“Me parece muy desatinado de parte de los transportistas que no obedezcan una orden de autoridad competente. Ahí, la juez es la que ordena el retiro”, expresó Héctor Fiallo, gerente de la Empresa Pública Municipal de Transporte de Santo Domingo, al referirse a la negativa de algunas operadoras de retirar los torniquetes instalados en unidades del transporte urbano, pese a existir una sentencia judicial que así lo ordena.
Fiallo aclaró que la empresa no tiene injerencia directa en la ejecución del retiro, ya que en la sentencia no se menciona que esta institución sea la responsable de verificar el cumplimiento.
“La empresa de tránsito ni siquiera tiene que ver con el cumplimiento, porque en la sentencia no dice ‘la empresa de tránsito verificará el cumplimiento’. No dice eso. Solo dice que se debe cumplir”, indicó.
El funcionario recordó que hace dos años se emitió un informe dirigido a las cinco operadoras de transporte, en el cual se advertía que los torniquetes eran ilegales. No obstante, debido a restricciones contractuales, la empresa municipal no puede ordenarlos retirar de forma unilateral.
“Cuando se firmó el contrato de operación, hay una cláusula que indica que si la empresa de tránsito demanda el retiro de los mecanismos de control de evasión, esa evasión será pagada por la empresa de tránsito. La ciudadanía no tiene por qué pagar en el negocio de alguien. Ese fue un error contractual”, añadió.
Fiallo recalcó que si una autoridad judicial ya ha ordenado el retiro, los transportistas deben acatarla.
“Imagínense, ahora un juez les dice que deben retirar los torniquetes, ¡y aún así no se les antoja hacerlo!”.
En relación con las capacitaciones dirigidas a los conductores, el gerente informó que ya se han desarrollado talleres sobre derechos humanos y atención a grupos prioritarios, con el apoyo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos.
“Hemos mantenido capacitaciones continuas todos los años a los transportistas. También se han sostenido reuniones con los dirigentes de buses urbanos y taxis para garantizar el trato adecuado a las personas con discapacidad. Desafortunadamente, como en todo grupo humano, hay personas que hacen bien las cosas y otras que no”, expresó.
Sistema de recaudo sigue sin implementarse
Uno de los procesos que permanece estancado es la implementación del sistema de recaudo electrónico SIR SAE. La principal dificultad radica en la existencia de dos plataformas distintas: una perteneciente al consorcio Mío (Ejecutrans, Transmetro y Transtsáchila), y otra utilizada por las operadoras Riotoachi y Rumiñahui.
Ante esta situación, Fiallo señaló que se está trabajando en una solución definitiva para unificar el sistema mediante una plataforma internacional.
“Existe una plataforma llamada Visa Ready que garantiza la interconexión e interoperabilidad a nivel mundial. Se están evaluando las plataformas y software utilizados para verificar si cumplen con los requisitos necesarios. Con autorización del alcalde y del directorio, estamos contratando una consultoría para que, en los próximos días, nos entreguen un informe que determine cuál de las plataformas está lista para ser interoperable”, explicó.
Se prevé que en un plazo de 30 días se tenga un diagnóstico claro, el cual será presentado al Concejo Cantonal para tomar decisiones como establecer un nuevo plazo u otra medida que considere pertinente el alcalde y el Concejo.
La Defensoría del Pueblo entra en escena
Finalmente, durante la tarde del lunes 14 de julio, se conoció que la Defensoría del Pueblo fue notificada para dar seguimiento al cumplimiento de la sentencia judicial que dispone el retiro de los torniquetes en las unidades de transporte urbano de Santo Domingo.
