Sin permisos funcionaba un centro que ofrecía tratamiento para las adicciones en la cooperativa Patria Nueva, en Santo Domingo. Las autoridades lo clausuraron tras conocer de su existencia por el asesinato de dos personas en la parte externa del centro.
Es así que funcionarios de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada – ACESS, intervino este sitio, en el que encontraron a 56 personas retenidas, “la mayoría en contra de su voluntad, en condiciones de hacinamiento, insalubridad, enfermedades, maltratos y encierro, lo que además dificultaba cualquier posibilidad de escape en caso de emergencia”, informó la entidad mediante boletín de prensa.
Además detalló que “las habitaciones tenían candados en todas las puertas de acceso y ventanas con rejas que actuaban como barreras físicas, manteniéndolos en un estado de absoluta vulnerabilidad.”
Durante la inspección, funcionarios de ACESS evidenciaron que “entre las personas retenidas había 43 hombres adultos, 3 menores de edad, 9 mujeres adultas y una menor. Todos permanecían sin acceso a agua potable ni servicios básicos, y utilizaban agua de pozo para su aseo. Algunos presentaban patologías psiquiátricas como esquizofrenia, así como enfermedades de la piel como escabiosis, con afectaciones visibles en todo el cuerpo.”
Y eso no fue todo. Pues en un recorrido por el lugar, observaron “la existencia de medicamentos, catéteres intravenosos, sueros y fichas de registro rotuladas como “historias clínicas”, pese a que el centro no tenía ningún tipo de aval sanitario. También se encontraron alimentos en descomposición, manipulados de forma inadecuada, sin condiciones de almacenamiento, así como animales que convivían con los internos.”
Adicionalmente, “se constató la presencia de plagas como cucarachas y olores desagradables provenientes de los baños y habitaciones, lo cual, sumado a la falta de ventilación y de insumos de higiene básica, evidenció el alto nivel de insalubridad en el que vivían estas personas.”
Los familiares confiaban en la recuperación de sus parientes, pero aquí no llevaban “control médico ni seguimiento profesional.”
La intervención se realizó con el apoyo de Policías y Miliares. La DINAPEN canalizó la entrega de los menores de edad a sus familias.
