La Fiscalía del Guayas indaga a unos 20 sospechosos de haber participado en la turba que terminó con el linchamiento y muerte de tres personas. Todo por un rumor.
Las pesquisas comenzaron desde la noche del martes y pusieron a la cabeza del proceso al fiscal Jefferson Caicedo, de Playas, quien ordenó la revisión de elementos como los videos publicados en redes sociales, en los cuales se observa a un grupo de pobladores provocando la muerte de los tres detenidos y la destrucción de las instalaciones policiales, dos vehículos y cinco motocicletas.
La autoridad procedió ayer al reconocimiento de la UPC que fue quemada y de la cual la turba sacó a los tres sospechosos para asesinarlos en la calle.
El fiscal Caicedo reiteró que los fallecidos estaban sindicados en un presunto delito de robo.
De su lado, María Paula Romo, ministra del Interior, indicó sobre lo ocurrido que fue “una actuación para la que una UPC no está preparada. Una UPC no tiene un contingente de antimontines para contener a 2.000 personas”.
Mientras tanto, la mujer que fue víctima del robo de su dinero y su teléfono celular confesó que los ahora fallecidos la interceptaron en un auto tipo taxi y la obligaron a subir en él, se limitaron a arrebatarle sus pertenencias, pero no a secuestrar a su hijo.
La Fiscalía del Guayas, de su parte, comenzó la indagación para determinar las reales causas que provocaron los actos violentos.
Dispuso que la Unidad Especializada de Personas y Garantías de Guayaquil vaya a Posorja a investigar, con apoyo de la Policía, para identificar a los responsables de los delitos que se hubieren cometido en esa jurisdicción.
El Estado débil
Marco Pacheco, comisionado de la Defensoría del Pueblo en Guayas, leyó un manifiesto en nombre de la defensora Gina Benavides, en el cual se señala que las causas para un linchamiento están en las condiciones económicas, políticas y sociales de una sociedad y reflejan la debilidad del Estado, particularmente las deficiencias del sistema de administración de justicia.
A la par se hizo un llamado a las autoridades de Gobierno, seccionales, medios de comunicación, líderes políticos y religiosos a no naturalizar este fenómeno; por el contrario, a dimensionar la gravedad de este tipo de actos y su impacto sobre la configuración de una sociedad democrática y la generación de respuestas efectivas para su prevención y erradicación. (I)
Fuente: Diario La Hora
