Ayer fue un día agitado en la Presidencia. Representantes de organizaciones sociales y políticas apuraron su gestión para entregar a tiempo sus propuestas de preguntas para la consulta popular que promueve el gobierno nacional. Según el Ejecutivo, ese mecanismo busca introducir una serie de reformas para fortalecer el andamiaje democrático–institucional y profundizar la democracia en el país. Un equipo de la Presidencia y de la Secretaría de Gestión de la Política tiene, desde hoy, la tarea de analizar y luego de sintetizar todos los planteamientos y será finalmente el Jefe de Estado quien tomará la decisión sobre cuáles son los aspectos que deben ser sometidos al escrutinio ciudadano. El anuncio lo realizará el 2 de octubre próximo.
Desde la mañana se observó a grupos organizados que llegaron a Carondelet y fueron recibidos por el secretario y subsecretario de Gestión de la Política, Miguel Carvajal y Daniel Ortega, respectivamente. En turnos fueron recibidos en el Salón Azul, ubicado adjunto a la Sala de Prensa de la Presidencia. Otros ciudadanos, en cambio, optaron por dejar sus planteamientos en el Departamento de Gestión Documental, que está al frente de la Vicepresidencia, en el edificio La Luz.
La asambleísta de CREO, Ana Galarza, fue la primera en llegar al Palacio Presidencial. Cerca de las 08:30, la legisladora, con una carpeta en sus manos, ingresó al edificio no sin antes expresar que ella venía con la bandera de la lucha contra la corrupción. En declaraciones a la prensa, la legisladora anticipó que se debe preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo con que se realicen reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Su iniciativa está encaminada a que los servidores públicos, que cometan delitos en contra de la eficiencia de la administración pública, una vez que se les declare culpables y sean sentenciados, pierdan sus derechos civiles “y no puedan recuperar su libertad, mientras no devuelvan los recursos fruto de la corrupción”. Cuestionó que el expresidente Rafael Correa proponga, en lugar de una consulta popular, la Asamblea Constituyente. “Eso reafirma el libreto de Venezuela”.
En apenas dos horas de la mañana, Carvajal recibió a delegados de tres organizaciones en el Salón Azul del Palacio de Carondelet. Allí, el colectivo ambientalista Yasunidos propuso que en el proceso se consulte si están de acuerdo con dejar bajo tierra el petróleo que se encuentra en el parque Yasuní, una de las áreas más biodiversas del país. Con base a la recolección, según ellos, de 757.000 firmas desde hace tres años, la agrupación entregó un manifiesto a Carvajal. “Porque nosotros creemos que el gobierno de Lenín Moreno tiene la oportunidad de saldar la deuda con el pueblo ecuatoriano con la democracia”, apuntó Antonela Calle, una de las integrantes de la agrupación.
Luego fue el turno de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y su brazo político Pachakutik, que presentaron tres preguntas. La primera, si la ciudadanía está de acuerdo en que para la consulta se pregunte a los ciudadanos si los artículos 57 y 398 de la Constitución de la República deben tener carácter vinculante. Con ello se plantea la obligación de realizar una consulta prelegislativa a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianas, antes de que se apruebe una ley que pudiera afectar derechos colectivos.
La segunda radica en la prohibición de las actividades extractivistas y explotación forestal en áreas protegidas, fuentes de agua y territorios ancestrales. Para los proponentes se quiere eliminar el artículo 407 de la Constitución, que trata sobre el tema. La tercera, en cambio, se refiere a si la ciudadanía está de acuerdo con que el vicepresidente de la República, Jorge Glas, deje sus funciones constitucionales. Jorge Herrera, presidente saliente de la Conaie, manifestó que existe expectativa sobre sus pedidos. Indicó que todos los grupos sociales tienen el derecho de presentar sus propuestas.
Por su parte, Marlon Santi, coordinador nacional de Pachakutik, solicitó al Ejecutivo que pida a su vez al Consejo Nacional Electoral (CNE) que devuelva el fondo partidario para el movimiento. Más tarde fue el turno para los representantes de la provincia de Zamora Chinchipe. El prefecto Salvador Quishpe y el asambleísta Elio Peña lideraron un propuesta de pregunta que hace referencia a que se extingan las concesiones actuales así como las nuevas, en la minería metálica. Quishpe dijo que eso permitirá “cuidar la casa grande”.
Al mediodía, el subsecretario de Gestión de la Política, Daniel Ortega, recibió a los representantes de la Ecuarunari. Allí su presidente, Carlos Pérez Guartambel, presentó tres preguntas. La primera tiene que ver con la extinción del Consejo de Participación Ciudadana y que se deje sin efecto a las autoridades nombradas por este organismo y se abra una etapa de transición, para que el Presidente designe a otras autoridades. La segunda es que queden sin efecto las enmiendas constitucionales del pasado 3 de diciembre de 2015. Y la última tiene que ver con la protección del agua, que según Guartambel es la más importante. “Si en realidad en Ecuador se ama la vida, hay que amar el agua, porque es el ciclo de la vida. No queremos vivir contaminados cerca del agua”, señaló el dirigente. También llegó una delegación de Pelileo.
Ellos plantearon 10 preguntas referentes a la eliminación del CPCCS, la designación de nuevas autoridades de control y la eliminación de la reelección indefinida, principalmente. Según el Ejecutivo, hasta la tarde de ayer se recibieron cerca de 450 propuestas.
DATOS:
- El 18 de septiembre el presidente Lenín Moreno anunció en el espacio del Gobierno Informa, la realización de una consulta popular y que las preguntas las difundirá el próximo 2 de octubre.
- El artículo 147, numeral 14 de la Constitución, estipula que son atribuciones y deberes del Presidente de la República, además de los que determine la ley (…) convocar a consulta popular en los casos que sean necesarios y con los requisitos previstos en la Constitución”.
- La tarde de ayer la Comisión creada por el bloque de Alianza PAIS sesionó para definir los temas para la consulta popular y entregarlos hoy al Mandatario.
- Una vez que se emita el Decreto Ejecutivo el organismo electoral verificará el cumplimiento de los requisitos y enviará las preguntas a la Corte Constitucional, que revisará si estas no afectan a la Constitución.
- Después de la revisión de la Corte, el CNE tendrá un plazo de 15 días para convocar formalmente a los ecuatorianos a la consulta popular. Posteriormente, en 60 días máximo, se ejecutará el proceso electoral, según estipula el Código de la Democracia, una vez que se defina el presupuesto. (I)
Fuente: Diario EL TELÉGRAFO