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El papa Francisco recibirá el próximo 16 de diciembre, en el Palacio Apostólico del Vaticano, al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, así informó este lunes el portavoz de la Santa Sede, Greg Burke. El mandatario ecuatoriano partirá este miércoles y prevé retornar al país el próximo 20 de diciembre, informaron fuentes de su gobierno.

Meses atrás, la canciller María Fernanda Espinosa había anunciado el desplazamiento del Jefe de Estado a Madrid, entre otras cosas, para mantener un encuentro con sus compatriotas radicados en el país europeo, a propósito del Día Internacional del Migrante, que se celebra cada 18 de diciembre.

En septiembre, Espinosa mantuvo un encuentro con su homólogo español, Alfonso Dastis, en el marco del 72 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

En esa ocasión abordaron temas referentes a la relación bilateral y confirmaron la visita presidencial, inicialmente programada entre el 15 y 18 de diciembre.

“Nos une una relación importante que son nuestros migrantes que están en España”, señaló la canciller, según declaraciones recogidas por un comunicado oficial.

En El Vaticano, el encuentro del presidente con el Santo Padre se realizará a las 11:00 hora local (10H00 GMT).

El día 15, el Papa recibirá al jefe de Estado boliviano, Evo Morales. (I)

Fuente: El Telégrafo.

Las revelaciones del secretario de la Presidencia, Eduardo Mangas, conocidas esta semana mediante un audio motivaron este miércoles la reacción del excandidato presidencial Guillermo Lasso.

 

Lasso, líder del movimiento CREO, considera que las declaraciones de Mangas “develan no solo cinismo y engaños, sino además la existencia de ilegalidades manifiestas que deben ser investigadas”.

Expresó que el Movimiento CREO y su bloque de asambleístas actuarán como una verdadera oposición a Alianza PAIS, “sin perjuicio de apoyar una consulta popular que recoge nuestra idea de defender valores esenciales de la democracia como es la alternancia en el poder”.

En campaña electoral

En el audio el funcionario presidencial Mangas hace referencia al “escenario adverso” de la campaña presidencial, en que el equipo de estrategia comunicacional liderado por Vinicio Alvarado pintó un escenario, donde ganaban con facilidad.

Dice Lasso que “tuvieron que montar un equipo paralelo de consultores que se percataron de que estaban por perder las elecciones”, por lo que “las encuestas que preveían el triunfo de Guillermo Lasso eran honestas, y exculpa absolutamente a Cedatos de toda deshonra en su contra”.

Personal diplomático al servicio de Correa en Bélgica

“Como bien señaló Mangas, Lenin Moreno y su equipo son consciente de que existen “tres personas en la embajada apoyándolo a él [Rafael Correa] como asistentes…trabajando solo para él”.

Esto supone un uso ilegal de recursos del Estado a todas luces, que debe ser denunciado e investigado. Porque, como el mismo Mangas señala, esas personas al servicio de Correa tienen “puesto diplomático”.

Para Lasso “queda claro que para Alianza PAIS no hay distinción entre recursos públicos y recursos del partido.

Falso frente de lucha contra corrupción

Dijo el señor Mangas: “siempre supieron que todo lo que denunciaba la Comisión Anticorrupción y otros personajes macabros como Villavicencio era verdad”.

Pero en lugar de salir a denunciarlo, decidieron formar el Frente de Lucha contra la Corrupción, con el único afán de quitarle protagonismo a la Comisión Anticorrupción de los ciudadanos.

“Concertaron una estrategia para desacreditar a una organización honesta, en vez de acusar a los responsables de la corrupción”, expresa Lasso en su comunicado. (I)

Fuente: Diario El Universo.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó los diseños de los documentos electorales oficiales (papeletas de votación y actas escrutinio), que serán utilizados en la consulta popular y referéndum 2018.

 

El Instituto Geográfico Militar se encargará de la impresión

El tamaño de la papeleta es A3. La vicepresidenta del CNE, Ana Marcela Paredes, explicó que son 8 las medidas de seguridad con las que contará el documento electoral: efecto anticopia, microtexto con diferentes tramados, senefas de seguridad, antiescaner, código de barras, entre otras.

Explicó que hubo dos propuestas y se aprobó la que cumplía con todos los estándares y seguridades establecidas, evitando la vulnerabilidad del documento.

El consejero Paúl Salazar sostuvo que hasta la fecha se cumplen con todas las actividades establecidas en el Plan Operativo para el proceso electoral.

El costo de la impresión de las papeletas y los documentos electorales está contemplado dentro del presupuesto, mientras el número de papeletas impresas será en función del número de electores.

El consejero Mauricio Tayupanta manifestó que se utilizarán tres biombos y una urna en cada mesa electoral y que serán los mismos de las pasadas elecciones generales 2017.

El objetivo es agilizar el tiempo de votación en las 35 mil juntas receptoras del voto. Mañana, por medio de una cadena nacional en radio y televisión, el CNE convocará a consulta a los ecuatorianos.

Para participar por el ‘sí’ o por el ‘no’, las organizaciones deberán inscribirse en el CNE desde el 8 hasta el 12 de diciembre. (I)}

Fuente: Diario El Telégrafo.

El expresidente de la República Rafael Correa notificó a la Asamblea sobre su ausencia del país hasta un año después de culminado su mandato, de acuerdo con lo que dispone la Constitución.

En un documento dirigido a José Serrano, titular del Legislativo, indica que se ausentará del país a partir del 4 de diciembre, por el lapso de al menos un año, pues viajará a Bélgica, a fin de atender “asuntos de carácter personal”.

Sin embargo, en la misiva recalca que, eventualmente, viajará a distintos países a dictar charlas y conferencias, “inclusive en Ecuador”.

Según el tercer inciso del artículo 144 de la Constitución, “la presidenta o presidente de la República, durante su mandato y hasta un año después de haber cesado en sus funciones, deberá comunicar a la Asamblea Nacional, con antelación a su salida, el periodo y las razones de  su ausencia del país”. (I)

Fuente: Diario EL TELÉGRAFO

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este viernes de manera únanime (5 votos) el plan operativo, presupuesto, cronograma y convocatoria a la consulta popular y referéndum. La convocatoria a plebiscito se realizará el 7 de diciembre.

 

Los comicios serán el próximo 4 de febrero, con 13′ 072.108 electores.  Según el plan operativo, el presupuesto planificado es de $ 48′ 296.280,82. 

En detalle

Por la austeridad disminuye de 2000 a 1566 los recintos electorales que, según las autoridades del organismo, es lo necesario para el desarrollo de la jornada electoral.  En el exterior solo habrá 21 recintos electorales.

“Tenemos la obligación de cumplir con la ley. Es deber del CNE desarrollar esta consulta, responder a la situación que vive el país”, dijo el consejero Mauricio Tayupanta al dar a conocer su voto a favor.

Foto: Papeleta Consulta Popular 2017.

Dijo que la consulta cumple con los requisitos de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y el Código de la Democracia. Explicó que será un proceso austero, pero que no afecta la parte técnica.

Durante la sesión, se mostró un borrador de la papeleta en formato A3, que contará con sellos e hilos de seguridad. Los anexos explicativos de cada pregunta estarán al reverso.

Según el cronograma, la campaña electoral se realizará del 3 de enero al 1 de febrero. El 21 de enero habrá un simulacro para probar el sistema de preguntas y el 28, otro simulacro para trabajar con el personal.

En la sesión se informó que habrá 110 observadores internacionales.

La vicepresidenta del CNE, Ana Marcela Paredes, adelantó que se prevé invitar a una delegación de la Unión Europea para observar esta jornada electoral.

En rueda de prensa, la presidenta del organismo, Nubia Villacís, recalcó que “nada ni nadie puede detener la consulta popular. Todas las funciones del Estado se ponen al servicio de la democracia”. (I)

Fuente: Diario EL TELÉGRAFO

Hoy, 22 de noviembre, dentro de la campaña que lleva adelante la Asamblea Nacional, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el presidente José Serrano Salgado anunció la firma de un requerimiento para pedir el perdón de la pena a las mujeres procesadas por aborto.

 

Son 184 mujeres las que actualmente están enjuiciadas por esa situación. Según Serrano, la criminalización tiene su naturaleza en una mirada machista y denigrante. “Hay que terminar con esos estereotipos absurdos de una sociedad que tiene que transformarse de forma definitiva”, aseguró y se preguntó: “¿dónde están los hombres que produjeron esos embarazos, por qué solo es contra las mujeres?”

Foto: Asamblea Nacional

¿Dónde están los hombres que produjeron esos embarazos? ¿Por qué solo es contra las mujeres?” preguntó José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional.

Romper estereotipos

Las cifras alertan. En Ecuador 6 de cada 10 mujeres experimentan algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Cada 50 horas en el país es asesinada una mujer. Justamente por eso, en la Asamblea se discute cómo a través de la legislación se puede hacer frente a esta problemática.

 

Con la frase “Rompamos estereotipos, no somos muñecas”, la Asamblea se puso a tono para recordarle al mundo que la violencia contra las mujeres es un grave problema social.

En un mural, ciudadanos y funcionarios del Parlamento colocaron muñecas que representan los sueños rotos, la niñez robada y lo que se arrebata cuando una mujer es víctima de violencia. Serrano también se unió a la campaña.

Fuente: Asamblea Nacional

El trabajo de identificación de empresas fantasmas, como instrumento de evasión de impuestos, continúa teniendo prioridad dentro de la agenda de las autoridades tributarias. Bajo la lupa están 480 nuevas empresas por, presuntamente, emitir facturas falsas.

La práctica que en el país han seguido 512 empresas identificadas, de emitir facturas sin entregar un servicio a cambio y sin declarar estos ingresos al Estado, no solo que es un delito, sino que se ha convertido en una gran fuente de fuga de dinero que impide al Servicio de Rentas Internas (SRI) seguir recaudando impuestos. Juan Miguel Avilés, director provincial del SRI, sostiene que esta falsa facturación ya alcanza los $ 2.100 millones, una cantidad que, hasta el momento, le ha generado pérdidas por $ 655 millones al Estado, $ 367 millones de ellos recuperados.

El perjuicio al Estado significa el 5 % de lo que al año en tributos recauda esta entidad (más de $ 13.000 millones), pero más de un tercio de la deuda que, a nivel nacional ($ 1.600 millones) el SRI tiene por cobrar. “Entonces estamos hablando de una cifra muy importante”, dice Avilés, quien comenta las acciones que el SRI sigue, incluso a nivel penal, para poder recuperar estos recursos. De enero hasta la fecha, se han presentado 207 denuncias ante la Fiscalía, que actualmente están en proceso de investigación.

Pero no solo se trabaja en control, sino en prevención. En carpeta reposan algunas potenciales medidas para evitar que más empresas fantasmas sigan naciendo en el país. Entre ellas, la idea de establecer un techo al monto de emisión de facturas, para evitar que empresas nuevas, que no tienen un movimiento financiero importante, emitan grandes cantidades. También se analizan otras acciones que siguen países vecinos, como la de aplicar una retención diferenciada entre proveedores recurrentes y no recurrentes. En Argentina, explica Avilés, “cuando son proveedores permanentes se aplica un porcentaje de retención, cuando son nuevos, no calificados, se aplica otro tipo de retención y así es como se evitan inconvenientes a futuro”, dijo.

Gremios empresariales como la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) siguen de cerca estos controles. Medidas que, en voz de su director ejecutivo, Juan Carlos Díaz-Granados, dicen apoyar. “Estamos en contra de cualquier defraudación porque eso significa competencia desleal”, aclara. No obstante, cree que el control debe aplicarse solo a las empresas que cometen la irregularidad. Por casos puntuales, señala, no se puede castigar a todos.

Temen que por este tema se aplique algo similar a la tasa de $ 0,10 que se impulsa en la Aduana, para acabar con la subvaloración de productos, una defraudación que también, según las autoridades, se hace utilizando a las empresas fantasmas.

Pablo Guevara, socio de la firma de consultoría tributaria Fides Buró, se une a ese criterio. Él duda que todas las 18.000 empresas investigadas hayan pagado facturas de empresas inexistente con el fin de cometer una infracción. “Una buena parte de ellas, probablemente sí. Pero hay excepciones. La empresa formal pudo haber recibido los servicios que adquirió, pero haber recibido una factura falsa de una empresa que luego desapareció. Pero puede resultar que la transacción fue existente, muy existente”.

Desde el SRI admiten este tipo de casos, sobre los cuales, dice, se está investigando. Guevara orienta que para no caer en la vulnerabilidad es preciso que tanto grandes como pequeñas empresas refuercen su política de selección de proveedores. “Que su selección sea fruto de una política interna que eventualmente puede consistir en la calificación del proveedor y en la calificación de la oferta”. Suena burocrático, sí, pero oportuno para evitar estos casos.

La incidencia de estas firmas

En el país

El Servicio de Rentas Internas (SRI) ha detectado a escala nacional 512 empresas fantasmas que sirvieron para realizar facturación falsa sobre gastos inventados. Esto por un monto que hoy se eleva a los $ 2.100 millones.

En Guayas

Esta provincia, por tener la mayor concentración de compañías, es la que más vulnerabilidad tiene ante las empresas fantasmas. Del total de firmas identificadas, 392 empresas facturaron $ 958 millones, casi la mitad del monto global.

En el comercio

De los 18.000 clientes que han comprado facturas falsas, el 34,71 % opera dentro del sector comercial. Le siguen otros segmentos económicos como el de construcción e industrias manufactureras, con el 21,3 % y el 8,6 %, respectivamente.

Fuente: Diario Expreso.

La dificultad de acceder a la educación superior y al empleo fueron las inquietudes que el colectivo afrodescendiente de Guayaquil expuso al secretario técnico de Juventudes, Elías Tenorio, durante un foro para socializar el trabajo de la entidad, que tiene dos meses de creación.

De acuerdo a una publicación de diario El Telégrafo, durante una hora, representantes de jóvenes de los sectores afro del Guasmo e isla Trinitaria expusieron la situación social de este grupo poblacional que, coincidieron, continúa excluido de las políticas públicas.

Luego de la cita, Ángela Ramírez, de la cooperativa Valle Independiente del Guasmo Sur, manifestó que existe la confianza en que la Secretaría atienda no solo a este sector, sino a otros colectivos, cuyos derechos son vulnerados, pese a ciertos avances logrados en los últimos diez años.

“Ahora tenemos la visión de velar por nuestros derechos y que se cristalicen algunos temas sobre políticas públicas. Lo que más reclamamos es el acceso al empleo porque la mayoría de nuestros jóvenes solo tienen acceso al subempleo”, aseguró.

Se mostró confiada en que los diálogos que impulsa el Gobierno abren expectativas para toda la población.

En ese sentido también se pronunció Ana Cisneros, de la cooperativa Américo Vespucio, de la isla Trinitaria. Para ella la reunión fue importante porque se toma en cuenta el criterio de los jóvenes y a los territorios para los problemas y la búsqueda de soluciones.

De su lado, Elías Tenorio, secretario técnico de Juventudes, indicó que al momento se ha reunido con jóvenes de cinco provincias del Ecuador. “Esta es la segunda vez que estoy en Guayaquil”, manifestó.

Considera que el objetivo es socializar los temas que involucran a las organizaciones afrodescendientes que de una u otra forma han vivido la exclusión y la falta de oportunidades, además existe el compromiso de planificar acciones como acceso a educación, créditos y empleo.

Fuente: El Ciudadano

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Ecuador, con un 51,90 %, se encuentra en el primer puesto de América del Sur en cuanto a índices de confianza en la justicia, así lo establece el informe “La cultura política de la democracia en las Américas 2016-2017”, del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), presentado hoy por el Consejo de la Judicatura ecuatoriano.

El estudio fue elaborado por la Universidad de Vanderbilt de Estados Unidos, que evaluó en este tema a 10 países de Suramérica como: Uruguay (35 %), Bolivia (31,90 %), Colombia (31 %), Perú (29,80 %), Argentina (27,60 %), Paraguay (25 %), Venezuela (23 %), Chile (20,70 %) y Brasil (10,10 %).

La encuesta fue realizada a una población urbana y rural mayor de 18 años en 28 países, incluidos Canadá y Estados Unidos. Se entrevistaron a 49.000 personas  y en el caso ecuatoriano  a 1.512.

Este fue uno de los temas que analizó la Mesa de Justicia que se reunió, hoy, en Guayaquil, con el objetivo de tratar aspectos relacionados con la gestión judicial y la seguridad.

El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, se refirió al informe de LAPOP y explicó que a las personas encuestadas en Ecuador se les preguntó: ¿Si usted fuera víctima de un delito confía que el sistema judicial va a condenar al culpable? Ecuador obtuvo 51.9 puntos, ubicándose en primer lugar y es el único país de América Latina que aumentó su calificación ya que en 2014 obtuvo 45,13 %.

De acuerdo con el funcionario de Estado, este informe es compatible con la encuesta realizada por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos en el 2016, sobre confianza en la justicia, donde obtuvo 51.6 %. En esta misma línea, indicó que los estudios realizados por el CJ en el tema de satisfacción del usuario alcanzaron una puntuación de 70.8.

Al referirse al informe del Foro Económico Mundial sobre la independencia judicial que sitúa al Ecuador en el puesto 135 de 137 naciones, Jalkh dijo que ahí apenas se entrevistó a 92 líderes empresariales.

Fuente: Agencia de Noticias Andes.

El presidente de la República, Lenín Moreno, firmó este lunes la derogatoria al Decreto 16 y su posterior reforma, Decreto 739, emitidos por el expresidente Rafael Correa, que regulaban a las organizaciones sociales en el país.

Varios sectores rechazaban estas normativas, argumentando que violaban derechos fundamentales como el de la libre asociación.

Moreno afirmó que la idea es simplificar los requisitos burocráticos, lo cual hará que las ONG tenga las facilidades para desarrollar sus trabajo en el país.  En junio del 2013 se emitió el Decreto 16 y, en agosto del 2015, se expidió la reformas al reglamento.

El secretario de la política, Miguel Carvajal, señaló que con la derogatoria “se termina con los requisitos de un estado burocrático y controlador”. Comentó que esta decisión del Ejecutivo no es para devolver personalidad jurídica a ningún grupo, pero en el caso de la Unión Nacional de Educadores (UNE), puede volver a inscribirse sin problema.

Con la derogatoria, el presidente Moreno expidió también el nuevo reglamento para el otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales.

Se estipula un plazo de hasta 90 días, para que todas las instituciones del Estado que tengan competencia para otorgar personalidad jurídica carguen la información correspondiente en la Plataforma del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones. (I)

Fuente: El Telégrafo