Una acción de protección que fue presentada por la Defensoría del Pueblo fue aceptada por el juez Carlos Andrade López. En la medida se declaraba la vulneración de derechos a la dignidad humana, integridad personal y el derecho constitucional de acceso servicios públicos de óptima calidad y a la seguridad jurídica.
La Defensoría del Pueblo presentó la acción de protección en representación de las familias que reclaman desde hace 3 meses los cuerpos de sus familiares que fallecieron en las casas de salud, en el contexto de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19-
Varios de los testimonios indicaban que llevaban meses y semanas buscando los cuerpos, sin tener respuesta por parte del sistema de salud, ya que fallecieron en las casas de salud de Guayaquil, donde hubo una saturación en las morgues.
La audiencia se llevó el viernes, 26 de junio. La Defensoría del Pueblo indicó que “el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Hospital General Guasmo Sur, el Hospital General Norte Guayaquil Los Ceibos y el Hospital Teodoro Maldonado deberán aplicar acciones de reparación integral dirigidas a las familias afectadas en Guayaquil “.
Esta reparación integral consiste en que se entregue en 10 días un informe para determinar la ubicación de los 16 cuerpos que no se han entregado, el MSP entrege asistencia psicológica a los familiares, hasta el cuarto grado de consanguinidad.
Además que las instituciones involucradas pidan disculpas públicas a los familiares porque vulneraron sus derechos constitucionales, El Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y el Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional entreguen (a los familiares) los cuerpos que hasta la fecha se han encontrado.
Como medida de no repetición que tanto el IESS como el MSP capaciten a su personal en el manejo de cadáveres durante la pandemia por el COVID-19.
