La medianoche del viernes 5 de junio, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, dictó prisión preventiva para el asambleísta por Manabí Daniel Mendoza (AP) y a otras cuatro personas por presunto delito de delincuencia organizada.
Entre esos se involucra al director del Servicio de Contratación de Obras (Secob), René Tamayo Silva. El juez se acogió al pedido de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, se rastreó una supuesta red de corrupción que se habría articulado en el marco de los contratos para la construcción del Hospital de Pedernales, en la provincia de Manabí.
El centro de salud quedó destruido por el terremoto de 2016 y, hasta la fecha, a pesar de la recaudación para la reconstrucción de la provincia, Pedernales sigue hasta hoy con un hospital móvil.
“Se desarticuló una presunta organización delictiva integrada por el ciudadano Daniel Mendoza, quien juntamente con su círculo laboral y otros se habrían beneficiado ilícitamente de los fondos asignados al Consorcio Pedernales-Manabí, para el cumplimiento del contrato de construcción del Hospital de Pedernales”, expone el documento judicializado y parte del expediente, para justificar una posible vinculación del asambleísta
Los representantes del Consorcio Pedernales – Manabí también fueron acusados por lavado. Estiman que la cantidad desviada ascendería a los $7,3 millones y era parte del anticipo de $8,2 millones que entregó Secob al Consorcio para comenzar la edificación del hospital. El director Secob, René Tamayo, también forma parte de los detenidos.
La primera incursión policial se dio con la detención del asesor del asambleísta, Jean Carlos Benavidez, a quien se le encontró dinero, papeles y sellos de entidades públicas en su domicilio el 14 de mayo. Entonces, el asambleísta calificó de “insinuaciones malintencionadas” las vinculaciones hacia él, mediante su cuenta de Twitter. Y agregó un pedido a las autoridades para aclarar lo sucedido.
El asambleísta tenía un movimiento político propio en su provincia, Mejor, el cual contaba con una escuela de liderazgo. Los agentes de Criminalística sostienen la posibilidad de que parte del dinero destinado al hospital haya sido utilizado para actividades políticas y proselitistas. Por su parte, se presentaron audios donde consta que dos procesados rendían cuentas al asambleísta para entrega de cheques y dinero.
El arresto fue producto de un operativo liderado por la novel Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía realizado en diversas partes del país como Portoviejo y Bahía de Caráquez, en Manabí, así como en la capital, Quito. El delito de delincuencia organizada está tipificado en el artículo 369 Código Orgánico Integral Penal con siete a 10 años de privación de libertad.
Fuente Vistazo
