En Ecuador el funcionamiento de radares ha generado polémicas en medio de problemas legales que han derivado en terminaciones de contratos, suspensión de uso y observaciones de entidades de control.
Los contratos para el servicio y funcionamiento de radares ha generado polémica en varias provincias, ya sea por temas de legalidad, cobros excesivos o problemas tecnológicos.
Este 4 de junio la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) suspendió el funcionamiento de 39 radares ubicados en El Oro, Cañar y Los Ríos.
La acción fue tomada por pedido del Gobierno Nacional al recibir una alerta sobre presuntas irregularidades en el contrato firmado por la administración anterior.
Pero en Guayaquil, Durán, Cuenca, Ambato también se han generado polémicas por cuestionamientos similares.
La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) suspendió la generación de multas en 39 radares ubicados en Cañar, El Oro y Los Ríos por presuntas irregularidades en el contrato firmado en el Gobierno de Guillermo Lasso.
Se trata de un proceso que “se elaboró en un tiempo récord (42 días) para la contratación pública”, según un comunicado emitido por la Presidencia.
El asambleísta Adrián Castro (de la bancada de ADN), alertó que “el contrato inicialmente se firma para colocar y reponer 147 radares en las vías de todo el Ecuador”, pero luego, “ese número sube a 480 radares”.
Castro sostuvo que “se trata de un contrato millonario” que puede dejar grandes utilidades a las empresas privadas.
Tanto el Gobierno como la CTE solicitarán a la Contraloría General del Estado un examen especial para determinar responsabilidades.
El 24 de enero de 2024, un juez otorgó medidas cautelares a la Agencia de Tránsito de Durán (ATD), para la suspensión temporal de radares.
La institución había interpuesto una acción de protección “por la vulneración de los derechos frente al contrato radares”, según explicó en un video el subgerente general, Luis Samaniego.
Esta resolución judicial se refería al contrato de radares firmado en diciembre de 2022 con el Consorcio de Seguridad Vial de Durán (Sevidu) para la instalación de equipos tecnológicos de control de velocidad y evasión de semáforos en rojo.
El alcalde Luis Chonillo había planteado como primera alternativa la terminación unilateral del contrato, pero eso significaba el pago de una indemnización millonaria a favor de la empresa contratada.
Tras un análisis a las auditorías, aprobadas entre 2016 y 2023, la Contraloría General del Estado identificó irregularidades recurrentes en los contratos de radares en Ecuador.
Según el informe, presentado el 6 de octubre de 2023, existían falencias en la gestión del cobro de multas, la ausencia de estudios que avalen el contrato y la inobservancia de los términos contractuales por parte de los consorcios privados y los gobiernos seccionales.
“En ocho informes de auditoría, el 42% de los hallazgos se refieren a incumplimientos de los compromisos contractuales por parte de las empresas concesionarias”, señaló la entidad.
En Ambato, por ejemplo, se detectaron 389 infracciones por exceso de velocidad con errores de digitación, boletas sin coordenadas e imprecisiones en la digitación de número de placa.
En Tungurahua, el consorcio inició con la operación de un fotosensor sin contar con la autorización o derecho de uso de la vía.
El 27 de agosto de 2023, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, “apagó” de manera simbólica 42 radares que habían sido colocados en la administración de su antecesor en 2022.
Dos días antes había firmado la terminación del contrato entre el Municipio y la empresa privada Móvil Technology.
En enero de 2022, la Empresa Municipal de Movilidad (EMOV) eligió al consorcio para implementar la gestión, control y sanción de infracciones de tránsito.
El consorcio no figuraba en la Superintendencia de Compañías, pero se conocía que estaba formado por cinco empresas de Cuenca y de Guayaquil.
Durante su gestión se iba a quedar quedará con el 40 % de las multas que paguen los infractores. El porcentaje restante irá para la Empresa Municipal de Movilidad.
El 28 de agosto, un juez de Santo Domingo de los Tsáchilas concedió una petición de medidas cautelares para la suspensión de radares, fotorradares y fotosensores.
El juez Emerson Curipallo, de la Unidad Judicial Penal, atendió el pedido de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros.
Ordenó que la Agencia Nacional de Tránsito disponga a los Gobiernos municipales su suspensión hasta que se emita un informe sobre la calibración y el uso de los medios tecnológicos.
La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM)l informó que los radares implementados en Guayaquil cumplían con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
El 23 de octubre de 2023 la ATM ratificó que los radares en Guayaquil seguían operando y sancionando a quienes excedan los límites de velocidad en las vías.
Informó además que hasta esa fecha no habían sido notificados formalmente de alguna disposición judicial para suspender el uso de estos dispositivos en la ciudad.
