Las autoridades estarían trabajando en la ampliación de la vía de acceso a la cárcel de varones de Santo Domingo, conocida como el Centro de Privación de Libertad Bellavista. Esta intervención ha generado preocupación entre quienes viven y trabajan cerca del penal, ya que temen perder parte de sus terrenos y, en algunos casos, ver afectadas sus edificaciones.
Vecinos del sector aseguran que no han sido notificados formalmente y que el trato de ciertos funcionarios ha sido irrespetuoso. “No nos han dicho nada, no nos han mandado nada. De la noche a la mañana nos dieron diez días para derrocar. Vinieron con una actitud muy desagradable, gritando y tomando fotos”, denunció una de las afectadas. “Incluso me dijeron que no tenía derecho a vivir en mi local porque dicen que no se puede tener vivienda y negocio en el mismo lugar. Pero yo vivo en la parte de atrás”.
Esta no es la primera intervención en la zona. La semana anterior, en un operativo conjunto entre la Gobernación, la Intendencia, el Consejo de Seguridad Municipal y otras dependencias, se procedió al retiro de varios locales ubicados en los exteriores del centro carcelario. Además, se clausuraron establecimientos por no contar con el permiso anual de funcionamiento del Ministerio de Gobierno.
“Nosotros tenemos permisos municipales, hemos pagado lo que nos han pedido. No es justo que ahora digan que nos falta el de la Intendencia, cuando antes nos decían que eso solo era para bares o lugares donde se vendan bebidas alcohólicas”, reclamó otra comerciante. “Les mostré todos mis documentos y ni siquiera los revisaron, solo querían ver el permiso de la Intendencia”.
Algunos locales exhiben citaciones municipales por el supuesto mal uso del espacio público, aunque los propietarios aseguran haber adquirido legalmente los terrenos, incluso mediante prescripción. “Cuando llegué, la cárcel recién se estaba construyendo. Mi hermano fue el primer cuidador del área, le entregaron estos terrenos y luego me los vendió. Tengo escrituras y todo en regla”, explicó una moradora. “Nadie nos dijo que no se podía construir aquí”.
Los afectados aseguran que están en la zona desde aproximadamente el año 2010, y que durante todo ese tiempo ninguna autoridad aplicó ordenanza alguna sobre una franja de seguridad. “Esto existía desde hace más de 20 años, cuando esto era puro monte. Nunca nos dijeron nada. Ahora nos salen con que la franja es de 500 metros, cuando antes hablaban de uno”, añadió un residente.
Además, se quejan de que nunca se atendieron sus pedidos para mejorar el estado del acceso. “Durante años pedimos que arreglen ese carretero y nunca hicieron nada. Ahora, de repente, vienen a decir que sí van a construir, pero a costa de nuestros terrenos”, expresaron indignados.
Pese a la incertidumbre, algunos vecinos han iniciado trámites legales para no perder sus propiedades, ya sea de forma parcial o total. Por su parte, las autoridades de Policía y Fuerzas Armadas han manifestado en repetidas ocasiones su preocupación por el mal estado de la vía, que es angosta y dificulta las operaciones, especialmente en situaciones críticas como las registradas durante las masacres ocurridas dentro del penal.
Ante esta situación, queda pendiente conocer qué proyectos están en marcha para garantizar la denominada franja de seguridad del penal Bellavista y cómo se protegerán los derechos de los habitantes del sector.
