Con la reunión celebrada la tarde del jueves 26 de septiembre, el Consejo de Participación Ciudadana dio por teminado el proceso de audiencias en el caso ‘Centros de tolerancia’.
Fuera de zona urbana
Desde el año 2014 el Gobierno Municipal ha notificado a los propietarios de los prostíbulos para que se reubiquen según los lineamientos de la Ordenanza que aprueba el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2030.
Para cumplir con esa disposición, en el mes de abril la actual administración municipal dispuso la expropiación de un predio de 16.47 hectáreas en el kilómetro 13,5 de la vía a Quevedo.
Desde entonces, moradores del sector y grupos sociales se oponen a que se concrete la reubicación porque en la zona existen viviendas y centros educativos.
Quienes se sienten afectados solicitaron la intervención del Consejo de Participación Ciudadana para lograr un acuerdo con el Gobierno Municipal de Santo Domingo.
La quinta audiencia
En la cita del jueves pasado, el alcalde Víctor Quirola respondió algunas interrogantes planteadas por los representantes de los padres de familia de la Unidad Educativa CADE, del representante del Ministerio de Educación, de la Defensoría del Pueblo y del propio Consejo de Participación Ciudadana.
Descartan dos terrenos
Quirola expuso las razones por las que descartó dos terrenos que como alternativa propuso la comisión formada por representantes de los grupos interesados.
Según el informe, el primer predio, ubicado en un sector aledaño al Centro de Rehabilitación Social, está en el perímetro urbano. Y el segundo predio, ubicado en el kilómetro 20 de la vía a Quevedo, es parte del sector urbano de la parroquia Luz de América.
Nueva propuesta
Una de las propuestas surgida desde los padres de familia del CADE, representados por Miguel Moreta, fue que el Concejo Municipal adopte una resolución que plantee una moratoria de 6 meses para buscar otro terreno.
Mientras eso sucede, proponen que todos los burdeles vuelvan a funcionar pero con mayores exigencias por parte del Municipio.
De su parte, la Defensoría del Pueblo planteó que la reforma a la ordenanza que impide el funcionamiento de los locales de servicios sexsuales en el perímetro urbano.
Sin embargo, ambas propuestas fueron descartadas por Quirola. La primera porque insistió que el proyecto no afecta los derechos de los estudiantes ni de la ciudadanía en general. Y la segunda porque no pueden cambiar ordenanzas para cumplir pedidos puntuales de cada sector que se sienta perjudicado por una norma, argumentó.
Al no haber ningún acuerdo tras cinco audiencias, Luis Felipe Buenaño, del Consejo de Participación Social, dijo que no se realizarán más audiencias.
Agregó que realizará un pedido de ampliación de información al Municipio para conocer más detalles del proyecto con el fin de tener más argumentos para impulsar acciones administrativas y judiciales que impidan la construcción de los centros de tolerancia en el lugar planificado por la actual administración municipal. (I) C.V.N.
Fotos archivo.