Después de una década de permanecer cerrada, la Unidad Educativa Martínez Mera, ubicada en la parroquia Alluriquín, reabrió sus puertas este miércoles 20 de agosto.
La reapertura se concretó gracias a una inversión superior a 13.000 dólares, destinada a mejorar las condiciones de aprendizaje de niñas y niños de la zona, según informó la ministra de Educación, Deporte y Cultura, Alegría Crespo.
“La comunidad necesitaba este espacio para que sus hijos e hijas puedan seguir estudiando. Con una inversión de más de 163.000 dólares, nos dio muchísimo gusto reabrir la institución y dar estas oportunidades tan importantes en educación rural”, señaló la ministra.
Inversión en infraestructura educativa
Durante su visita a Santo Domingo, Crespo destacó que ya se cuenta con recursos asignados para intervenir en unidades educativas rurales y urbanas.
“Tenemos la visión y los expedientes levantados para 50 unidades educativas rurales, lo que corresponde a 5 millones de dólares en lo que resta del año fiscal 2025. En la parte urbana la inversión es mucho mayor. Solo en Santo Domingo de los Tsáchilas se destinan 2,5 millones, y a nivel nacional cerraremos el año con una inversión de 80 millones de dólares”, afirmó.
Contratación de nuevos docentes
Respecto al déficit de docentes, que actualmente alcanza el 1,4%, la ministra precisó que se encuentra en marcha el segundo proceso de contratación progresiva de maestros, luego de que en la primera fase se incorporaron 678 profesionales de la educación.
En esta nueva etapa, 2.300 docentes corresponden al régimen Sierra-Amazonía y 500 profesionales serán psicólogos o especialistas en bienestar social e inclusión.
“Esto viene a fortalecer los Departamentos de Consejería Estudiantil, que necesitan profesionales para precautelar, dar seguimiento y contención psicológica y emocional a nuestros estudiantes”, indicó.
Seguridad en los planteles
En materia de seguridad, la ministra ratificó que el Ministerio de Educación trabaja en conjunto con el Ministerio del Interior para fortalecer la protección de los planteles, lo que incluye la autorización de ingreso de la Policía Nacional bajo protocolos específicos.
“El acuerdo ministerial fue flexibilizado para que la Policía Nacional pueda ingresar únicamente cuando existe un peligro cierto o un riesgo inminente, como casos de extorsión, amenazas o acciones relacionadas con el crimen organizado. En esos casos se requiere la presencia policial para precautelar el bienestar de la comunidad educativa, siempre respetando los derechos de niños, niñas y adolescentes”, explicó.
Asimismo, se prioriza la atención a las unidades educativas ubicadas en zonas conflictivas, donde se implementará cerco eléctrico, cerramiento y guardianía 24/7, con el fin de garantizar espacios seguros para estudiantes y docentes.
