Después de una dura controversia legal, la Prefectura de Santo Domingo ha triunfado. La provincia de Santo Domingo ha salido victoriosa.
Este martes, la prefecta Johana Núñez anunció que el Consorcio Multinacional Tsáchila ampliará a cuatro carriles la vía Alóag–Santo Domingo, en el tramo Unión del Toachi–KFC, basado en el estudio y demás consideraciones técnicas del contrato firmado el 7 de diciembre de 2018. Es decir, se mantiene el precio de más de 26 millones de dólares y un plazo de ejecución de 1.096 días.
Recordemos que, en cumplimiento de una orden judicial, en abril de 2022 la Prefectura entregó más de 5 millones de dólares como anticipo de obra al Consorcio Multinacional Sáchila. Para evitar más problemas legales, se aceptó la invitación a mediar con el consorcio y, tras seis meses, se logró firmar el acta bajo los términos y condiciones que propuso la Prefectura.
El contratista deberá mantener actualizadas las garantías de buen uso del anticipo y de fiel cumplimiento del contrato, las cuales serán incondicionales y de pago inmediato. Asimismo, se compromete a ejecutar la obra conforme a los estudios y términos del contrato. El precio de la obra se pagará exclusivamente con los recursos obtenidos de la recaudación del peaje, evitando así el endeudamiento y el pago de intereses al Banco de Desarrollo. En palabras de la prefecta, “tenemos los fondos propios en el peaje para poder ejecutar esta obra”.
Durante esta semana se realizará el proceso de contratación del fiscalizador, por lo que se prevé que la obra inicie en el mes de octubre. El financiamiento provendrá de la recaudación del peaje, aunque la responsabilidad legal y económica de los consultores prescribe en el plazo de cinco años, contados a partir de la recepción definitiva de los estudios.
William López, asesor jurídico de la Prefectura, indicó que los estudios entregados en septiembre de 2017 están en plena vigencia, debido a que el consultor aceptó una propuesta realizada por la institución.
“Sus estudios fueron cancelados en su momento y, por los conflictos legales, no se han podido utilizar. ¿Está presto usted a ratificar la validez técnica y jurídica de los estudios y asumir la responsabilidad conforme a la ley por cinco años más?”, fue la consulta realizada.
El contratista, de manera generosa, ingresó el respectivo oficio a la Prefectura, indicando que asumía la responsabilidad técnica y legal de la validez de los estudios por cinco años, a partir del mes anterior, conforme al artículo 100 de la Ley de Contratación Pública.
De esta manera, la Prefectura confirma que sí cuenta con el estudio actualizado.
