La Policía de Ecuador instaló su primer cuartel móvil en la frontera con Colombia. Permitirá el control de pasos ilegales y la detección de droga.
Ecuador instaló su primer cuartel móvil policial en la provincia del Carchi, en el que operarán 100 policías para reforzar la seguridad y el control de más de un centenar de pasos informales que conectan a Ecuador con Colombia.
El cuartel está compuesto por ocho contenedores, desde donde el centenar de agentes reforzarán el resguardo a lo largo de 580 kilómetros de límite fronterizo con Colombia, informó este domingo el canal de televisión Ecuavisa.
Desde el cuartel, instalado en un terreno de 5.000 metros cuadrados, los agentes pueden conectarse a un satélite que hace posible el monitoreo de vehículos 20 kilómetros a la redonda.
Además, los policías tienen también un circuito de 28 cámaras, 18 de ellas dentro del cuartel y las restantes en diez camionetas que permiten visualizar en tiempo real su recorrido en pasos informales.
Escáner para detectar droga
Durante los controles se emplea un escáner para revisar los vehículos y detectar posibles caletas de droga.
También se utiliza un lector biométrico que registra las huellas dactilares y verifica antecedentes penales mediante una base de datos sincronizada con información de la Policía de Colombia, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay, precisó Ecuavisa.
Además, tiene dormitorios para 40 policías, comedor y cocina, todo conectado a su propio tanque de agua potable y residuales, detalló.
Cooperación de Estados Unidos
Carchi es la primera provincia del país donde se instala esta infraestructura, cuya inversión supera los USD 2 millones y que fue donada por el Gobierno de Estados Unidos.
El campamento es autosustentable, pues posee un generador de luz y paneles solares que almacenan energía en veinte baterías.
Los cuarteles móviles forman parte del plan del Gobierno para reforzar la seguridad en Ecuador, que está en estado de excepción y en un “conflicto armado interno”, contra las bandas criminales, decretado enero pasado por el jefe de Estado, Daniel Noboa, en momentos de una creciente ola de violencia.
