin embargo, aclaró que “socializar no significa preguntarles si ahí quieren que vaya o no, el socializar significa (decirles) qué vamos hacer para evitar todos los problemas que puedan haber”. 

Quezada destacó que se instalarán centros de salud, que habrá presencia permanente de policías y sobre todo un cerramiento de árboles.

“Tenemos el compromiso con medio millón de habitantes para reubicar los prostíbulos, sabemos que en cualquier lugar van a existir los desacuerdos, para eso vamos a socializar con la gente y hacerles entender que las acciones de seguridad serán rigurosas”.

No hay concordancia

Jorge Luis Freire, representante legal de los afectados, asegura que existen contradicciones en el considerando emitido por la Alcaldía, pues entre los justificativos para autorizar el traslado se considera que estos negocios se encuentran cerca de instituciones educativas, iglesias, barrios urbanos y territorios ancestrales de la nacionalidad  Tsáchila.

“Si ese es el motivo, entonces las autoridades deben saber que el 13 de la Quevedo es un sector poblado, en el que también hay escuelas e iglesias” señaló el jurista. En el sector funcionan los centros educativos CADA, Carchi y Assad Bucaram. (I)

Fuente: Diario La Hora

Un predio de 16.47 hectáreas fue declarado de “utilidad pública y de interés social con fines de ocupación inmediata”, en el kilómetro 13,5 de la vía a Quevedo. Allí se reubicará a los centros de tolerancia.

La decisión la tomó el alcalde de Santo Domingo, Víctor Manuel Quirola, mediante resolución GADMSD-R-VMQ-2018-0378. El predio pertenece al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliary considerando el avalúo, el Gobierno Municipal compensará con $ 253.300,18.

Antecedentes

Desde el año 2014 el Gobierno Municipal ha notificado a los propietarios de los prostíbulos para que se reubiquen según los lineamientos de la Ordenanza que aprueba el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2030.

La norma legal establece que los centros de tolerancia deben ubicarse “a 2 kilómetros del perímetro urbano de la ciudad y a 1 kilómetro de los perímetros urbanos de las cabeceras parroquiales”. 

Sin embargo, por “la especulación de la tierra y negativa de venta de predios, los propietarios no han podido dar cumplimiento a la disposición”, indican informes municipales.

 

En julio de 2016, César Ureta, abogado de los propietarios de los prostíbulos, pidió la intervención del Municipio porque había especulación de la tierra.

Dijo, por ejemplo, que hasta fines de 2014 una hectárea costaba $ 20 mil dólares pero el costo por hectárea subió a $ 100 mil dólares.

Luego de finiquitar el trámite con Inmobiliar, Quirola dijo que harán “ciertos trabajos para lotizar de acuerdo a los requerimientos de estas actividades… Se va a arrendar, a X años, porque necesitan garantías para construir”.

Reacciones

Archivo. En agosto de 2017, 16 centros de tolerancia fueron clausurados por no contar con Certificado de Uso de Suelo y Patente Municipal.

El concejal Estuardo Suin dijo que pedirá documentación al respecto, pues una franja del terreno expropiado estaría cerca de la Unidad Educativa CADE.

Agregó que desconoce bajo qué figura entregará el predio para los centros de tolerancia. 

No se puede dar en arrendamiento, no se puede dar en comodato. Les vamos a vender o qué se va hacer”, preguntó. (I)