El Comité de Derechos Humanos (CDH) acompaña a familiares que denuncian un presunto uso excesivo de la fuerza por parte de militares, en medio del estado de excepción que rige en Ecuador desde enero.
“Me dispararon a matar y mataron a Javier”, dice Eduardo Velasco, que se recupera de una herida de bala provocada por soldados. El incidente ocurrió en un control militar en Ecuador, donde se multiplican las denuncias de supuestos abusos de militares en la llamada guerra contra el narco, durante el estado de excepción.
El 2 de febrero, este hombre de 34 años conducía junto a su primo Javier Vega, de 19, para ir a vender una mascota en Guayaquil (suroeste), una de las más violentas del país.
Según el expediente judicial, Velasco avanzó pese a la restricción de circular y la llanta de su auto pasó sobre el pie de un militar. Él sostiene que, al retroceder, chocó a un patrullero.
En “ese momento escucho una detonación, mi primo me manotea (…) veo que le cambia el color, ya él se puso pálido”, cuenta Velasco, que se encuentra bajo arresto domiciliario por supuesto delito de ataque y resistencia.
“Veo que lo bajaron (a Javier), lo golpearon y le pisaban la cabeza”, recuerda.
Incapaz de seguir conduciendo por el balazo en su hombro, Velasco también terminó en el suelo pisoteado por uniformados, según su relato.
Sin antecedentes penales, Javier Vega falleció un día después por cuatro tiros que le destrozaron los pulmones, el estómago y la columna.
El Comité de Derechos Humanos (CDH) acompaña a la familia en este caso, uno de los muchos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte de uniformados en medio del estado de excepción que rige en Ecuador desde enero de 2024.
Según organizaciones de derechos humanos, las denuncias de abusos militares se multiplican desde que Noboa declaró al país en “conflicto armado interno” y movilizó a sus tropas en calles y prisiones para combatir a organizaciones calificadas de “terroristas”.
La agencia AFP analizó 18 videos que circularon en redes sociales entre el 11 de enero y el 4 de febrero en distintas provincias. Al menos en 10 verificados se ven abusos como golpizas en las calles durante el toque de queda nocturno.
Nadie va a llenar este vacío que me han dejado dentro, este dolor que tengo”, sostiene la mujer, de 41 años.
La jueza del caso ordenó a la Fiscalía investigar una presunta extralimitación de funciones por parte de militares.
El abogado Fernando Bastias, coordinador del CDH, explica que “el uso desproporcionado de la fuerza fuera de las prisiones (…) es muy complejo de monitorear porque está pasando en casi todos lados y la gente cree que es normal porque hay un estado de excepción”.
“Hemos visto gente golpeada, humillada por irrespetar el toque de queda”, indica Bastidas.
El panorama es similar en las cárceles bajo control militar. Durante una audiencia apoyada por el CDH para que 18 reclusos accedan a atención médica, algunos relataron supuestas torturas incluso con descargas eléctricas.
“Me hicieron abrir las piernas y me dan (un golpe) en los testículos, me dan con el cable en la espalda”, dijo un preso.
Un juez dictaminó que hubo vulneraciones a derechos y ordenó resarcirlas.
La AFP solicitó entrevistas con el ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas, pero los dos declinaron los pedidos.
En paralelo, las Fuerzas Armadas difunden videos sobre reclusos bajo estricta disciplina militar mientras hacen ejercicio, barren pisos, cantan o dicen tener mejores condiciones de vida dentro de las cárceles.
De hecho, varios oficiales militares han negado que exista maltrato o abusos al interior de las cárceles durante las intervenciones.
Por su parte, la ONU ha pedido a Ecuador una respuesta “proporcionada” ante la ola de violencia.
