Un Tribunal sentenció a cinco años de cárcel al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez. La resolución se tomó este 17 de agosto del 2020. Él es acusado por asociación ilícita para ofertar cargos públicos.
El fiscal que lleva este caso, César Suárez, sostuvo que hay pruebas contundentes sobre la oferta de cargos públicos. “No solo recibían dinero, sino también metales preciosos, como piedras, esmeraldas y hasta barras de oro”.
La abogada de Tuárez, Teresa Rivas, cuestionó lo dicho por el fiscal y advirtió que su defendido es inocente y que no se ha podido demostrar nada. “Han indicado que existen piedras preciosas y dinero. Pero al momento de preguntar a los peritos si las evidencias fueron encontradas en el celular de mi defendido han dicho que no”.
Por eso, la jurista adelantó que recurrirá a instancias internacionales para que se conozca el detalle de este expediente judicial.
Según las indagaciones, los sospechosos que ofertaron cargos públicos alquilaron una habitación en un hotel de Quito y allí pusieron en marcha su operación. Los agentes dijeron que los interesados en los puestos eran contactados a través de llamadas telefónicas e instruidos para que en un día y hora específicos llegaran al hotel y entregasen el efectivo.
El día en que Tuárez y otros fueron apresados, la Fiscalía indicó que pedían hasta USD 20 millones por un cargo en la Aduana o en la Aviación Civil. De las evidencias recogidas, la Fiscalía sabe que los interesados entraban con el dinero en maletas y debían esperar instrucciones a través de mensajes de texto o llamadas a los celulares.
El expediente se remonta al 28 de noviembre del 2019, cuando fueron detenidas 33 personas en un operativo en seis provincias, al que lo llamaron ‘Emperador’. En el expediente se señala a Tuárez y a otros imputados.
Fuente El Comercio