El plan de reducción del Estado del Gobierno alcanzó al Servicio de Protección Integral para víctimas de violencia (SPI), antes conocidos como SEPE. El 3 de enero, la mitad del personal que atendía en 46 puntos en el país fue notificado con la no renovación del contrato, informa El Universo.
Esto, pese a que, en diciembre pasado, el secretario general de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, dijo que “los servicios” no se verán afectados con la reducción, aunque mencionó a maestros, militares, policías y médicos.
En el SPI, cuya rectoría la tiene la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno, las víctimas son atendidas por psicólogos, trabajadores sociales y, ocasionalmente, abogados.
La secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón, confirmó que de los 120 funcionarios que atienden en el país, quedan 60 y que también fue afectado lo administrativo.
“Hemos tenido un proceso de austeridad… Esto ha sido altamente doloroso porque ha significado reducir personas que hacen atención a víctimas de violencia (…). Tenemos al 50 % de nuestra real capacidad de trabajo”, dijo la secretaria.
Chacón agregó que para “mitigar” la ausencia de personal se están tomando dos medidas: derivación al sistema de salud pública y a las Juntas de Protección de Derechos de los municipios (en caso de asesoría legal, solicitan a consultorios jurídicos universitarios), y un proyecto de inversión para este año, que permita contar con personal bajo la modalidad de “contratos profesionales”.
El presupuesto del proyecto asciende a $876 862,09.
De ese monto, Chacón reconoce que una parte se puede destinar a talento humano, “lo demás tiene que justificarse en prevención… capacitación”.
El SPI tiene su base legal en la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, presentada por el presidente Lenín Moreno y aprobada por la Asamblea en el periodo 2017.
La norma señala la “obligatoriedad” de esta atención.
Édison Porras, exdirector de Atención, Protección Especial y Reparación a Víctimas de la Secretaría hasta noviembre, señala que la reducción es ‘gravísima’, pues la mayoría de solicitudes de informes de las juntas cantonales y la Fiscalía son realizadas por las trabajadoras sociales del SPI en un plazo determinado y si eso no se cumple se está vulnerando y revictimizando.
Además, no se pueden hacer derivaciones a las juntas cuando estas son las que piden al Servicio.
En tanto, el Consejo de Protección de Derechos de Quito califica a la medida de ‘terrible’, pues los SEPE han aportado a miles de víctimas y al proceso de georreferencia de 3000 casos de abuso sexual en planteles educativos.
Del lado de las víctimas, María Trujillo dice que le apena la reducción, pues los profesionales que llevaban su caso ya no están en el SPI y ahora espera atención en el centro de salud, pero tiene que coger turno por el call center y no sabe cuándo le darán la cita.
Presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos
Para el 2019 bordeó los $20 millones y este año serán unos $11 millones.
Violencia
Para 2020, el Gobierno –por la Secretaría– asignó $4,7 millones para casos de violencia basada en género. (I)
