En la cuenta @JorgeGlasLibre se lee un tuit fijado que, a propósito de su cumpleaños 49, dice: “@JorgeGlas el hombre de los mega proyectos, Jorge Glas el hombre del cambio de la matriz productiva, Jorge Glas el hombre de las hidroeléctricas…”. Ese mismo Jorge Glas hoy cumple 365 días de prisión preventiva.
De ratificarse la pena, sería el primero de los seis años a los que fue condenado –junto con otras cuatro personas, entre las que está su tío Ricardo Rivera- por liderar una red de corrupción vinculada a los sobornos que Odebrecht repartió a cambio de contratos.
El día de su entrega, el 2 de octubre de 2017, al abordar la avioneta que lo llevó de Guayaquil a Quito, un militar se le cuadró y otro le extendió la mano.
Antes había usado una sala especial para despedirse de sus amigos y familiares. A la medianoche, cuando cruzó el umbral del portón de la Cárcel 4 lucía un terno oscuro y corbata.
Tenía guardaespaldas y las credenciales de vicepresidente a medias: de los 131 días en el cargo, los últimos 60 los había ejercido sin funciones.
Si su compañero de fórmula –el presidente Lenin Moreno- le había advertido meses antes que “lastimosamente, el dedo apunta cada vez más a usted”, cuando se acomodaba en prisión –para la justicia– su nombre empataba los cabos sueltos que dejaban decenas de testimonios, documentos, chats, grabaciones… El delito: asociación ilícita.
En diciembre fue sentenciado a 6 años de prisión y a pagar –con su tío– $ 14 millones al Estado.
En enero, Glas –de manera oficial– dejó de ser vicepresidente de la República. Su abogado, Eduardo Franco Loor, apeló sin suerte una vez y ahora pidió audiencia de casación. Si el revés se repite, acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A la par, en este tiempo, la Fiscalía ha levantado dos nuevas investigaciones en contra de Glas: por cohecho y por delincuencia organizada.
A ello se suman otras ordenadas por la Corte de Justicia, de las cuales aún no hay resultados: peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de activos y testaferrismo.
La Contraloría, por su parte, le ha determinado tres glosas solidarias (compartida con más exfuncionarios): una por $ 49 millones por el contrato para la exploración y explotación de gas en el bloque 3; otra por $ 31 millones por liderar la cesión del contrato de concesión entre Conelec y Machala Power; y una tercera de $ 5,2 millones por la exploración y explotación del campo Singue (en este caso hay indicios penales).
Los organismos de control abrieron más expedientes (Petrochina, Caminosca, etc.), pero aún no concluyen.
Tanto Glas como sus detractores preguntan dónde está el dinero de la supuesta corrupción.
Los últimos para que se recuperen los fondos públicos, mientras que Glas lo hace como un desafío: dice que le muestren una sola prueba en su contra.
Luego de un año de encierro, en la Cárcel 4 –creada para proteger la integridad física de policías, banqueros y políticos sentenciados– Glas, en apariencia, es uno más. Pero no tanto: ha recibido atención por gastritis, se hizo un tratamiento para recuperar el cabello y sigue cobrando una pensión vitalicia como exvicepresidente.
De octubre a diciembre del 2017, cuando llevaba tres meses en prisión y pidió vacaciones para defenderse, cobró $ 5.410 mensuales, según la Vicepresidencia.
Por la primera semana de enero –cuando se notificó su ausencia definitiva– recibió por ese mismo concepto $ 721,33. En la información pública disponible no se especifican indemnizaciones.
Al cambiar su estatus, en su calidad de exvicepresidente, Glas se acogió a la pensión que reciben los exmandatarios, que es de $ 4.057,5 mensuales, según el Ministerio del Trabajo.
Al ser consultado sobre los montos, el abogado Franco Loor se toma unos minutos y confirma: “La cifra exacta no la sé…, (pero) la esposa me acaba de decir que recibe normalmente esa pensión”. (I)
