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La Dirección Antinarcóticos halló droga en el interior del autobús, procedente de la ciudad colombiana de Cali, que se accidentó en la vía Papallacta-Pifo el pasado martes 14 de agosto del 2018.

Así lo confirmaron agentes de la Policía a este Diario. La detección se realizó a través canes adiestrados, que alertaron la presencia de la sustancia ilegal entre las latas retorcidas del vehículo, retenido en un patio vehicular, en Calderón, en el norte de Quito.

La noche de este jueves 16 de agosto del 2018, la Unidad Contra el Tráfico Interno realizó una inspección y luego de romper una parte de la carrocería se tomó una muestra de los bultos ocultos.

Según agentes, la sustancia era marihuana tipo ‘Cripy’. Hasta el momento se desconoce la cantidad exacta del cargamento, ya que aún los agentes y la Fiscalía no concluyen la extracción. Se presume que estos paquetes estarían encaletados en el piso del vehículo.

Según las investigaciones sobre la ruta que realizó el bus, éste partió desde Cali e ingresó al Ecuador por Sucumbíos. El destino eran llegar a playas ecuatorianas y bajar hasta Perú.

En el accidente registrado el martes (14 de agosto) murieron 23 personas de origen colombiano, venezolano y ecuatoriano.

Fuente: Diario El Comercio

Fotos cortesía.

El Gobierno Nacional presentó las tarifas preferenciales del Servicio Móvil Avanzado (SMA), para los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y pensiones, registrados en el Ministerio de Inclusión Económica y Social.

El ministro de Telecomunicaciones, Guillermo León, explicó que se trata de una reducción de más del 70% en el precio de las llamadas celulares y del 89% en datos de internet para este grupo.

Para este para objetivo realizó convenios con las operadoras CNT, Claro y Movistar. Estos beneficios se aplicarán gracias a la Resolución ARCOTEL-2017-1286, que buscar la asequibilidad del servicio por parte de estos grupos sociales de atención prioritaria, que cuentan con un menor nivel de ingresos o presupuesto limitado.

Autoridades informaron que proximadamente 900 mil personas se beneficiarán con la Tarifa Social de servicio móvil avanzado.

Alrededor de un millón de beneficiarios pueden acercarse desde este miércoles 15 de agosto a sus operadoras telefónicas, presentar su cédula de ciudadanía y beneficiarse inmediatamente de estas tarifas preferenciales, que se aplicarán a la modalidad prepago.

Estas permitirán a los beneficiarios hablar al menos tres veces más y navegar nueve veces más, en relación al consumo promedio existente con los techos de las tarifas comerciales.

El ministro León recalcó que este beneficio forma parte de las políticas del gobierno para reducir la brecha digital de los sectores más desfavorecidos. “Las personas que viven en pobreza extrema y pobreza se encuentran en lugares distantes, por eso es importante la contactabilidad y el acceso a la información”, apuntó Berenice Cordero, titular del MIES.

Según datos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), en cuanto a llamadas, la tarifa promedio para servicios prepago es de $ 0,14 y con la aplicación de este beneficio se reduciría a $ 0,04.

En cambio para datos móviles pasaría de $ 0,10 el megabite a $ 0,01. Washington Carrillo, director de Arcotel señaló que la medida se aplicará únicamente a una línea activa en servicio prepago y con un solo prestador de servicios telefónicos y de datos.

Lorena Naranjo, principal del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos (Sinardap), explicó que la institución dispone de una plataforma que les permitirá a los operadores privados contar con la información de cada beneficiario de los servicios del MIES que podrán acogerse a esta iniciativa. (I)

Fuente: Diario El Telégrafo.

Ecuador decretó este miércoles 8 de agosto del 2018 el estado de emergencia en las provincias de Carchi, Pichincha y El Oro por la crisis humanitaria de ciudadanos venezolanos, quienes registran una afluencia “inusual” por el Puente de Rumichaca, la frontera con Colombia.

La medida fue adoptada por el Gobierno del presidente Lenín Moreno. Santiago Chávez, viceministro de Movilidad Humana, dijo a EL COMERCIO que la emergencia durará este agosto. Por ahora es por “un tiempo corto.

Seguiremos evaluándola permanentemente”. “La idea es que las instituciones que la requieren para el uso de sus recursos, especialmente la Secretaría de Gestión Riesgos, que es la entidad rectora en cuestiones de emergencia, puedan articular bien su participación y utilizar esos recursos que disponen con miras a precautelar justamente la integridad de estas personas”.

La declaratoria se produce después de una reunión entre Cancillería y varias entidades estatales como el Municipio de Quito y el Consejo Provincial de Pichincha y autoridades de Carchi y El Oro.

En los diálogos previos también participaron representantes de las organizaciones del sistema de Naciones Unidas como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

“Prácticamente es una decisión consensuada”, detalló el Viceministro. “Se activa por primera vez en este tiempo con miras a que demos una respuesta eficaz y contundente en beneficio de la preservación de la integridad de las personas que están ingresando a territorio ecuatoriano”, agregó.

Durante el 2017, Ecuador registró el ingreso de 287 972 ciudadanos venezolanos. De ellos, 61 143 se quedaron en el país.  “El lunes (6 de agosto) hemos recibido una alerta en la frontera porque hay un grupo grande de ciudadanos venezolanos que están en Rumichaca que desean ingresar y, de hecho, están ingresando desde ayer al Ecuador”, aseguró Chávez.

El registro que maneja Cancillería es de 4 200 ciudadanos de origen venezolano que ingresan en un solo día al Ecuador. El Viceministro precisó que esta afluencia en la frontera norte “es un número inusual, un poco mayor de lo que registramos normalmente”.

Fuente: Diario El Comercio

Comunicado de la Cancillería de Ecuador.

“Mujer precavida vale por dos”, dice Catherine Moposita, de 19 años, mientras espera sentada sobre un baúl lleno con ropa e implementos de aseo.

“Estoy lista para que me escojan”, cuenta la joven oriunda de Sucumbíos, quien este viernes 3 de agosto del 2018 llegó a Quito. Decenas de mujeres forman, la tarde de este viernes, una larga fila afuera del Cuartel Militar, en El Pintado, en el sur de Quito, un día antes de que se abran las puertas para el reclutamiento.

Las jóvenes, acompañadas de sus madres, hermanos y padres, esperan ser favorecidas con alguno de los 199 cupos que el Ministerio de Defensa abrió por primera vez este 2018 para mujeres, en el proceso de servicio civil militar voluntario, que se realizará este sábado 4 de agosto del 2018.

“Yo siempre he querido ser militar. No tengo miedo de lanzarme con paracaídas ni los insectos de la selva ni el frío ni nada”, cuenta entusiasta Carmen Anabel Japa, quien aguarda desde las 05:30 afuera del cuartel.

El pasado 20 de marzo, el Ministerio de Defensa dispuso, por primera vez en la historia, la incorporación de personal femenino al Servicio Cívico Militar voluntario. Según el Ministerio, se trata de un plan piloto, que se ha centralizado por esta ocasión en Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta.

El tiempo de capacitación y formación militar será de un año tanto para hombres como para mujeres.

En esta ocasión las Fuerzas Armadas recibirán 4 801 varones. Luego del año, los conscriptos tendrán licencia temporal de cinco años como parte de las reservas de Fuerzas Armadas.

  • Los requisitos para la conscripción

1. Ser declarada idónea en los exámenes médicos y psicológicos que se realizan en la presentación al acuartelamiento.

2. No tener antecedentes delicitvos.

3. Tener de 18 a 21 años, 11 meses y 30 días al ingreso.

4. Llevar cédula de ciudadanía

  • ¿Qué necesita llevar el día del acuartelamiento?

1. En una mochila, maleta o caja, que debe tener un candado, debe llevar lo siguiente: dos mudadas de ropa deportiva.

2. Ropa interior

3. Útiles de aseo personal

4. Traje y sandalias de baño

  • Los beneficios

1. Alimentación diaria

2. Servicio médico y dental

3. Estipendio mensual

4. Preparación y conocimiento para ingresar a las escuelas militares de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

Fuente: Diario El Comercio.

El juez José López aceptó la mañana de este viernes el pedido de prelibertad del exasambleísta Galo Lara, opositor del gobierno de Rafael Correa.

La audiencia se realizó a las 09:00 de hoy en la sala 3 de la Unidad Judicial Penal Norte 1, Guayaquil.

El juez dictó medidas sustitutivas por las cuales Lara deberá presentarse periódicamente ante un juez; además, podrá salir del país con autorización previa del juez, si él lo quisiera.

Lara había sido condendo a 10 años de prisión por supuesta complicidad en el triple asesinato de Quinsaloma.

Fue extraditado en el 2014, desde Panamá, y llevaba cuatro años de prisión.

Desde que se abrió ese caso se autoproclamó perseguido político por haber denunciado casos de corrupción del gobierno de Rafael Correa.(I)

Fuente: El Universo.

Cinco de los nueve jueces que conforman la Corte Constitucional (CC) votaron a favor del proyecto de sentencia. Este miércoles, 1 de agosto de 2018, el organismo jurisdiccional derogó el paquete de enmiendas que fue aprobado en diciembre del 2015.

Cerca de las 15:00 concluyó la sesión ordinaria de la CC. Una de las resoluciones tiene que ver con la anulación de 12 cambios a la Carta Magna, luego de que aceptaran tres de las siete demandas de inconstitucionalidad presentadas.

Desde la Corte todavía no se ha hecho oficial la decisión, ni los detalles de la votación. Esto se hará a conocer luego de que la sentencia quede en firme cumpliendo con la notificación a los demandantes.

“Se declara la inconstitucionalidad de las enmiendas a la Constitución de la República del Ecuador, aprobadas por la Asamblea Nacional del Ecuador el 3 de diciembre del 2015”, se indica en el texto del proyecto de sentencia.

Se anula la eliminación de la atribución de la Contraloría General del Estado de controlar “la consecución de los objetivos de las instituciones”. También el establecimiento de la comunicación como un servicio público.

Otro cambio que queda sin efecto es que los nuevos obreros públicos estén bajo el orden de la Ley de Servicio Público y que no se garantice su derecho a la contratación colectiva. Y que sea atribución del Estado central (y no de los Municipios) planificar, construir y mantener la infraestructura y equipos de salud y de educación.

En otra enmienda que ahora queda sin fundamento, se garantizó el pago de las pensiones jubilares de las FF.AA. y la Policía. Por otra parte, se eliminó que las FF.AA. apoyen en la seguridad integral del Estado.

También se retira la modificación a la edad de candidatos para Presidente de la República, a 30 años. Sobre los fondos IESS, solo se elimina una corrección, al pasar de fondos provisionales a fondos previsionales.

Por último, se anula la determinación de que los gobiernos locales puedan impulsar consultas populares únicamente sobre temas de su competencia.

Estas son las enmiendas constitucionales revisados por la CC

1. Seguridad social (Art. 370) A este artículo se añade: “el Estado garantiza el pago de las pensiones jubilares de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”.

2 y 3 Contraloría (Art. 211 y 212) Se elimina la atribución de la Contraloría General del Estado de controlar “la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado”.

4. Política laboral (Arts. 229, 326 y Disposición Transitoria) Los nuevos obreros del sector público estarán bajo la Losep. No se garantiza su derecho a la contratación colectiva.

5. Comunicación (Art. 384) La comunicación como un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios. Hay un sistema de comunicación social.

6 y 7. Educación y salud (Arts. 261 y 264) Es atribución del Estado central (y no de los municipios) planificar, construir y mantener la infraestructura y equipos de salud y educación.

8. La Defensoría (Art. 214) La enmienda que buscaba una mayor estructura desconcentrada de la Defensoría del Pueblo fue la única que se eliminó en el trámite legislativo.

9. Edad de candidatos (Art. 142) El Presidente de la República debe haber cumplido 30 años de edad a la fecha de inscripción de su candidatura, entre otros requisitos.

10. Misión de las FF.AA. (Art. 158) Las FF.AA. tienen como misión la defensa de la soberanía e integridad nacional y, complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado (…).

11. Fondos IESS (Art. 372) En la frase: fondos provisionales se cambia esta última palabra por “previsionales”, al referirse a los recursos que se administran en la Seguridad Social.

12. Consulta popular (Art. 104) Los GAD podrán impulsar una consulta popular sobre temas de su competencia. Los ciudadanos no podrán pedir consulta ‘sobre cualquier asunto’. Regiones autónomas. En esta discusión en la CC no entran dos enmiendas sobre la reelección, ya que están derogadas tras de a Consulta Popular del 4 de febrero pasado.

Fuente: Diario El Comercio

Un total de 24.208 kilogramos de desechos inorgánicos fueron retirados del campo por productores de Galápagos, quienes participaron en la ´Minga Campo Limpio´, realizada junto a personal de 12 instituciones públicas, siete organizaciones no gubernamentales y cuatro del sector privado.

La minga se desarrolló mediante brigadas, las cuales recorrieron los diferentes sectores de las islas Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y  Floreana, logrando recolectar a nivel provincial 3.380 kilogramos de desechos plásticos, 280 kilogramos de cartón, 2.215 kilogramos de plástico y vidrio, 2.493 kilogramos sin clasificar y 15.840 kilogramos de chatarra, beneficiando a 240 Unidades de Producción Agropecuaria (UPAS) de la región insular.

Este año, el Gobierno de Ecuador y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) llamaron a intensificar los esfuerzos globales contra la contaminación por plásticos.

Bajo este contexto, el 22 de abril de este año, el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos anunció la campaña ´Galápagos libre de plástico´, para cumplir con la normativa vigente que restringe el consumo de plásticos de un solo uso.

Los desechos inorgánicos como plásticos, envases, tela, papel o componentes electrónicos, demoran cientos y miles de años en descomponerse.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), como parte del pleno del Consejo de Gobierno de Galápagos, se sumó a la campaña, identificando la necesidad de apoyar a la preservación de los ecosistemas mediante la organización y ejecución de una minga interinstitucional para recolectar desechos inorgánicos en la zona agropecuaria de la provincia, con el objetivo de promover el adecuado manejo de los residuos generados en las unidades de producción.

Patricia Ortiz, productora del cantón Santa Cruz, invitó a la comunidad y en especial al sector rural a realizar correctas prácticas de clasificación y reciclado en los predios.

“La contaminación por basura afecta a los animales y cultivos en las fincas; se debe hacer conciencia pues vivimos en un lugar único en el mundo”, dijo Ortiz.

Con estas iniciativas se apoya a la sostenibilidad del sector agropecuario, con el fin de incentivar a los productores al manejo responsable de residuos inorgánicos en sus predios.

 

En la ´Minga Campo Limpio´ participaron funcionarios del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud Pública (MSP) y del MAG; además de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, Consejo de Gobierno del Régimen Especial para Galápagos (CGREG), Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad para Galápagos (ABG), Gobierno Municipal de Santa Cruz, gobiernos parroquiales rurales de Bellavista, El Progreso e Isla Santa María, Armada del Ecuador, Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz.

También estuvieron representantes de la Fundación Charles Darwin, Conservación Internacional (CI), Island Conservation,  Asociación de Productores Agropecuarios Verde Floreana, World Wildlife Fund (WWF), Galapagos Conservancy, Hacienda La Tranquila, Experiencia Galápagos, Fundación IOI, Frente Insular RMG y Lindblad Expeditions National Geographic.

Fuente: Ministerio de Agricultura.

El Contralor General del Estado subrogante, Pablo Celi, informó que se predeterminó la sanción de destitución en contra del prefecto de la provincia de Manabí por presuntas irregularidades en la contratación de obras contratadas de la zona de la Manga del Cura.

“Se ha procedido a predeterminar un conjunto de responsabilidades de tipo civil, alrededor de USD 2’200.000 en glosas, alrededor de USD 180.000  en sanciones administrativas, y también sanciones de destitución para algunos funcionarios en la provincia que incluye al prefecto de la provincia” indicó.

La Contraloría de Ecuador estableció que existieron presuntas irregularidades en varios contratos en la provincia de Manabí ejecutados por la Prefectura.

Celi dijo que el organismo de control ha realizado una serie de exámenes especiales en la provincia de Manabí, como parte de un programa de auditoría integral, a los proyectos que se ejecutan en esa provincia.

El Contralor indicó que en algunas obras no existieron estudios completos y en otros no se realizó ninguno. Además, no se cumplieron varios requerimientos legales y hubo incumplimiento de plazos.

En las obras ‘Rehabilitación de la vía Ayacucho – La Unión Tramo I’ en el cantón Santa Ana y la ‘Ampliación de la vía Santa Ana – Olmedo’ hubo pagos injustificados a la empresa contratada y a los subcontratistas.

Según el examen de la Contraloría, a la Empresa Pública Manabí Construye se le pagaron más de USD 763.000 por trabajos ya ejecutados.

Además, esa compañía le entregó USD 203.000 a la constructora Ciudad Rodrigo como parte de un contrato cuyo precio estipulado era menor.

La Prefectura tampoco cobró multas por USD 41.000 y USD 228.000 dólares a causa del retraso de inauguración de las obras. Los proyectos no contaron con estudios bien realizados, lo que incidió en aumento de plazos y costos.

En la ampliación de la vía Santa Ana – Olmedo se subcontrató a dos empresas por 4 500.000 dólares aproximadamente. Esta cantidad representaba el 40% del contrato, pero la ley no permite subcontratar por más del 30% de las obras.

El periodo de investigación comprende entre el 1 de agosto de 2014 al 30 de noviembre de 2017 e indaga a 16 funcionarios provinciales.

Fuente: Agencia Andes.

Los hermanos William y Roberto Isaías Dassum aspiran a la recuperación total de sus 195 bienes incautados en 2008 por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), tras la quiebra de Filanbanco y que significó un perjuicio al Estado de $ 661,5 millones.

Para Jorge Zavala Egas, abogado de los hermanos Isaías, la decisión del juez Jhonny Lituma de prohibir la enajenación de los bienes de sus defendidos es el primer paso para que Ecuador devuelva los activos incautados.

Según Jorge Zavala, el juez Lituma en su resolución de prohibir la enajenación de los bienes de sus clientes tomó en cuenta la resolución del Comité de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en junio de 2016 dictaminó que el Estado violó el derecho de los Isaías a las debidas garantías dentro del proceso de incautación de sus empresas.

“Desde que fue notificado el dictamen, en el gobierno de Correa, esos bienes tuvieron que ser devueltos. El proceso sigue adelante. Ahora, esperaremos el pronunciamiento y el siguiente paso será la búsqueda de un entendimiento en cumplimiento del dictamen de la ONU”.

El abogado de la familia Isaías aclaró que “la acción cautelar no tiene la intención de entorpecer ni poner obstáculo alguno a la gestión de la empresa de servicio público Inmobiliar”.

Zavala agregó que, “por el contrario, colabora con Inmobiliar evitando que se agrave la situación de condena que recibió Ecuador, luego del dictamen de la ONU y salvando la responsabilidad del actual Gobierno en la indemnización de daños en que incurrió el anterior gobierno”.

Dijo además que “no hacemos extensiva esa responsabilidad a los anteriores adquirientes de bienes incautados que hubieran podido ser enajenados por Inmobiliar, pues ese será un rubro comprendido que deberá ser asumido por el Estado cuando haga efectivo el cumplimiento de la decisión de Ginebra”.

En tanto, Nicolás Issa, director de Inmobiliar, está a la espera del pronunciamiento judicial para la realización de una audiencia, donde pedirá la revocatoria de la prohibición de enajenar los bienes de los hermanos Isaías. (I)

Fuente: Diario El Telégrafo.

Con la esperanza de formar parte de las filas policiales y con la entereza de colaborar en la seguridad ciudadana 36.720 jóvenes bachilleres se inscribieron en el proceso de reclutamiento y selección 2018-2019.

Según la unidad de reclutamiento del Ministerio del Interior, 5.400 hombres y 2.095 mujeres se postularon como servidor directivo y su preparación académica se desarrollará en la Escuela Superior de Policía; mientras que 21.731 varones y 7.502 féminas aspiran a una plaza de trabajo como técnico operativo.

Ellos efectuarán su entrenamiento en las Escuelas de Formación Policial. El ministro del Interior, Mauro Toscanini, dijo que hay 2.200 cupos para aspirantes a policías, de los cuales 400 para la Escuela Superior y 1.800 para técnicos operativos.

El aspirante con sentencia por pensión alimenticia o violencia de género no será seleccionado. (I)

Fuente: Diario El Telégrafo.