Las operadoras de transporte urbano que conforman el consorcio Mío: Ejecutrans, Transmetro y Transtáchila tienen un plazo de 30 días para retirar los torniquetes de sus unidades. Esta decisión fue tomada por la jueza Susana Sotomayor durante la audiencia instalada este jueves 5 de junio.
La jueza también ordenó que las operadoras:
- Garanticen un mecanismo alternativo de control y cobro que no implique barreras físicas para el acceso.
- Realicen una capacitación obligatoria a su personal en derechos humanos y en el trato a grupos de atención prioritaria, como los usuarios del transporte público.
Estas medidas responden a demandas constitucionales presentadas en febrero de este año. Para los concejales, la decisión es oportuna, ya que garantiza que los usuarios no enfrenten más barreras al usar el transporte urbano.
“El pueblo ha ganado. Los reclamos, la inconformidad y las denuncias han sido escuchadas. Yo estaba convencida de que esta sería la resolución porque durante la inspección que hicimos con la jueza se evidenció el malestar de los usuarios. Los torniquetes vulneraban los derechos de los grupos de atención prioritaria”, manifestó una concejal.
Además, dentro de la sentencia se dispone que el Municipio de Santo Domingo debe, en un plazo de 30 días:
- Presentar un informe público sobre los mecanismos que garanticen la accesibilidad universal en el transporte.
- Emitir una normativa técnica que regule los estándares de accesibilidad conforme a la norma técnica ecuatoriana del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN).
El concejal Calero agregó que aún faltan normas claras para garantizar una movilidad verdaderamente inclusiva.
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“Hace falta trabajar mucho en un plan maestro de movilidad para Santo Domingo. Esto incluye rampas, paradas inclusivas, señalética horizontal y vertical. Sin una política pública de transporte, medidas como estas pueden revertirse y todos pierden.”
Los accionantes de la demanda indicaron que estarán vigilantes del cumplimiento de la sentencia. La Defensoría del Pueblo también deberá dar seguimiento y elaborar informes trimestrales hasta que se cumpla la resolución en su totalidad.
“La Defensoría debe abrir un expediente defensorial. Si los transportistas incumplen, iniciaremos una acción legal para la ejecución inmediata de la sentencia. Desobedecer esta orden podría implicar incluso privación de libertad, pues se estaría yendo en contra de una disposición de autoridad competente”, se advirtió.
Como medida de reparación, las operadoras de transporte deberán ofrecer disculpas públicas a la ciudadanía.
Hasta el momento, ni los transportistas ni sus abogados se han pronunciado sobre el fallo. Sin embargo, el retiro de los torniquetes debe comenzar de forma inmediata.
