El presidente Lenín Moreno pidió este martes 4 de febrero de 2020 a la Asamblea Nacional que apruebe las reformas a la Ley de Movilidad Humana que el Ejecutivo envió al poder Legislativo en julio de 2019. Actualmente, las reformas son tratadas en la Comisión de Relaciones Internacionales de este organismo, señala El Comercio.
“Lo necesitamos”, dijo el Presidente este martes, acompañado por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y decenas de autoridades locales de Ecuador que llegaron a Quito.
La reforma “nos permitirá expulsar y deportar a aquellos extranjeros que vienen al país a delinquir o que son encontrados cometiendo delitos”. “Los extranjeros que vienen a disfrutar las maravillas de este país siempre son bienvenidos. Los hermanos del mundo siempre son bienvenidos.
Los delincuentes, no. Aquellos que vienen a dañar nuestra sociedad, a asesinar, a delinquir, a hacer crimen organizado, no. Ellos no son bienvenidos. Este tema es prioritario. No hay país con cero delincuencia, es verdad. Pero podemos acercarnos si trabajamos de manera coordinada”.
Las declaraciones de Moreno se producen tres días después del crimen de Mariana Granja, de 68 años, el sábado en la av. Amazonas, frente a un centro comercial del norte de Quito.
La Policía detuvo a un sospechoso y la Fiscalía precisó que se trata de un hombre extranjero, de 19 años, que recibió prisión preventiva. En ese contexto, este martes se produjo la suscripción de convenios de cooperación en materia de seguridad ciudadana entre el Gobierno central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s), en el Palacio de Carondelet.
En el encuentro estuvieron autoridades municipales del país; fue presidido por el Primer Mandatario y la ministra Romo. Entre los acuerdos suscritos están la construcción de planes locales en materia de seguridad ciudadana y la colaboración para el mantenimiento y operación de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC).
La víspera, el lunes 3 de febrero, el comandante de la Policía, general Patricio Carrillo, habló de “amenazas nuevas”, por el “flujo inusual de ciudadanos que vienen en condiciones negativas a este país. Creo que hay que revisar mucho la Ley de Movilidad”.
En entrevista en Ecuadoradio aseveró: “También nos ponen en vulnerabilidad marcos legales que no permiten que ni siquiera la Policía tenga una legítima defensa ante un riesgo inminente”.
En las reformas a la Ley de Movilidad Humana se plantea cambiar el procedimiento para la deportación de extranjeros infractores.
¿Qué dice la Ley de Movilidad Humana sobre la deportación?
La Ley de Movilidad Humana vigente en el Ecuador desde el 2017 establece que se deben cumplir con cinco pasos antes de deportar a un extranjero que, por ejemplo, haya cometido un delito.
En esa normativa se detalla que se aplicará la deportación solamente cuando la persona haya incurrido en un ilícito inferior a los cinco años de cárcel. Caso contrario, no, porque deberá cumplir la condena en el país.
1. En el artículo 144 se establece que en esos casos (delitos menores), la autoridad de control migratorio notificará inmediatamente el inicio del procedimiento administrativo de deportación al extranjero infractor.
2. Además, se le notificará la convocatoria a una audiencia en un plazo máximo de 10 días.
3. En la diligencia, un juez analizará si cumple o no las causas para abandonar el país. En esa diligencia, la persona puede solicitar la presencia de un defensor público.
4. Después de la audiencia, la autoridad de control migratorio emitirá en menos de 48 horas la resolución de forma escrita.
5. El extranjero puede apelar la decisión. En la ley no se menciona el tiempo que existe para resolver la objeción y aplicar la resolución.
Cuando se cumpla la deportación, esa persona no podrá volver al país en tres años. Desde julio de 2019 se presentó en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional reformas a la Ley de Movilidad Humana.
Allí se plantean cambios para agilitar el trámite de deportación para extranjeros que han cometido ilícitos. La Ministra de Gobierno, María Paula Romo, entregó las propuestas al Legislativo.
Ella plantea que el trámite se acorte pues actualmente tarde entre seis y ocho meses.
Moreno pide también que se apruebe el Código de Seguridad
Durante este mismo encuentro, el Primer Mandatario aseguró que “el país necesita que concluyan en este 2020 el tratamiento del Código de Seguridad del Estado, ya está dos años en la Asamblea.
Esto permitirá que mejoremos la defensa, seguridad ciudadana e inteligencia, que son puntos claves para combatir la delincuencia”. La ministra Romo señaló que hasta el momento se han firmado acuerdos marco de cooperación en materia de seguridad con 138 alcaldías.
La idea es consolidar la “corresponsabilidad” entre los municipios, la ciudadanía y el Gobierno para combatir la inseguridad. Aseguró que este año se destinarán USD 100 millones para la construcción de Unidades de Policía Comunitaria (UPC), a escala nacional.
Además, anunció que se abrirá una nueva línea de crédito, a través del Banco del Estado, para que los municipios puedan obtener financiamiento para proyectos de seguridad.
