Quito, 22 de enero 2020. Informe no vinculante a la objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, Votación 4 . Foto: Fernando Lagla / Asamblea Nacional
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La Asamblea concluyó ayer 22 de enero del 2020 con el trámite de las reformas para las elecciones generales del 2021, al allanarse a ocho de las observaciones enviadas por el Ejecutivo al proyecto y ratificarse en 10 artículos del texto aprobado por el Pleno en diciembre pasado. La votación se dividió en dos bloques, informa El Comercio
Por el paquete de las ratificaciones 122 votaron a favor, cuando se requería de las dos terceras partes (91) para su aprobación. Con ello no se dio paso a la eliminación de las circunscripciones electorales, como planteaba el Ejecutivo. Se trata de un mecanismo que divide por zonas a Guayas, Pichincha y Manabí, para la elección de autoridades.
En el debate, del que participaron una decena de legisladores de todas las bancadas, hubo un rechazo a que el Ejecutivo haya pretendido con el veto incluir un tema que no había sido aprobado por el Parlamento.
La Asamblea tampoco dio paso a que se obligue a las dignatarios que se postulen a la reelección a que pidan licencia sin sueldo desde el momento de la inscripción de la candidatura. Deberán hacerlo desde el inicio de la campaña electoral. Para los allanamientos, en cambio, hubo 124 votos, cuando solo se necesitaban de 71.
Entre los más importantes consta el incentivo de las alianzas, a través de la asignación equitativa de fondos para la promoción electoral. La reforma aprobada por el Parlamento incluye 10 disposiciones transitorias. Entre ellas se establece un plazo de 120 días (o 4 meses) para que el CNE realice una auditoría independiente al registro electoral y depuración del mismo.
El organismo también, en 180 días, deberá realizar una auditoría a su sistema informático para conteo de votos y resultados. La entidad prevé recibir cooperación del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH/CAPEL).
“Esta auditoría debe ser avalada por un organismo internacional reconocido y sus resultados deberán publicarse en la web del CNE. Con base a los resultados de la auditoría el CNE deberá realizar los cambios y actualizaciones requeridas”, indica la reforma.
Asimismo, el organismo tendrá 120 días, a partir de la promulgación de esta ley, para realizar una auditoría independiente a su sistema de validación de firmas para la legalización de partidos y movimientos políticos. El sistema de validación de firmas para la legalización de partidos fue cuestionado en un examen especial de Contraloría, publicado en el 2019.
En el mismo lapso, la Contraloría General del Estado creará una unidad especializada en el control del financiamiento y gasto electoral. Además, en 180 días se deberá crear una unidad complementaria antilavado.
Con ello se busca que se vuelvan a repetir casos como Arroz Verde que salpican a Alianza País. A su vez, el CNE implementará un proyecto piloto de voto electrónico, telemático y por correspondencia en 2021, con el propósito de que estos mecanismos de votación sean aplicables en las circunscripciones especiales del exterior en el proceso electoral de 2023.
EL CNE, superintendencias de Bancos y Compañías, y las respectivas entidades del Gobierno central deberán generar un sistema de interconexión de datos en un plazo de 120 días desde la promulgación de esta norma. Son 180 artículos los reformados, es decir, el 44% del Código de la Democracia.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, sostuvo que la reforma da “mayores luces” y herramientas para la transparencia de las elecciones generales de 2021, cuando se elegirán Presidente de la República y asambleístas.
Uno de los ejes más importantes del Código de la Democracia es el reemplazo del sistema D’Hont por Webster para la asignación de escaños con lo que, según Atamaint, se garantiza mayor democracia. Dos de las primeras acciones que deberá realizar el CNE, tras la publicación de la reforma son la actualización de reglamento o elaboración de uno nuevo y, segundo, del plan operativo electoral.
Para el reglamento, Atamaint anunció que convocará a la academia, profesionales, sociedad civil y organizaciones políticas. Ella estuvo ayer en la Asamblea para presentar sus descargos en un proceso de juicio político que impulsan asambleístas de Creo.
