El presidente Guillermo Lasso ha decretado la disolución de la Asamblea Nacional, utilizando el mecanismo de muerte cruzada establecido en la legislación ecuatoriana. En respuesta, surgieron dos corrientes dentro del sector social: aquellos que respaldan la decisión gubernamental y están dispuestos a embarcarse en esta inédita vía para la historia ecuatoriana, y aquellos que consideran que las acciones del primer mandatario son ilegales y proponen medidas para evitar la consumación de la muerte cruzada. En el siguiente informe, escucharemos los argumentos de cada grupo.