Fue un día marcado por el recuerdo de los delitos sexuales que se habrían cometido contra estudiantes de Guayaquil. Esta ciudad fue ayer la sede del segundo día de sesión de la Comisión Ocasional Aampetra (creada en julio pasado para investigar casos de abusos sexuales en establecimientos educativos) y del Consejo de Administración Legislativa (CAL), de la Asamblea Nacional, que se realizó en las instalaciones de la Casa de la Cultura del Guayas.
Primero se recibió a familiares de las víctimas de los recientes abusos sexuales de niños de 6, 7 y 8 años de la unidad réplica Aguirre Abad, en el norte de Guayaquil. Por este caso –en el que hay más de diez víctimas– tres docentes están detenidos y uno continúa prófugo.
Es una situación desgarradora, pone en evidencia la ineficacia e inobservancia de las autoridades educativas (…). Sirve para recoger la información necesaria y endurecer las leyes que lo necesiten.
Las comparecencias fueron reservadas, a puerta cerrada. El ministro de Educación, Fander Falconí; el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, y el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh (fue en su reemplazo el vocal Néstor Arbito), fueron las autoridades llamadas a explicar las acciones que han tomado sobre denuncias y casos de abusos sexuales en planteles educativos.
La comparecencia de cada una de las autoridades estaba estipulada en 45 minutos.
Fuera de la reunión, Silvia Salgado, asambleísta y presidenta de la comisión Aampetra, les dijo a los medios de comunicación que exigirán que se investiguen a fondo los casos. “Lo que pasó en el réplica Aguirre Abad es un delito que debe ser investigado y sancionado, sea quien sea el infractor”.
Agregó que ya se han detectado las falencias que permitieron estos presuntos abusos. “Está claro que los protocolos de seguridad han fallado y ha habido negligencia de parte de las autoridades educativas. También en la designación de autoridades”, indicó.
Sobre las quejas de profesores del magisterio sobre las imposiciones que se establecen en el Código de Ética del Ministerio de Educación, expedido en febrero de 2012, Salgado sostuvo que debe ser revisado.
“Cualquier ley que tenga fallas habrá que revisarse y cambiarse, pero la Constitución, y allí se establecen los derechos de los niños está por encima de cualquier norma y no puede tomarse como excusa”, expresó.
También dijo que se creará una comisión interinstitucional para que “articulados rindan cuentas y la Asamblea Nacional pueda hacer el control político, fundamentalmente a las autoridades sujetas a fiscalización.
Viviana Bonilla, asambleísta de Alianza PAIS, dijo que la reunión con los padres se realizó a puerta cerrada para no revictimizar a las familias afectadas. “Esto nos sirve como asambleístas para recoger la información necesaria y endurecer las leyes que lo necesiten y reformar normativas que apoyen la prevención”, manifestó.
Bonilla adelantó que el exministro de Educación Augusto Espinosa y el exviceministro de esta misma cartera Freddy Peñafiel, del gobierno de Rafael Correa, comparecerán a la comisión Aampetra para que informen a la Asamblea cuáles fueron las medidas preventivas y correctivas que tomaron cuando estaban al frente.
Desde el 2014 hasta la fecha, la Asamblea tiene 907 denuncias de posibles abusos sexuales en centros educativos. (I)
Fuente: El Universo.
