Más de 200 personas vinculadas laboralmente o mediante inversión al grupo Pip Master realizaron un plantón en las afueras de la judicatura para solicitar se permita su derecho al trabajo argumentando que el dinero invertido es lícito.
En la audiencia se vinculó al proceso a 22 empresas que tendrían relación directa con Cristian J y Pip Master según información de fiscalía.
