Alrededor de 100 uniformados conforman el bloque de seguridad destinado a enfrentar el accionar delictivo y criminal en Santo Domingo de los Tsáchilas. Este grupo, integrado por policías y militares, ha reforzado sus operaciones tras los hechos violentos registrados desde julio y durante lo que va de agosto.
Henry Acosta, jefe de operaciones policiales en la provincia, confirmó que actualmente combaten a organizaciones delictivas que utilizan armamento de largo alcance, una situación evidenciada en las recientes matanzas.
“Los operativos fijos y móviles durante estos días se van a incrementar en la ciudad. Pedimos la colaboración de la ciudadanía. En caso de que porten su cédula de identidad o conduzcan un vehículo, que sea en total normalidad, no bajo efectos de sustancias alcohólicas, peor aún de sustancias sujetas a fiscalización. Además, con sus documentos habilitantes, el vehículo con su placa y sin polarizados. Seremos firmes con los controles y, de igual manera, transparentes en los resultados”, señaló Acosta.
El despliegue de uniformados ha permitido el decomiso de varias armas. Entre los últimos resultados destacan una subametralladora incautada tras una persecución en el asentamiento El Paraíso y un fusil encontrado en una urbanización privada.
“Tenemos personal desplegado y una mayor presencia militar en la ciudad. Estamos operando con un total de siete equipos de combate de forma permanente, que realizan todos los controles de armas, municiones y explosivos”, añadió Acosta.
Según las autoridades, esta intervención ha contribuido a una disminución en los índices de violencia.
El gobernador de la provincia, Miguel Quesad, aseguró que las instituciones trabajan de manera articulada por la seguridad ciudadana. No obstante, descartó por el momento la declaratoria de un estado de excepción en Santo Domingo, basándose en las estadísticas actuales.
“En relación al año anterior, hasta la fecha, tenemos una reducción del 16% en delitos en forma general”, indicó.
Quesad reiteró que el bloque de seguridad está activado al 100%, tanto en el eje preventivo como en el eje investigativo. Sin embargo, la provincia aún se ubica dentro del top 10 a nivel nacional en cuanto a muertes violentas.
“El nivel de violencia a nivel nacional también nos mide. Nosotros, se puede decir, estamos en la mitad del ranking. En cuanto a homicidios intencionales, estamos aportando con un 16.84% a nivel nacional en el tema de violencia criminal. Hasta el momento, tenemos registradas 83 muertes violentas. Cabe señalar que no todas ocurrieron dentro de la provincia”, explicó.
Para reforzar el orden, autoridades y fuerzas de seguridad han establecido un cronograma de intervenciones. Una de las primeras acciones ejecutadas fue el retiro de puertas en el barrio Sarecay, un populoso sector identificado como conflictivo.
Pese a estas medidas, la percepción de inseguridad sigue siendo alta y la confianza ciudadana continúa siendo uno de los principales retos por superar.
