Todos los cementerios de Ecuador, públicos y privados, deben entregar al Servicio de Medicina Legal “el 3 % de su área total de inhumación destinada para la disposición de cadáveres, mortinarios, piezas anatómicas u osamentas de personas no identificadas o identificadas no retiradas”.
Así lo establece el Reglamento de establecimientos de servicios funerarios y manejo de cadáveres de abril de 2018.
Dando cumplimiento a esa disposición, el pasado 31 de marzo la secretaría del Agua ofició a la Asociación de Municipalidades para que cada Municipio verifique y coordine su cumplimiento.
Es así que los cementerios privados ubicados en la zona urbana y rural de Santo Domingo fueron notificados.
Graciela Flores, presidenta encargada de la Fundación Emilio Lorenzo Sthele que administra el cementerio Central de Santo Domingo, indició que ya cumplieron con dicha disposición.
En febrero de 2019 firmaron un convenio tripartito entre el Municipio, Servicio de Medicina legal y la Fundación y entregaron más bóvedas de las que correspondían al 3 %.
En ese entonces el área disponible de Cementerio Central era de 7029 espacios y según el 3 % debían entregar 210 bóvedas, no obstante, el directorio de la Fundación “autorizó que se entregue el Bloque de bóvedas N. 10 de adultos con una capacidad de 240 bóvedas.” De estas 73 están libres en la actualidad.
“A más de eso hacemos obra social”, recalcó Flores, pues trabajan con instituciones como el Patronato Municipal, el MIES y el ancianato para sepultar a personas cuyos familiares son de escasos recursos, a quienes se exonera del pago de los servicios.
Y aparte, en esta emergencia sanitaria que vive Ecuador, Flores explicó que con el “fondo de contingencia” de la Fundación están dando apoyo para la cremación de cuerpos de personas que murieron por COVID-19 cuyos familiares son de escasos recursos económicos.
Se pudo conocer que el Cementerio Central no cumpliría con los requisitos para la inhumación de cuerpos por la cercanía de un estero, aunque también se informó que no tienen espacio para inhumaciones en tierra.
Otro cementerio es el que está ubicado en la cooperativa Juan Eulogio Paz y Miño, creado en 1999 pero legalizado en el año 2009.
Ubaldo Solórzano, presidente de la Asociación del cementerio de la Coop. Juan Eulogio, indica que tienen un déficit de espacios por lo que incluso no han entregado lotes a todos los socios.
Cada asociado tiene derecho a un lote de 15 metros cuadrados, pero solo han dado a 1900 de 2300 socios de la cooperativa, por lo que tienen un déficit de 400 lotes.
Esto pusieron en conocimiento del Municipio de Santo Domingo, pero les indicaron que deben cumplir con lo que dispone la normativa legal, más aún durante la emergencia sanitaria que vive Ecuador.
Este cementerio está asentado sobre un terreno de 13 hectáreas por el cual pasan tres riachuelos. Es por ello que un espacio que asignó la directiva fue descartado por los técnicos del Municipio debido a la cercanía con las fuentes de agua.
Y es que el “protocolo para la manipulación y disposición final de cadáveres con antecedente y presunción COVID-19” señala que “las fosas para inhumaciones” deben conservar cierta distancia de las fuentes de agua y del nivel de las aguas subterráneas.
Por ello, Solórzano explicó que los técnicos del Municipio definirán el espacio, de al menos 57 lotes, que por ley deben entregar al Servicio de Medicina Legal.
En la provincia existen varios cementerios privados como: Jardínes del Edén, Jardínes del Bombolí, Cementerio de Las Delicias, Cementerio Juan Eulogio, Cementerio Plan de Vivienda, Parque recordatorio La Luz y Camposanto El Belén.
Para saber
El protocolo de cadáveres por COVI-19 señala que “la disposición final deberá realizarse en la jurisdicción donde se produjo el fallecimiento, queda PROHIBIDO el traslado de cadáveres interprovinciales.”
Además PROHÍBE la realización de actos, ceremonias o velatorios por parte de los familiares o allegados” cuando una persona muere con caso positivo, sospecho o probable de COVID-19.
Y establece que “el embalaje del cuerpo para la inhumación deberá llevar un mecanismo que impida la presión de los gases hacia el exterior, éste debe ser en material impermeable, a prueba de filtraciones de algún fluido corporal que garantice un cierre hermético y sea resistente a la manipulación; que pueda conservarse herméticamente sellado con materiales adhesivos de plástico o goma. (Ministerio de la Protección Social, 2008).