A pesar de que el sistema “Supa” ha procesado más de 9 millones de dólares en la provincia de los Tsáchilas, según informa el Consejo de la Judicatura, los activistas defensores de los derechos de los niños, la paternidad responsable y la tenencia compartida señalan que el enfoque del sistema sigue siendo la recaudación de pensiones alimenticias en lugar de garantizar las necesidades y derechos de los menores.
