El complejo judicial de Santo Domingo enfrenta severas deficiencias en su infraestructura y falta de personal, agravadas por un presupuesto limitado que impide cubrir las necesidades operativas.
En el marco de la declaratoria de emergencia de la Función Judicial en el país, la asambleísta por Santo Domingo de los Tsáchilas, Yadira Bayas, junto al director provincial del Consejo de la Judicatura, Andrés Guzmán, realizaron este lunes 14 de julio un recorrido de inspección por las instalaciones del complejo judicial.
“Queremos efectivizar los recursos, tanto humanos como de infraestructura, para poder brindar atención a cada uno de los ciudadanos, no solo en Santo Domingo, sino en todo el país. Sabemos que hacen falta más de 700 jueces y 600 fiscales para cubrir realmente las necesidades a nivel nacional. Esto representa un requerimiento de más de 200 millones de dólares en presupuesto para poder mejorar el sistema de justicia”, expresó la asambleísta.
Durante la visita, que abarcó desde el subsuelo hasta la terraza, se constataron múltiples problemas. En el garaje subterráneo, por ejemplo, la falta de iluminación es evidente. Además, se verificaron filtraciones de humedad y daños en los sistemas de aire acondicionado, lo que compromete las condiciones de trabajo y atención al usuario.
Los ascensores tampoco funcionan de forma adecuada, lo que genera molestias e incluso riesgos para quienes laboran o acuden a diario al edificio. Las filtraciones de agua durante las lluvias, especialmente por el sistema de climatización, son una constante que requiere intervención urgente.
“No tenemos aires. Por ejemplo, cuando hay audiencias, los usuarios no cuentan con aire acondicionado, lo cual es indispensable por el clima de Santo Domingo. La instalación está totalmente deteriorada; los tumbados están por caerse”, advirtió Bayas.
Por su parte, el director provincial, Andrés Guzmán, indicó que gracias a la autogestión y a una ejecución eficiente del presupuesto, se ha logrado mitigar algunos riesgos. Sin embargo, recalcó que los recursos siguen siendo insuficientes.
De los fondos asignados a la provincia, alrededor de siete millones de dólares se destinan únicamente al pago de sueldos, dejando un margen reducido para cubrir necesidades estructurales. El presupuesto restante es de aproximadamente 400 mil dólares, cantidad insuficiente para atender la emergencia.
“Se requieren más de 160 mil dólares para cubrir pintura, filtraciones, reparación de ascensores y otros daños estructurales prioritarios. Solo en ascensores necesitamos al menos 60 mil dólares”, precisó Guzmán.
Durante el recorrido, la asambleísta también escuchó los pedidos de jueces y funcionarios judiciales, quienes expusieron otras falencias que afectan la calidad del servicio, como la necesidad urgente de renovar las celdas de detención temporal.
“A pocos metros de aquí están las celdas de las personas detenidas por flagrancia. Hemos tenido ya una persona fallecida y varios heridos, incluyendo abogados. Las condiciones son peligrosas. Si el director no se preocupara por mantenerlas con recursos propios, sería una pestilencia terrible. Las celdas están justo al lado de la sala 106 de flagrancia. Los detenidos deben pasar junto al juez para ingresar a las audiencias, lo que representa un verdadero riesgo”, explicó una funcionaria.
La asambleísta Bayas reiteró su solicitud para que las celdas del SN sean retiradas o trasladadas a un lugar más apropiado.
Tanto los trabajadores como las autoridades esperan que, con la declaratoria de emergencia, se aceleren los procesos para asignar recursos y ejecutar obras que permitan optimizar el funcionamiento del sistema judicial en Santo Domingo.
