La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, defiende el proceso para delegar la operación del campo petrolero Sacha, destacando dos aspectos: No es una privatización y el país necesita los $ 1.500 millones que el Estado recibirá de entrada por la adjudicación.
“La salud y los damnificados no pueden esperar” y ese monto será para inversión social: “Con esos $ 1.500 millones no tengo que pagar al Fondo Monetario Internacional (FMI) ni deuda externa”, indica la ministra, al tiempo de aclarar que la “adjudicación no implica firma del contrato, hay un plazo de 30 días, una serie de condiciones que deben presentar”.Play Video
Y que el pago de la prima es antes de la firma del contrato, “si no hay pago no hay contrato”.
La asignación directa de este campo petrolero asegura que se adecúa a la Constitución y las leyes. Manzano dice que no es un proceso a dedo, sino que la empresa interesada presentó su propuesta y que se invitaron a otras pero no hubo respuesta.
La cartera de Estado se pronunció la tarde de este lunes 3 de marzo tras conocerse la Resolución nº. MEM-MEM-2025-0002-RM del 28 de febrero del 2025 en la que se acoge la recomendación del Comité de Licitación de Hidrocarburos (COLH) y se establece: adjudicar el contrato de participación para la explotación y exploración adicional de hidrocarburos en el Bloque 60 Campo Sacha al consorcio Sinopetrol., conformado por Amodaimi Oil Company y Petrolia Ecuador, subsidiarias en ese orden de la estatal china Sinopec y de la canadiense New Stratus Energy.
El campo Sacha es considerado como la joya de la corona por su aporte a la producción petrolera de Ecuador. La producción promedio en 2024 para este bloque bordea los 77.000 barriles por día de petróleo medio (25 grados de gravedad API).
“Lamento decirles que la corona está oxidada y hay que pulirla”, comenta Manzano y menciona el artículo 313 de la Constitución que habla del principio de eficiencia para gestionar los sectores estratégicos: Hasta el momento Petroecuador se ha encargado de la operación de un campo y una infraestructura que tiene 50 años con falta de mantenimiento, equipos con corrosión, un sistema contra incendios debajo de las normas internacionales.
Además que el 60 % de los tanques están categorizados con severidad alta que significa el riesgo inminente de pérdida de contención, lo que puede implicar riesgo al personal, al medioambiente y a la producción, el 48 % de los separadores también tienen severidad alta, los equipos que separar y almacenan los fluidos trabajaban por encima de su capacidad nominal y la quema de gas y desperdicio energético son varios de los aspectos detallados y por los que se considera que “sin esta operación podríamos perder las reservas del país”.
La ministra destaca que con la adjudicación del campo Sacha:
- $ 1.500 millones de prima que son recursos inmediatos para el país
- El 82 % de los beneficios para Estado después de liquidar la renta petrolera
- $ 3.500 millones de ahorro en costos operativos por el mantenimiento que ahora asume el consorcio, pues el Estado no tiene esos recursos
- 40 % más de producción de petróleo sin que el Estado ponga un dólar
- Más de 1.000 empleos directos para la comunidad y desarrollo para la Amazonía, que son parte de los acuerdos
Tras el informe fiscal presentado esta semana por el Ministerio de Economía se reunió el Comité de Licitaciones para tomar una decisión. Entonces, desde el Ministerio de Energía se indicó que entre los puntos negociados con el consorcio estaba que en los 20 años de concesión el Estado recibiría $ 6.314 millones de renta petrolera, incluyendo los impuestos.
Además, el consorcio ofrece incrementar la producción a 100.000 barriles diarios o más. También ofrecen la perforación de dos pozos a nivel precretácico, que es una zona en el subsuelo en la cual se espera que exista crudo liviano y en gran cantidad. (I)
Fuente: El Universo.
