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Jordi Ignasi Senabre, párroco de Polinyà, en Barcelona, desapareció tras ser acusado de abusar de un menor de 13 años en 1988, con una petición fiscal de cinco años de cárcel y nunca más se ha vuelto a saber de él.

La Audiencia de la capital catalana le llamó a declarar en octubre de 1991 y no se presentó. El arzobispado de Barcelona argumentó que había salido del país “de misiones”, pero no aclaró nada más.

No hubo más noticias de su paradero hasta que Senabre fue arrestado en enero de 1994 en Uruguay, donde había entrado con un visado turístico. España pidió su extradición el 4 de marzo de ese año, pero fue denegada en junio.

El país sudamericano no llegó ni a contestar, según confirma el Ministerio de Justicia. El cura quedó libre y se perdió su pista. Hasta hoy.

EL PAÍS le ha localizado en la diócesis de Santo Domingo de los Colorados, en Ecuador. Siempre estuvo allí, y el arzobispado de Barcelona siempre lo supo: lo mandó la propia diócesis en 1990 tras enviar una solicitud por carta, según confirma el vicario general de Santo Domingo, Galo Robalino.

Contactado por este periódico, Sanabre ha colgado al saber que se trataba de un periodista español: “Se equivoca usted”.

El vicario de la diócesis ecuatoriana, en conversación telefónica, muestra su consternación y sorpresa por los antecedentes de Senabre, que en algunos documentos aparece como “Sanabre”.

Está jubilado desde hace cinco años y ha ejercido como cura en esta localidad, a 150 kilómetros de Quito. “Esta noticia me cae de sorpresa, me entero por usted, dudo mucho de que nos informaran de su situación, no creo que el obispo de entonces, don Emilio Stehle, lo hubiera permitido, pero vamos a mirar la carpeta de este sacerdote a ver qué hay”, explica.

Al contrario que la mayoría de las diócesis españolas contactadas ante casos de abusos, este vicario colabora sin titubeos en aclarar lo ocurrido.

Abre la carpeta del expediente de Senabre y encuentra la carta enviada por el obispado de Barcelona, fechada en 1990: “Le confirmo que aquí no dice nada, nada, de la denuncia contra él en España, solo es la solicitud de que le acojamos”.

Barcelona cambió de arzobispo justo ese año, en marzo de 1990, con la marcha de Narcís Jubany y la llegada de Ricard Maria Carles. Por tanto, al menos tres obispos de la ciudad desde 1990, todos ellos cardenales —Carles, Lluis Martínez Sistach y el actual, Juan José Omella—, han sabido del paradero de este sacerdote. El arzobispado de Barcelona se ha negado a aclarar a este periódico cuáles fueron las circunstancias de la fuga de Senabre y su actuación en este caso.

Hay muchas preguntas por responder: por qué se le permitió salir del país con un proceso abierto, dónde ha estado hasta ahora, por qué no se ha informado a las autoridades de su paradero, por qué no le ha abierto un proceso canónico… El arzobispado se ha limitado a responder con una frase: “El exmisionero Jordi Senabre tiene un proceso en curso en Roma reabierto el 16 de junio de 2016, en la línea de tolerancia cero manifestada por la Santa Sede”.

Fuentes de órganos de Tutela de Menores vaticanos confirman que la Santa Sede ha revisado en los últimos años muchos casos antiguos que no habían sido gestionados correctamente por los obispos, que no habían avanzado por falta de testimonios o que se cerraron en falso.

El de Senabre es uno de ellos, tal y como confirma la propia diócesis de Barcelona. Pero visto el estado de la investigación, se ha hecho caso omiso de la insistencia del Vaticano para abordarlo desde 2016.

Por su parte, la diócesis de Santo Domingo, en Ecuador, confirma que en 2016 recibió una comunicación del Vaticano para que informara sobre Senabre. El obispo consultó a tres veteranos sacerdotes del lugar, cuya opinión fue positiva, y envió la respuesta a Roma. “Pero en estos años no hemos tenido ni un solo contacto de la archidiócesis de Barcelona”, asegura el vicario.

Senabre fue enviado en 1990 en misión fidei donum,fórmula de las diócesis para prestar sacerdotes a otros países de forma temporal. Aunque siempre permanecen incardinados en su obispado de origen, que sabe en todo momento dónde están.

Fuentes del Ministerio del Interior señalan que actualmente no hay una orden de arresto vigente contra este cura, porque probablemente el proceso no se ha mantenido abierto. La Audiencia de Barcelona está tratando de confirmarlo, pero al tratarse de un caso tan antiguo la búsqueda de información requiere tiempo. En todo caso, lo más probable es que el delito haya prescrito.

Fuente: Diario El País.

La tarde del viernes 7 de diciembre se firmó el contrato para la ampliación a cuatro carriles del tramo vial Unión del Toachi-Santo Domingo FASE I.

Del acto participó el prefecto Geovanny Benítez, Alexandra Pesántez, jefa de Contratación Pública; y miembros de las empresas Sinohydro Corporation Limited y Eufrates Invest que integran el Consorcio Multinacional Tsáchila.

La firma se dio 11 días después de la adjudicación mediante Resolución Administrativa No. GADPSDT-JCP-2018-351 firmada por Benítez el 26 de noviembre. de 2018

Detalles

La obra, que tendrá un costo de 26387.453,8173 + IVA, comprende la ampliación de 15.1 de los 28 kilómetros delegados al Gobierno Provincial. 

La Prefectura gestionó un crédito por 30.490.244,81 ante el Banco de Desarrollo para financiar la ampliación de la vía y la fiscalización de la obra civil.

La Prefectura contrató la fiscalización por $ 1ꞌ686.139,28 con la empresa Consorcio Fiscalización Vial Toachi.

El crédito se pagará con los recursos que ingresen al peaje en los siguientes 10 años. 

Plazo

El Consorcio Multinacional Tsáchila tendrá 1096 días “para la ejecución del contrato, contados a partir del de la entrega del anticipo o de la orden de inicio impartida por el Fiscalizador de la Obra y/o Administrador del Contrato.”

Quedará pediente…

La contratación, por cuestiones de costos, no incluye las variantes de Alluriquín y Tinalandia, el viaducto de Unión del Toachi, la iluminación y el soterramiento de cables.  (I)

Como Oswaldo Carrillo fue identificado el conductor de un camión que transportaba mariscos desde Anconcito hacia Santo Domingo.

Según versiones de testigos, un tráiler chocó al camión en la provincia de Los Ríos.

Debido al fuerte impacto, Carrillo falleció de manera instantánea.

Hasta el lugar del accidente llegaron unidades de primeros auxilios y de socorro, pero toda ayuda fue en vano.

Oswaldo era conocido como “Charol” y se dedicaba a trasportar mariscos para los puestos del Mercado de mariscos ubicado en la cooperativa 17 de Diciembre.

El accidente sucedió la madrugada de hoy, domingo 9 de diciembre de 2018. (I)

María Goyes de 57 años, fue atacada por un perro de raza pitbull cuando iba a limpiar una casa en la urbanización Mutualista Benalcazar (Santo Domingo).

Según relata, esperaba en la puerta mientras la dueña de casa guardaba a dos perros pitbull, pero uno se soltó y la atacó.

El perro no la soltaba, un vecino del lugar intervino para ayudarla. La dueña de casa trasladó a María al hospital Gustavo Domínguez y le dio $ 100 para los gastos.

María tiene siete heridas: en el pie izquierdo, pierna derecha, brazos y mano derecha.

“El pie no me soltaba. Me sacó un pedazo, allá en el hospital no sé qué hicieron pero me cocieron ahí”.

El ataque dejó heridas profundas y daños psicológicos. María no puede dormir tranquila, pues cuando pretende descansar recuerda el ataque y despierta asustada.

Sustento del hogar

María pide que se haga justicia. Ahora debe esta en reposo y no puede trabajar.

Con los $ 20 o $ 30 diarios que gana por limpiar casas, también cuida de sus padres que son adultos mayores (su madre que tiene una hernia en la ingle y su padrastro con discapacidad visual).

Su hija Sara Goyes intentó dejar sentada la denuncia pero le manifestaron que no procede en la Fiscalía, en el Consejo de la Judicatura y más organismos.

En Santo Domingo, desde el año 2016, está vigente la Ordenanza para la tenencia responsable de mascotas.

En el artículo 6 de dicha normativa se establecen las responsabilidades de los dueños de mascotas cuando agredan a una persona.

“Están obligados a cubrir todos los gastos médicos, prótesis y daños psicológicos de la o las personas afectadas por la agresión de un perro, sin perjuicio de las demás acciones civiles y penales consecuencia de la agresión.”

Norma Ludeña, concejal y proponente de la ordenanza, manifestó que ante casos como el de María debe presentarse un escrito al Gobierno Municipal para que personal del departamento Fauna Urbana ejecute la Ordenanza.

Ordenanza no se cumple

En el artículo 9 de la citada Ordenanza, se establece que “sin la debida autorización y supervisión de la Unidad de Fauna Urbana se prohíbe expresamente la tenencia y comercialización de perros de raza bóxer, Akita, gran danés, pitbull, o de otros que pesen más de 25 Kg”.

Sin embargo, esto no puede cumplirse porque, según indicó Ludeña, no cuentan con un profesional que realice un examen etológico (comportamiento animal) a los perros.

La Ordenanza también “exige” que los dueños de perros de dichas razas aprueben un curso de adiestramiento y manejo responsable, pero tampoco se cumple. (I)

Dos estudiantes están con medidas cautelares luego de que habrían intentado acabar con la vida de un profesor.

El hecho habría ocurrido el jueves 6 de diciembre alrededor de las 18:00 al interior de una Unidad Educativa de Santo Domingo ubicada en la vía a Quevedo kilómetro 6.

El caso

Dos adolescentes se acercaron al profesor para decirle que hay problemas en un aula del cual es tutor, y cuando se disponía a abrir la puerta de la oficina uno de los estudiantes sacó una pistola de la mochila, le apuntó a la cabeza y la accionó dos veces pero no detonó.

Entonces los estudiantes salieron corriendo. El docente informó a las autoridades del colegio y al siguiente día, viernes 7 de diciembre, encontraron la pistola.

Es así que llamaron al 911 para que tome procedimiento del caso. Los adolescentes fueron trasladados a la Unidad Judicial para el trámite correspondiente.

La audiencia

El fiscal José Robles señaló que en la audiencia se logró determinar que “el arma existe, que es un arma de fabricación artesanal y, sometida a peritaje, está apta para producir disparos”.

Es por ello que, de la información recabada, Fiscalía formuló cargos contra dos adolescentes, de 13 y 14 años, por homicidio en el grado de tentativa. El Juez acogió el pedido y notificó a los procesados. La Instrucción Fiscal durará 30 días. 

Además se dispuso medidas cautelares, como la presentación ante el Juez de Niñez y Adolescencia todos los días viernes y la prohibición de salida del país. (I)

Galo Calero, de la Comisión Ciudadana Anticorrupción; y Rodrigo Barros, miembro Colegio de Ingenieros Civiles, se refieren a la ampliación de vía Unión del Toachi – Santo Domingo que impulsa la Prefectura de la provincia Tsáchila.

“Santo Domingo está quieto, no entiende el perjuicio que le están causando”, dice Calero al referirse al proceso de contratación de esta obra.

La Prefectura adjudicó al Consorcio Multinacional Tsáchila la ampliación a cuatro carriles de la vía Alóag – Santo Domingo, tramo Unión del Toachi – Santo Domingo Fase I por $ 26’387.453 más IVA.

Dicho Consorcio está conformado por la empresa china Sinohydro Corporation Limited y Eufrates Invest.

En entrevista en radio MACARENA, el prefecto Geovanny Benitez dijo que “la empresa que construye Coca Codo no tiene nada que ver con la empresa que construirá la vía”.

Sin embargo, Calero señala que “Sinohydro es una compañía cuestionada y que está siendo investigada por la Contraloría.”

Detalles técnicos

Barros señala que la Prefectura se está equivocando en la concepción técnica de la obra.

“Ellos manejan una estrategia eminentemente política y económica, y están desvinculando la parte social y técnica” manifestó.

Como profesionales sugieren que “se hagan los tramos que están frente a los sectores críticos de la vía como Chiguilpe, Tinalandia y Alluriquín”.

Según Barros, no se ha informado sobre varias cosas. Señala que al frente de Alluriquín se construirá un viaducto de más o menos 350 metros y eso no le han dicho a la ciudadanía.

Calero recalcó que este proceso de contratación es un un capricho político de quien en pocos días se despedirá de la Prefectura dejándole un problema a Santo Domingo y al próximo Prefecto.” (I)

Objeciones al proceso de contracción de vía Alóag – Santo Domingo, tramo Unión del Toachi – Santo Domingo.

Posted by Radio Macarena on Friday, December 7, 2018

Tras 10 años y 8 meses como prefecto, Geovanny Benítez renunciará a su cargo para postularse como candidato a la alcaldía de Santo Domingo.
Benítez señaló que la ampliación de la vía Alóag – Santo Domingo, tramo Unión del Toachi – Santo Domingo, es un anhelo de hace más de 50 años.
Recordó que la administración de la vía se entregó “una vía con problemas, sin estudios, sin presupuesto, sin mantenimiento. Después nos quedamos sin peaje. Todo eso lo superamos.”
En la actualidad, resaltó que la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas tiene un peaje, estudios aprobados, una línea de financiamiento aprobada y contratada la fiscalización de la obra.”
Tras superar varias quejas durante el proceso de contratación de ampliación de la vía, la firma del contrato se dará en los próximos días.
Si el martes 11 de diciembre renunciará al cargo y con todo un trámite legal previo a la firma, ¿Geovanny Benítez firmará el contrato? “Posiblemente lo firme el martes” dijo entre sonrisas.
Luego aclaró que será un miembro de la Comisión Técnica quien firme y que como autoridad, será responsable solidario.
Benítez dijo que “la empresa que construye Coca Codo no tiene nada que ver con la empresa que construirá la vía”. (I)

Posted by Radio Macarena on Thursday, December 6, 2018

Como contemplaba su Plan Anual de Trabajo, la disciplina de Judo de la Federación Deportiva Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas realizó la ceremonia de Ascenso de Cinturones con las diferentes categorías que existen para hombres y mujeres.

Alrededor de 39 deportistas participaron de esta fiesta deportiva que se realizó el pasado 1 y 2 de diciembre y que contó con la presencia de Mayra Sanmiguel, presidenta de la FEDESDT; Sergio Defáz, director técnico metodológico; y padres de familia.

Luego de demostrar sus destrezas en exhibiciones a manera de KATA, los deportistas fueron evaluados por sus respectivos entrenadores y al final les colocaron los respectivos Cinturones dependiendo el color del grado al que fueron ascendidos.

De su parte Miguel Pesántez, entrenador de Judo de la FEDESDT, se mostró muy agradecido y emocionado con la FEDESDT por permitir realizar dentro de su Plan Anual este tipo de Ascenso, así mismo manifestó que alrededor de 6 deportistas, entre varones y mujeres, en el 2019 buscarán ascender a cinturón negro o al grado de Dan, este ascenso solo lo puede realizar la Federación Ecuatoriana de Judo.

 

En compañía de los miembros de la Comisión Técnica y recalcando que las acciones emprendidas por el Gobierno Provincial han sido siempre apegadas a la norma, el prefecto Geovanny Benítez se refirió al proceso de contratación de ampliación de la vía Alóag-Santo Domingo, tramo Unión del Toachi-Santo Domingo, Fase I.

En rueda de prensa, ofrecida la tarde de este lunes 3 de diciembre, la autoridad dejó en claro que el proceso se encuentra adjudicado y que el trámite, administrativamente hablando, continúa su curso normal. Así se lo puede verificar en el Portal de Compras Públicas.

“Para nosotros es prioritaria la ampliación de la vía”, enfatizó Benítez, señalando que el Gobierno Provincial ha cumplido al 100 % los procesos y procedimientos, restando únicamente ver si ingresa una última queja, y responder dentro de los próximos días al Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), por las impugnaciones presentadas.

Anticipó que en los próximos días, personalmente, pedirá a la Contraloría que se audite toda la fase pre contractual hasta la firma del contrato, para que no se diga que se está tratando de ocultar o evitar algo.

Legalidad y cumplimiento

Por su parte Alexandra Pesántez, jefe de Contratación Pública de la Prefectura, se refirió a la última observación realizada por el SERCOP, de fecha 29 de noviembre y que ha dado pie a tergiversaciones, donde se hace mención a la falta de aplicación del acuerdo con la Unión Europea y se sugiere la declaratoria de desierto.

Sobre este punto, la funcionaria señaló que previo a esta sugerencia mantuvo reuniones de trabajo con personal del SERCOP y Ministerio de Comercio Exterior, concordando, tras revisar el proceso, que el Gobierno Provincial no violentaba lo establecido en el acuerdo, por cuanto respetaba los plazos, la experiencia, sin que exista afectación alguna.

“Desde la vigencia (del proceso) no ha existido un solo reclamo de algún oferente de la Unión Europea que diga que no se le permitió participar o que no se cumplió con lo que el acuerdo establecía”, destacó Pesántez, añadiendo que se dio contestación con la respectiva justificación.

Dejó en claro, también, que la Ley de Contratación Pública, dentro de las atribuciones que da al SERCOP está la de emitir recomendaciones o alertas; sin embargo, “las únicas recomendaciones de cumplimiento obligatorio son las de la Contraloría y Procuraduría General del Estado”.

Además, en el mismo documento se recuerda que en el Art. 99 numeral 3, se especifica que “es responsabilidad de la autoridad y de todo el equipo técnico que haya intervenido en la elaboración de la etapa preparatoria, precontractual y contractual, así como en la ejecución misma de los contratos, serán personal y pecuniariamente responsables”.

Con este antecedente, precisó Pesántez, que la misma Ley de Contratación Pública y su reglamento establecen que ni siquiera la interposición de reclamos suspende la ejecución del acto administrativo, razón por la cual en el Portal aparece el proceso de ampliación de la vía en estado adjudicado para registro de contrato. 

Sobre costo de la vía

Respecto al costo de la obra, dijo que la Ley señala que el mejor costo en obra no es precisamente el más bajo, sino es aquel que cumpla con las condiciones técnica, legales, financieras, administrativas y en general, con todo lo requerido en los Términos de Referencia.

En este caso, la adjudicación se la otorgó al Consorcio Multinacional Tsáchila por un valor de 26’387.453 dólares (SIN IVA), generando un ahorro para la institución y los usuarios de 2’671.811 dólares, que equivale al 9.19% del presupuesto referencial que era de 29’059.265,72.

“Nosotros lo que hacemos es cumplir la Ley. Y la Ley favorece al que ha cumplido con todos los requisitos que la misma norma de Contratación Pública lo dice”, sostuvo el Prefecto, añadiendo que el proceso continuará y que hará todo lo posible para que este llegue a su fin. (I)

Con información del GADPSDT.

El presidente Lenín Moreno “liberó de sus funciones” a la vicepresidenta de la República María Alejanda Vicuña para que se defienda en el ámbito judicial de las acusaciones que se le hacen, sin interferencias de ningún tipo.

La Vicepresidencia fue encargada a José Agusto Briones, nuevo secretario general de la Presidencia.

Anunció también la creación del Ministerio de Gobierno que será la fusión entre el Ministerio del Interior y la Secretaría de Gestión de la Política.

Se crea la Secretaría General de la Administración Pública y desaparece la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades). A cargo de esta secretaría queda José Agusto Briones.

Además, Paúl Granda, que deja la secretaría de Gestión de la Política, será el delegado del Ejecutivo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). (I)

Ante esta decisión, el expresidente Rafael Correa escribió en  Twitter: 

Fuente: Diario El Universo.