Con 92 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes, 18 de febrero de 2025, una reforma que obligará a la contratación de jóvenes y de las personas de más de 40 años de edad en Ecuador.
Con esta normativa, el empleador que cuente con un número mínimo de 25 trabajadores estará obligado a contratar un trabajador mayor de 40 años. Se denomina proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varias Leyes Respecto de la Discriminación por Edad en el Sistema Laboral.
La asambleísta Johanna Ortiz (RC), ponente del informe, sostuvo que muchos jóvenes se ven obligados a enfrentar exigencias de experiencia laboral que son imposibles de cumplir, limitando así sus oportunidades de empleo, situación que no solo afecta su capacidad para integrarse a la economía, sino que compromete su derecho a un sustento digno y el desarrollo personal.
Sobre la no discriminación en el ámbito laboral, dijo que existe la protección especial donde se establecen cuotas progresivas de contratación de personas mayores de 40 años de edad; se garantiza la eliminación de barreras de ingreso basadas en edad; se da preferencia a la mano de obra local; y, se establece la prohibición de requisitos discriminatorios en anuncios de empleo.
La Ley también establece la protección contra despidos masivos basados en edad; la prohibición de presión para renuncias basadas en edad; garantías especiales para docentes adultos mayores; y, eliminación de jubilación obligatoria por edad, reseñó el Legislativo en un comunicado.
Los alcances del proyecto
Según el proyecto, el empleador que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores está obligado a contratar, con una o un trabajador mayor de cuarenta (40) años, observando los principios de equidad de género y diversidad, siendo progresivo este porcentaje desde la fecha de la publicación de esta Ley.
En el segundo año, la contratación será de al menos el 1 % del total de los trabajadores, en el tercer año el 2 %, en el cuarto año 3 %, hasta llegar al quinto año en donde la contratación será de al menos el 4 % del total de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años. El empleador que incumpla esta disposición será sancionado por el ente rector de trabajo.
Antes de enviar este proyecto al Ejecutivo -que tendrá 30 días de plazo para pronunciarse-, la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz (RC), llamó al primer Mandatario, Daniel Noboa, a que no vete este proyecto, como lo ha hecho con varias iniciativas del Parlamento. La bancada oficialista ADN se abstuvo de aprobar esta norma.
