Ecuador se encuentra en alerta roja en todo el territorio nacional ante la evolución del fenómeno de El Niño. La medida fue adoptada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos el sábado 29 de agosto de 2026, con el objetivo de reforzar las acciones de preparación y respuesta frente a los posibles impactos del evento climático.
La declaratoria fue establecida mediante la Resolución suscrita por la secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano Haro. Con esta decisión, el nivel máximo de alerta se extiende a todo el país.
El Niño está activo, pero la alerta no significa lluvias extremas inmediatas.
La declaratoria responde al fortalecimiento de las condiciones oceánicas y atmosféricas asociadas con El Niño. Sin embargo, las autoridades han precisado que la presencia del fenómeno no significa que inmediatamente se producirán lluvias intensas y generalizadas en todo Ecuador.
El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño reportó anomalías importantes en la temperatura superficial del océano Pacífico. En la región Niño 1+2, frente a las costas continentales de Ecuador y Perú, el incremento ha alcanzado hasta +4 °C.
En la región Niño 3.4, correspondiente al Pacífico central, la anomalía se ubica en +2,6 °C, mientras que en la franja marítima comprendida entre el continente y las islas Galápagos se registran temperaturas de entre +2 °C y +3 °C por encima de los valores normales.
Las condiciones y riesgos son diferentes según cada región del país.
En el Litoral se han presentado precipitaciones puntuales, fuertes oleajes e inundaciones costeras, especialmente durante periodos de aguaje y mareas elevadas.
En la región Interandina, en cambio, persiste un déficit de precipitaciones acompañado de temperaturas elevadas, condiciones que pueden incrementar el riesgo de incendios forestales.
La alerta roja, por tanto, constituye principalmente una medida para elevar el nivel de preparación institucional frente a los diferentes escenarios que podrían presentarse conforme evolucione el fenómeno.
Municipios y prefecturas deberán activar sus mecanismos de respuesta.
La resolución establece acciones para los diferentes niveles de gobierno. Entre las principales medidas consta la activación de los Comités de Operaciones de Emergencia provinciales y cantonales, encargados de coordinar las decisiones y acciones frente a posibles emergencias.
También deberán priorizarse los planes de contingencia y las evaluaciones preventivas en sectores vulnerables a inundaciones, deslizamientos y movimientos en masa.
Otra de las disposiciones está relacionada con la red vial y la disponibilidad de maquinaria pesada. Los gobiernos locales deberán mantener la coordinación correspondiente para disponer de equipos en puntos considerados críticos y responder ante eventuales afectaciones que puedan comprometer la conectividad.
Prevención y monitoreo serán reforzados durante la alerta roja.
Las instituciones deberán fortalecer las acciones de información y prevención dirigidas a la ciudadanía, incluyendo planes de autoprotección, organización comunitaria e identificación de zonas expuestas a amenazas.
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantendrá el seguimiento de la evolución del fenómeno y la coordinación de las acciones de preparación y respuesta que sean necesarias en el territorio nacional.
La declaratoria de alerta roja marca una nueva etapa de preparación frente a El Niño. La ciudadanía deberá mantenerse informada a través de fuentes oficiales, reconocer los riesgos existentes en su entorno y conocer las rutas y mecanismos de evacuación establecidos en cada localidad.
