Galo Calero, de la Comisión Ciudadana Anticorrupción; y Rodrigo Barros, miembro Colegio de Ingenieros Civiles, se refieren a la ampliación de vía Unión del Toachi – Santo Domingo que impulsa la Prefectura de la provincia Tsáchila.
“Santo Domingo está quieto, no entiende el perjuicio que le están causando”, dice Calero al referirse al proceso de contratación de esta obra.
La Prefectura adjudicó al Consorcio Multinacional Tsáchila la ampliación a cuatro carriles de la vía Alóag – Santo Domingo, tramo Unión del Toachi – Santo Domingo Fase I por $ 26’387.453 más IVA.
Dicho Consorcio está conformado por la empresa china Sinohydro Corporation Limited y Eufrates Invest.
En entrevista en radio MACARENA, el prefecto Geovanny Benitez dijo que “la empresa que construye Coca Codo no tiene nada que ver con la empresa que construirá la vía”.
Sin embargo, Calero señala que “Sinohydro es una compañía cuestionada y que está siendo investigada por la Contraloría.”
Detalles técnicos
Barros señala que la Prefectura se está equivocando en la concepción técnica de la obra.
“Ellos manejan una estrategia eminentemente política y económica, y están desvinculando la parte social y técnica” manifestó.
Como profesionales sugieren que “se hagan los tramos que están frente a los sectores críticos de la vía como Chiguilpe, Tinalandia y Alluriquín”.
Según Barros, no se ha informado sobre varias cosas. Señala que al frente de Alluriquín se construirá un viaducto de más o menos 350 metros y eso no le han dicho a la ciudadanía.
Calero recalcó que este proceso de contratación es un un capricho político de quien en pocos días se despedirá de la Prefectura dejándole un problema a Santo Domingo y al próximo Prefecto.” (I)