El Contralor General del Estado subrogante, Pablo Celi, informó que se predeterminó la sanción de destitución en contra del prefecto de la provincia de Manabí por presuntas irregularidades en la contratación de obras contratadas de la zona de la Manga del Cura.
“Se ha procedido a predeterminar un conjunto de responsabilidades de tipo civil, alrededor de USD 2’200.000 en glosas, alrededor de USD 180.000 en sanciones administrativas, y también sanciones de destitución para algunos funcionarios en la provincia que incluye al prefecto de la provincia” indicó.
La Contraloría de Ecuador estableció que existieron presuntas irregularidades en varios contratos en la provincia de Manabí ejecutados por la Prefectura.
Celi dijo que el organismo de control ha realizado una serie de exámenes especiales en la provincia de Manabí, como parte de un programa de auditoría integral, a los proyectos que se ejecutan en esa provincia.
El Contralor indicó que en algunas obras no existieron estudios completos y en otros no se realizó ninguno. Además, no se cumplieron varios requerimientos legales y hubo incumplimiento de plazos.
En las obras ‘Rehabilitación de la vía Ayacucho – La Unión Tramo I’ en el cantón Santa Ana y la ‘Ampliación de la vía Santa Ana – Olmedo’ hubo pagos injustificados a la empresa contratada y a los subcontratistas.
Según el examen de la Contraloría, a la Empresa Pública Manabí Construye se le pagaron más de USD 763.000 por trabajos ya ejecutados.
Además, esa compañía le entregó USD 203.000 a la constructora Ciudad Rodrigo como parte de un contrato cuyo precio estipulado era menor.
La Prefectura tampoco cobró multas por USD 41.000 y USD 228.000 dólares a causa del retraso de inauguración de las obras. Los proyectos no contaron con estudios bien realizados, lo que incidió en aumento de plazos y costos.
En la ampliación de la vía Santa Ana – Olmedo se subcontrató a dos empresas por 4 500.000 dólares aproximadamente. Esta cantidad representaba el 40% del contrato, pero la ley no permite subcontratar por más del 30% de las obras.
El periodo de investigación comprende entre el 1 de agosto de 2014 al 30 de noviembre de 2017 e indaga a 16 funcionarios provinciales.
Fuente: Agencia Andes.
