Han transcurrido cerca de 40 días desde que la jueza Susana Sotomayor dispuso el retiro de los torniquetes instalados en las unidades de transporte urbano pertenecientes al consorcio Mío, que agrupa a las operadoras Ejecutrans, Transmetro y Transáchila. Sin embargo, algunas unidades aún mantienen estos dispositivos.
George García, vicepresidente del consorcio Mío, señaló que el retiro de los torniquetes es competencia del Municipio de Santo Domingo, por lo que deben ser ellos quienes ejecuten la medida.
“Es a la municipalidad a la que la sentencia le dice que tiene que hacer el retiro de estos artefactos y tiene que reemplazarlos por un sistema tecnológico que no implique barreras. Entonces, hasta el momento no tenemos ninguna comunicación por parte del municipio sobre qué tipo de equipamientos tecnológicos se va a poner en lugar de los torniquetes. Pues, de no haber barrera, el municipio tendrá que subsidiar esa parte que la gente no pague”, explicó García.
La resolución judicial establece que las operadoras de transporte, accionadas bajo supervisión de la Empresa Pública Municipal de Transporte, debían capacitar obligatoriamente a su personal en derechos humanos y trato adecuado a grupos de atención prioritaria, en un plazo de 30 días. Además, ordena al municipio garantizar un mecanismo alternativo de control y cobro que no represente una barrera física para los usuarios, y retirar de manera inmediata los torniquetes de las unidades.
Ante aquello, el alcalde de Santo Domingo, Wilson Erazo, manifestó:
“Bueno, esas ya son medidas técnicas que tiene que tomarlas el señor gerente de la Empresa Municipal de Transporte. Ya en eso no le voy a dar yo disposiciones administrativas, porque para eso hay un gerente y tendrá que cumplir lo que dice el juez con la autoridad.”
Consultado sobre el tema, el concejal Pedro Alcívar expresó que respetan la decisión judicial, pero aclaró que esta debe cumplirse estrictamente. También indicó que es la Empresa Municipal de Transporte la que tiene la competencia directa sobre el sistema de control en las unidades.
“El Consejo Municipal nunca autorizó ni aprobó la colocación de torniquetes en las unidades de transporte urbano. Sin embargo, en la resolución del juez se indica que el municipio deberá implementar mecanismos de control, ahora que deben ser retirados los torniquetes. Pero realmente esta es una responsabilidad, ¿no es cierto?, de la Empresa Municipal de Transporte, que tiene la competencia y, por tanto, la responsabilidad de articular con las diferentes operadoras de transporte. Son ellos los que tienen que ponerse de acuerdo y buscar los mecanismos que permitan encontrar una alternativa ante el retiro de los torniquetes.
Sin embargo, también es importante aclarar que esto no está sujeto a interpretaciones. La resolución del juez es bastante clara: tienen que ser retirados los torniquetes de todas las unidades de transporte. Eso no lo decimos nosotros, lo dice la resolución del juez, así que eso se debe cumplir, indistintamente de todas las acciones, iniciativas y alternativas que lleve adelante en su debido momento la Empresa Municipal de Transporte”, agregó Alcívar.
En cuanto al incumplimiento en la implementación del Sistema Integrado de Recaudo (SIR) y el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), Alcívar recalcó que no se ha modificado la normativa vigente, por lo que el cumplimiento es obligatorio.
“Está legislado. El Consejo Municipal ha cumplido con aprobar la normativa municipal que rige para todo el territorio del cantón Santo Domingo respecto del pasaje electrónico. De ahí para allá es responsabilidad de la Empresa Municipal de Transporte, que tiene la competencia para cumplir y hacer cumplir la normativa municipal, que está legislada, que está aprobada. Y están las empresas, las operadoras, en este caso de transporte urbano, quienes tienen que sujetarse a la normativa que ha sido aprobada por el Consejo Municipal.”
Finalmente, George García afirmó que el consorcio Mío ya cumplió con la implementación del sistema y que incluso se emitieron las tarjetas de uso ciudadano.
“Las otras dos compañías no tienen todavía ninguna tarjeta circulando en la ciudad, y nosotros le hemos pedido a la empresa pública: queremos ver el funcionamiento de esta otra tarjeta para ver cómo la interconectamos entre las dos. Pero hasta el momento no funciona. En un par de semanas más estará habilitada la red de farmacias para que hagan las recargas y puedan utilizar el bus con la tarjeta tranquilamente, y evitar todos estos inconvenientes que se generan en el bus por los vueltos, porque la tarjeta paga exactamente los 39 centavos”, señaló García.
