El Gobierno Nacional puso en marcha el proceso de deportación de 1.000 ciudadanos colombianos privados de libertad, en un operativo interinstitucional liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad.
La medida se ejecuta bajo el marco jurídico vigente, con protocolos individualizados, judicializados y con respeto a los derechos humanos. Cada caso cuenta con boletas de excarcelación emitidas por jueces competentes.
“Como Fuerzas Armadas hemos apoyado al Ministerio del Interior en esta deportación, que se da dentro del marco del conflicto armado no internacional”, señalaron voceros militares. La presencia del personal militar se desplegó a lo largo de las principales rutas de la provincia del Carchi. También se destacó personal para proporcionar seguridad a los vehículos que transportan a las personas privadas de libertad (PPL).
Se organizó el paso de los PPL hacia Colombia a través del puente Rumichaca y en sitios de amortiguación, zonas de reunión que evitaron aglomeraciones en este paso internacional. Además, se reforzó la seguridad en el cordón fronterizo, destacando un importante número de contingente militar hacia pasos fronterizos no autorizados para garantizar la paz y la tranquilidad en la provincia.
El ministro del Interior, John Reinberg, calificó esta acción como un paso firme en la política de seguridad del Gobierno. A través de la red social X manifestó:
“Como Ministro del Interior, cumplo con informar al país que iniciamos el proceso de deportación individual de 1.000 ciudadanos extranjeros vinculados a actividades delictivas, que estaban finalizando su pena privativa de libertad por delitos como robo, receptación, tráfico ilícito de sustancias y delitos contra la propiedad. Esta acción forma parte de nuestra política de tolerancia cero con el crimen organizado. Quienes atenten contra la seguridad del país no tienen cabida aquí. Estos delincuentes tienen prohibido su ingreso al Ecuador por los próximos 40 años. No vamos a permitir que el terror cruce nuestras fronteras ni que se instale en nuestras calles”.
Como parte del operativo, desde Santo Domingo fueron trasladados, bajo estrictas medidas de seguridad, 15 internos colombianos recluidos en la cárcel Bellavista. Los reos abordaron un bus interprovincial con destino a la frontera de Rumichaca para su entrega a las autoridades de su país.
El dispositivo fue organizado por cada provincia con personal élite de seguridad, como el GEMA, el GIR y el GOE. También se contó con la presencia de personal preventivo de la Policía Nacional. En horas de la mañana se emitieron las disposiciones necesarias y se coordinó con el ECU 911, con la finalidad de reforzar la seguridad en los diferentes ejes viales y apoyar las operaciones de los policías desplegados.
En el puente de Rumichaca participaron aproximadamente 50 policías. El protocolo contempla la entrega de los ciudadanos deportados al representante del Gobierno, de la Subsecretaría de Migración, con el fin de cumplir los procedimientos junto a sus pares colombianos.
Desde el ámbito diplomático, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana recalcó que el procedimiento cumple estrictamente con el ordenamiento jurídico nacional y con los compromisos internacionales asumidos por el Ecuador.
Además, la Cancillería informó de manera oficial y continua al Consulado de Colombia en Quito, en su calidad de canal diplomático. La Subsecretaría de Migración gestionó la documentación correspondiente, mientras que el SNAI coordinó las audiencias individualizadas con el Consejo de la Judicatura, garantizando la transparencia del proceso.
