El Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas se encuentra socializando el borrador del proyecto de ordenanza que regula y controla el cuidado y mantenimiento de cunetas, frentes y derecho de vía en los predios colindantes con la red vial provincial.
El objetivo es recoger los aportes y sugerencias de la ciudadanía antes de su aprobación. La prefecta Johana Núñez aclaró que esta normativa no busca sancionar el uso de las vías, sino penalizar a quienes mantengan en mal estado o sin limpieza el frente de sus propiedades, una petición recurrente durante las asambleas territoriales realizadas en junio.
“Que los moradores, los finqueros, dueños de terrenos que colindan con las vías limpien las cunetas. Es obligación de cada propietario mantener la cuneta limpia, pero como no lo hacen, la asamblea ha solicitado que trabajemos en una ordenanza para multar a quienes no cumplan”, indicó la autoridad.
Cabe recordar que en el año 2016 se emitió una ordenanza similar, pero no se ejecutó debido a vacíos legales, especialmente en materia coactiva. En ese entonces, la Prefectura no contaba con una unidad de coactiva, la cual fue creada posteriormente a raíz del proyecto de ordenanza de la Tasa Provincial de Rodaje, exigido por el Gobierno a todas las prefecturas.
Tras revisar el ordenamiento jurídico provincial, se detectaron múltiples falencias en la normativa anterior, por lo que se decidió elaborar una nueva ordenanza que corrija errores y garantice su efectividad y aplicación práctica.
Por su parte, el asesor jurídico del Gobierno Provincial, William López, explicó que el proyecto busca preservar la infraestructura vial y mejorar la visibilidad, accesibilidad y conectividad territorial.
“Una vez que la ordenanza entre en vigencia, todos tendrán la obligación jurídica de cumplirla. Esta normativa no busca sancionar a nadie, sino generar conciencia en los propietarios de bienes inmuebles para que asuman su deber ético y legal de mantener limpios sus frentes. Esto no solo beneficia a sus propiedades, sino también evita afectar al resto de la ciudadanía, ya que actualmente representa un verdadero peligro”, afirmó.
El enfoque de la ordenanza es preventivo, no sancionatorio. Por eso, el procedimiento contempla inspecciones por parte de la Dirección de Obras Públicas. En caso de incumplimiento, se notificará al propietario, otorgándole un plazo de 30 días para regularizar la situación antes de aplicar sanciones.
Si el propietario no cumple en el plazo estipulado, el GAD Provincial ejecutará la limpieza, pero el costo será cobrado al propietario mediante una multa por la vía coactiva.
“Es la única forma. Muchas veces la gente solo entiende sus obligaciones cuando le tocan el bolsillo. Por eso, primero se les dará la oportunidad de que lo hagan por sus propios medios. Si no lo hacen, lo hará el GAD Provincial, pero se les emitirá un título de crédito por el costo de la limpieza, además de una sanción económica que irá de una a cinco remuneraciones básicas unificadas”, puntualizó López.
Las jornadas de socialización continuarán en las diferentes parroquias de la provincia, con el fin de fortalecer la participación ciudadana y garantizar que la nueva ordenanza responda a las necesidades del territorio.
