Desde este miércoles, la Policía Nacional ha asumido el control total del Centro de Privación de Libertad (CPL) Bellavista, ubicado en Santo Domingo de los Tsáchilas. Con este cambio, 100 policías estarán a cargo de la seguridad interna y externa del centro penitenciario, en reemplazo de las Fuerzas Armadas.
Según informaron las autoridades, la transición se realizará de forma progresiva durante varios días, hasta completar el traspaso total de funciones y procedimientos operativos.
“Nuestro personal policial ya se encuentra en la provincia, realizando los relevos correspondientes para tomar el control del CPL. A partir de hoy, la Policía Nacional estará a cargo del 100 % del centro”, indicó el intendente de Policía, Diego Peñaherrera.
Aunque las Fuerzas Armadas ya no estarán vinculadas directamente al control del recinto, seguirán colaborando en operativos específicos, bajo requerimiento de la Policía Nacional.
El intendente explicó que los efectivos han recibido capacitación especializada en seguridad penitenciaria y cuentan con los recursos logísticos necesarios para asumir esta nueva responsabilidad. También se informó que se han adoptado medidas adicionales para garantizar el orden y la seguridad, incluyendo la instalación de inhibidores de señal para evitar comunicaciones no autorizadas desde el interior del centro.
“No vamos a permitir que todo el esfuerzo realizado hasta ahora se pierda. La Policía está capacitada, equipada y comprometida para mantener el control y la seguridad, tanto dentro como fuera del CPL”, señaló Peñaherrera.
Asimismo, se indicó que los uniformados ingresarán con sus armas de dotación y equipos de protección, y ya se los pudo observar este miércoles en puntos estratégicos previamente controlados por las Fuerzas Armadas, así como en el primer filtro de acceso, donde se han instalado nuevas vallas de seguridad.
Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad ciudadana y anunciaron que se realizarán operativos conjuntos de manera más frecuente, con el objetivo de mantener el control permanente del centro penitenciario y evitar que se convierta en un centro de operaciones del crimen organizado.
