Alrededor de 25 vehículos permanecen retenidos en los exteriores del Comando de la Policía Nacional, ubicado en la avenida Tsáchila, en Santo Domingo, luego de haber sido aprehendidos durante distintos operativos ejecutados contra el presunto transporte ilegal de combustible y por su posible relación con perforaciones clandestinas en la línea del Poliducto. Las unidades continúan bajo custodia mientras avanzan las investigaciones judiciales para determinar las responsabilidades de sus propietarios o conductores.
Las autoridades señalaron que estos procedimientos forman parte de las acciones permanentes para combatir uno de los delitos que más perjuicios económicos ocasiona al Estado ecuatoriano. Cada caso es analizado de manera individual mediante investigaciones desarrolladas por personal especializado del eje investigativo de la Policía Nacional.
Investigaciones continúan bajo coordinación de la Fiscalía.
El jefe subrogante de la Subzona Santo Domingo de los Tsáchilas de la Policía Nacional, Lenin Peralta, explicó que los vehículos fueron retenidos en diferentes operativos y actualmente forman parte de investigaciones previas encaminadas a establecer posibles responsabilidades penales.
“En la parte de afuera de nuestro cuartel tenemos alrededor de 25 vehículos que han sido detenidos en operativos relacionados con este delito que ha generado y genera al Estado grandes perjuicios. Personal del eje investigativo continúa con las investigaciones, aportando elementos vinculantes que permitan a los administradores de justicia judicializar de mejor manera estos casos y sancionar con todo el peso de la ley a quienes se dedican a este tipo de irregularidades.”, señaló Lenin Peralta, jefe subrogante de la Subzona Santo Domingo de los Tsáchilas.
Según explicó el oficial, los investigadores trabajan en la recopilación de evidencias que permitan fortalecer los procesos penales y establecer si existe responsabilidad directa de los propietarios o conductores de las unidades retenidas.
Combustible permanece como evidencia dentro de los vehículos.
La Policía Nacional informó que algunos de los automotores aún conservan en su interior el combustible que presuntamente habría sido extraído de manera ilícita. Debido a ello, antes de que las unidades sean trasladadas a los patios de la Policía Judicial es necesario cumplir con un procedimiento legal que garantice la correcta cadena de custodia.
Este proceso contempla la entrega del combustible a Petroecuador, entidad encargada de recibir el carburante como parte del protocolo establecido para este tipo de investigaciones.
No existen reportes de robo sobre los vehículos retenidos.
Durante las verificaciones efectuadas por la Policía Nacional también se confirmó que ninguno de los vehículos retenidos registra denuncias por robo o reportes de sustracción. Por esta razón, las investigaciones se concentran exclusivamente en determinar una posible vinculación con delitos relacionados con la sustracción y transporte ilegal de combustible.
Las autoridades indicaron que la información obtenida durante las pericias permitirá establecer si las unidades fueron utilizadas para movilizar combustible extraído de perforaciones clandestinas en el Poliducto u otras actividades ilícitas relacionadas.
Vehículos serán trasladados a los patios de la Policía Judicial.
La Policía Nacional prevé que durante los próximos días las aproximadamente 25 unidades sean trasladadas hasta los patios de la Policía Judicial, donde permanecerán bajo custodia mientras continúan las investigaciones dirigidas por la Fiscalía.
Será la autoridad judicial la que determine la situación legal de cada uno de los vehículos y de las personas que eventualmente puedan estar vinculadas con estos hechos, una vez concluyan las diligencias investigativas y se recopilen todos los elementos de convicción necesarios.
Las autoridades reiteraron que los operativos contra el robo y transporte ilegal de combustibles continuarán ejecutándose de manera permanente en Santo Domingo y otros sectores de la provincia, con el objetivo de combatir este delito que genera importantes pérdidas económicas para el Estado y representa un riesgo para la seguridad de la infraestructura petrolera.
