A más de un mes de emitida la sentencia por parte de la jueza Susana Sotomayor, que ordena el retiro de torniquetes en los buses urbanos de Santo Domingo, el defensor del pueblo, Miguel Vásconez, realizó un recorrido por distintas paradas del transporte público con el fin de constatar si las operadoras han acatado lo dispuesto por la justicia.
La resolución exige el retiro de los torniquetes de algunas unidades de transporte de servicio urbano, ya que estos dispositivos vulneraban los derechos de personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria.
“En ese sentido, hemos dispuesto el día de hoy realizar una revisión aleatoria a las unidades de transporte dentro del cantón, para verificar si se está cumpliendo o no con la resolución que emitió la jueza constitucional”, indicó el defensor.
Las inspecciones visuales se efectuaron en puntos estratégicos de la ciudad, como las intersecciones de las calles Guayaquil y Ambato, Portoviejo y Ambato, así como Galápagos y Ambato. El objetivo fue levantar evidencias que serán incluidas en un informe técnico que se remitirá a la jueza del caso.
Dentro de las tres compañías accionadas por los proponentes de la acción de protección, se realizó la revisión únicamente en sus unidades. El defensor informó que se constató la permanencia de torniquetes en varias unidades, lo que indica un incumplimiento de la resolución judicial.
Durante el recorrido, varios usuarios del sistema de transporte coincidieron en que los torniquetes representan una molestia al momento de abordar los buses, especialmente cuando cargan bolsas de compras o viajan con niños pequeños.
“Son un estorbo realmente. Estorban mucho a las abuelitas, a las mamás que llevan a los niños. Encima, cuando llevamos compras en saquillos, no se puede pasar. Otro problema también es el centavo, no nos lo dan y se molestan si lo pedimos.”
Otra ciudadana comentó:
“Siempre se estorba cuando uno se sube con algún bulto. Quisiera que eso se retire, porque representa un obstáculo para ingresar al bus. Siempre voy con comida para las gallinas o los perritos, con compras, y no puedo pasar. Encima se enfadan porque me demoro. Me dicen que como soy joven no debería pasar por atrás. Pero yo agradezco que hayan tomado medidas, porque es muy complicado pasar con esos torniquetes. A veces uno tiene que dejar las fundas. Se complica mucho, incluso para mujeres embarazadas o adultos mayores.”
Otra usuaria señaló el riesgo que representan cuando el bus está lleno:
“Es incómodo y hasta peligroso. Dos veces casi me caigo. Uno presiona el timbre para bajar, pero ellos no se detienen, van rápido. Le reclamé al chofer: ‘Si vas tan rápido me puedes hacer caer. Ya son dos veces.’”
El defensor del pueblo tiene un plazo de cinco días hábiles para presentar el informe oficial, el cual vence este lunes 21 de julio. En paralelo, los representantes del consorcio MIO, que agrupa a las operadoras Transmetro, TransÁchila y Ejecutr, fueron notificados el pasado martes 15 de julio para remitir sus descargos a la Defensoría. El plazo venció el viernes 18 de julio.
“Ya estamos presentando el informe. También hemos solicitado a las entidades accionadas, a través de sus representantes legales, que nos remitan su versión. Estamos esperando sus respectivos descargos”, informó el defensor.
La sentencia judicial busca garantizar condiciones dignas de accesibilidad para todos los usuarios del transporte público, especialmente personas con discapacidad, adultos mayores, madres con niños y otros grupos prioritarios.
El informe de cumplimiento será clave para que la autoridad judicial determine si se han ejecutado las medidas dispuestas o si caben nuevas acciones.
