La investigación comenzó en marzo pasado, a partir de una alerta bancaria. De la cuenta del Consorcio Pedernales-Manabí -entidad a cargo de la construcción del Hospital Básico de Pedernales- se retiraron USD 958 250 en cheques.
Como beneficiarios constan un chofer y un asistente administrativo del Municipio de Sucre, en Manabí. Además, aparecen otras personas que no tienen cargos en el Estado.
Hoy, esos datos están en poder de la Fiscalía General del Estado y los sospechosos son investigados por un supuesto lavado de activos. En esa lista consta Jean Carlos Benavides, asesor legislativo, que fue arrestado el 15 de mayo y cuyo caso se encuentra judicializado.
¿Qué hacía el dinero público en manos de estas personas? En un informe al que tuvo acceso este Diario, se indica que los beneficiarios de los pagos no poseen un perfil económico ni comercial que justifique la entrega de los cheques, “pudiendo tratarse simplemente de intermediarios de funcionarios de nivel jerárquico”.
Por esta razón, la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), la Fiscalía y agentes de la Policía rastrean una posible red de corrupción que habría operado en Manabí.
Según información judicializada, el 3 de marzo la cuenta corriente de la Ley de Solidaridad, conocida como fondo para reconstruir Manabí, transfirió USD 8,2 millones a la cuenta que el Consorcio Pedernales-Manabí tiene en BanEcuador.
El dinero era parte del anticipo que entregó el Estado para que la empresa constructora empezara las obras. “Lo normal era que con ese dinero se pague a los proveedores, por ejemplo, por el uso de la maquinaria para mover la tierra; pero en este caso el dinero fue a parar en manos de funcionarios que no tenían ninguna relación con el contrato”, indica un agente a cargo del caso.
Lo que llamó la atención de los asesores bancarios fue que, tras consignarse el monto, se hicieron egresos por USD 100 000 o más. El 15 de mayo, en el operativo para desarticular esta organización, se halló parte de ese dinero en poder del asesor legislativo.
El parte policial detalla que el funcionario tenía 22 fajos de billetes de USD 20 y USD 10 en una mochila.
En su casa se hallaron comprobantes de transacción de BanEcuador, dos armas de fuego, entre otras evidencias como un tiquete aéreo Guayaquil-Ciudad de México, de fecha 12 de febrero del 2020.
En total, en ese operativo las autoridades judiciales decomisaron USD 1,6 millones en cheques y en efectivo (ver infografía adjunta).
Otro sospechoso que guarda prisión es el chofer del Municipio de Sucre. Agentes presumen que su rol era intermediar y no se descarta que prestaba su nombre para actividades ilícitas.
La UAFE analizó sus operaciones bancarias y encontró sospechas de lavado. Por ejemplo, entre el 2017 y el 2019, él reportó ingresos por USD 24 323. Sin embargo, en ese mismo tiempo en el sistema financiero recibió 516 660, según las investigaciones ejecutadas.
Sobre la diferencia, USD 492 337, los agentes señalan que se desconoce su origen legal. Además, su sueldo como “técnico de tránsito” del GAD municipal era de USD 733 mensuales, pero entre sus propiedades registra tres motocicletas, dos jeep y una camioneta. Uno de estos vehículos tiene un valor comercial de USD 30 000.
Otro de los detenidos es el representante del Consorcio Pedernales-Manabí, quien aparece como firma autorizada en la cuenta bancaria. En la lista de sospechosos figura un familiar suyo y otro constructor de esa provincia, quien se ha beneficiado de contratos con el Estado.
En el 2018 se encargó del soterramiento en Bahía de Caráquez y en el 2019 su compañía se hizo cargo de la fiscalización de la edificación del Hospital Miguel Alcívar, en la misma ciudad.
Lo que ahora se investiga son las razones por las cuales este empresario recibió USD 180 000, en cheques, pese a que los recursos eran para el Hospital de Pedernales. Además de la investigación por lavado, en la Fiscalía se abrió un expediente por enriquecimiento privado no justificado.
Fuente El Comercio
