Autoridades de distintas entidades gubernamentales de las provincias de Los Ríos, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas se reunieron en Santo Domingo para definir la intervención en el caso Furukawa.
Directivos del MIES,Ministerio de Educación, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Salud, Conadis, y de otras instituciones señalaron que trabajarán para brindarles asistencia en distintas áreas.
Alexandra Anchundia, delegada de la Defensoría del Pueblo de Santo Domingo, recalcó que el caso Furukawa no se trata sólo de un tema laboral, sino que “abarca un sinnúmero de vulneraciones de derechos humanos de las personas que se encuentran en los campamentos.”
En las haciendas de la empresa, según Anchundia, viven en condiciones inhumanas, sin acceso a servicio públicos e incluso para personas no están inscritas en el Registro Civil. (I)
