La solicitud de licencia sin sueldo por 60 días presentada por la prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, Johana Núñez, no obtuvo el respaldo necesario durante la sesión de la Cámara Provincial. El pedido generó observaciones respecto a su sustento legal y a la situación jurídica que actualmente enfrenta la autoridad provincial.
Durante la sesión, la ingeniera Paola Puco, presidenta del Gobierno Parroquial de Santa María del Toachi y consejera provincial, presentó la moción para que se analice la solicitud planteada por la prefecta.
El pedido contemplaba que el viceprefecto provincial asumiera la subrogación durante el periodo de duración de la licencia, de acuerdo con las disposiciones del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Concejala Ximena Toro planteó observaciones a la solicitud.
Durante el tratamiento del tema se presentaron observaciones. Ximena Toro, concejala de Santo Domingo, quien participó en la sesión por delegación de la alcaldesa Clarita Hinojosa, sostuvo que la petición debía contar con mayor sustento y considerar las disposiciones establecidas en la normativa vigente.
Toro señaló que para analizar la situación debían tomarse en consideración disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en relación con la situación jurídica que enfrenta Núñez.
“Yo había solicitado que se lean los artículos 28 y 29 de la LOSEP, pero también los artículos 534 y 536 del COIP. Sin embargo, ante esta situación, la información que envió la prefecta mediante un documento solicitando la licencia por asuntos personales y judiciales tampoco está justificada.”.Ximena Toro, concejala de Santo Domingo.
La solicitud no consiguió el respaldo necesario.
Tras el análisis realizado durante la sesión, la falta de los votos necesarios impidió que la solicitud avanzara en los términos planteados. El pedido de licencia quedó sujeto a las acciones que correspondan dentro del marco legal y la sesión fue clausurada por el viceprefecto Alfonso Andrade.
La atención se centra ahora en determinar si se presentará una nueva solicitud con documentación y fundamentos adicionales para que el pedido vuelva a ser considerado.
Situación jurídica de la prefecta continúa en análisis.
El tratamiento de la licencia se produce mientras Johana Núñez enfrenta un proceso judicial y se encuentra bajo prisión preventiva. Esta medida cautelar no constituye una sentencia condenatoria, por lo que la prefecta mantiene intacto sus derechos políticos.
Según lo señalado en el reportaje, la decisión judicial también contempla el congelamiento de sus cuentas personales. Ante la imposibilidad de ejercer presencialmente sus funciones, se han activado los mecanismos de subrogación correspondientes para mantener la gestión institucional de la Prefectura.
La situación mantiene abierta la expectativa sobre las decisiones administrativas y legales que se adopten en los próximos días respecto al ejercicio de la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas.
